Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132571
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, en tanto han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto juzgó configurada la cosa juzgada administrativa (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción iniciada por el señor Eduardo Héctor Orue contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago del resarcimiento por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la demandada (v. pronunciamiento de fecha 15-IV-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que las partes celebraron un acuerdo en la instancia administrativa, habiendo emitido el Titular del Servicio de Homologación la respectiva resolución homologatoria, la que adquirió autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicha decisión el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-V-2024), concedidos por el a quo el 9 de mayo de 2024, habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 16-IX-2024).
III. En el primero de los remedios procesales interpuestos, denuncia que el pronunciamiento del tribunal de grado no contiene una adecuada fundamentación legal, toda vez que no indicó el itinerario lógico jurídico que utilizó para arribar al dictado de la sentencia en crisis.
A su vez, destaca que el a quo omitió tratar el planteo de lesión subjetiva por estado de necesidad, que resulta ser -afirma- una cuestión esencial por la naturaleza alimentaria de la prestación.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.2.a. Inicialmente, se impone recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.186, "Balbuena", resol. de 29-X-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 119.509, "Cornou", resol. de 4-V-2016 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023; e.o.).
III.2.b. En tal sentido, la improcedencia del remedio procesal en examen se exhibe nítida ni bien se repara que las cuestiones que se dicen preteridas han merecido expreso abordaje por el sentenciante de grado, aunque en forma negativa a las pretensiones del interesado.
Dable es destacar, que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020; L. 128.184, "López", resol. de 1-IX-2022 y L.131.540, "Di Nápoli", resol. de 29-VII-2024).
III.3. Por último, los argumentos ensayados en la impugnación vinculados a la falta de fundamentación de la decisión tampoco son de recibo, desde que no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, pues dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV. En el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada alega arbitrariedad en la decisión del a quo que atribuyó carácter de cosa juzgada judicial al trámite administrativo previo ante la Comisión Médica interviniente, absurdo en la valoración de las circunstancias objetivas de la causa, falta de fundamentación, apartamiento de la normativa vigente y vulneración de la doctrina legal.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. Los agravios planteados por la parte actora hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 127.771, "Barcos" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que conducen a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del régimen de riesgos del trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT -en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, de conformidad con dictaminado por el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, en tanto han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto juzgó configurada la cosa juzgada administrativa (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:23:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:45:58 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:32:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:44:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:38:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:12:08 hs. bajo el número RR-1340-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia