Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción iniciada por el señor Miguel Ángel Sánchez contra Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, rechazó el planteo de caducidad y la excepción de cosa juzgada administrativa opuestos por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 14-IX-2022).
Para así decidir, sostuvo que de la prueba agregada a la causa -en especial, del expediente SRT n° 174.744/18- no surgía acreditado que el actor hubiera sido notificado del acto administrativo de clausura emitido por el Titular del Servicio de Homologación, tal como lo dispone el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, requisito necesario para comenzar a computar el plazo de 90 días hábiles judiciales que allí se establece para decretar la caducidad de la instancia. En tales condiciones, juzgó que la resolución administrativa no se hallaba consentida, ni había adquirido firmeza, no encontrándose por ende configurada la cosa juzgada administrativa.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-IX-2022), el que denegado por el órgano de grado (v. proveído electrónico de fecha 11-X-2022), fue concedido por este Tribunal al resolver la queja interpuesta mediante presentación electrónica de fecha 21 de octubre de 2022 (v. resolución de 4-XII-2023).
Alega que el trabajador fue debidamente notificado de la resolución emitida por el Titular del Servicio de Homologación que aprobó el procedimiento llevado a cabo en las actuaciones administrativas, y al no haber interpuesto ninguno de los recursos que se encontraban a su alcance, el dictamen emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional se encuentra firme y consentido, adquiriendo el carácter de cosa juzgada.
Manifiesta que la parte actora debió probar la fecha de notificación de dicho acto, o bien plantear que ello aconteció en una distinta, habiendo el tribunal de grado trasgredido el principio de congruencia al ejercer una defensa no promovida por el trabajador y tratar cuestiones ajenas a la traba de la litis.
Añade, que de conformidad a lo preceptuado por la normativa vigente, el actor puede interponer una acción de revisión que contenga la expresión de los agravios que le causa aquel acto administrativo, pero de ninguna manera contempla una demanda ordinaria como la que aquí se intenta, desprovista de una crítica frontal o eficaz a dicha decisión.
Sostiene además, que la demanda fue interpuesta vencido el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, e inclusive, el de prescripción contemplado por el art. 44 inc. 1 de la ley 24.557.
Finalmente, esgrime consideraciones tendientes a defender la plena aplicabilidad al caso de las leyes 27.348, 14.997 y 15.057 y de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo números 298/17 y 899/17.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, cabe destacar que el valor del litigio -como lo resolvió esta Corte al declarar procedente la queja deducida por la impugnante; v. resol. de fecha 4 de diciembre de 2023- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.2.a. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, detraídas de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019; L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Maraglio", resol. de 8-IV-2024; e.o.).
III.2.b. Cabe asimismo indicar, que tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal citada por la interesada referida al vicio de absurdo (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; e. o.). Tampoco cuando se invoca la eventual infracción del principio de congruencia (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 131.346, "Maldonado", resol. de 3-VI-2024; e. o.).
III.2.c. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.2.b -última parte-, que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2024 13:14:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2024 11:58:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2024 18:24:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:43:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:33:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:10:49 hs. bajo el número RR-1303-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia