Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Luciana Daniela Vilche, por sí y en representación de su hijo menor de edad S.A.S. y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo con motivo del fallecimiento del señor Gerardo Ariel Soloa -cónyuge y padre, respectivamente, de los accionantes- producido como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 10 de noviembre de 2020. También juzgó que la demandada obró con temeridad y malicia, por lo que aplicó la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. veredicto y sentencia de fecha 30-V-2023).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 21-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 13-IX-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 30-VIII-2024).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa cita las normas y la doctrina que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, se agravia de la imposición de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la ley 20.744. Alega, en ese orden, que en el caso no se configuraron los presupuestos de aplicación de la norma. Denuncia absurdo.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite inequívocamente al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017 y L. 131.077, "Gutierrez", resol. 9-VIII-2024).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020 y L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023).
III.2. En el caso, el órgano judicial de grado expresó que, sin perjuicio del derrotero que se desencadenó a consecuencia de la acreditación del carácter de causahabiente de la señora Vilche, cierto es que la Aseguradora adoptó una actitud ausente de diligencia y contraria al principio de buena fe. Ello así, -aseguró- en tanto no negó el fallecimiento del señor Soloa como consecuencia del infortunio denunciado, ni la existencia de su hijo como causahabiente, sin embargo, hizo caso omiso al cumplimiento de sus obligaciones legales, pese a la aparente actitud expectante en satisfacerlas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En ese marco, para el a quo la accionada actuó, teniendo conciencia de su propia sinrazón, en desmedro de los justiciables, oponiendo defensas incompatibles e inconsistentes en su responde, conducta que resultó temeraria y maliciosa en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, razón por la cual la condenó a pagar dos veces y media la tasa de interés que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, desde la fecha del deceso del señor Soloa hasta su depósito en autos.
III.2.a. Esta esencial conclusión del fallo no ha sido atacada de manera frontal y directa por la impugnante, pues si bien denuncia absurdo, su presentación transita únicamente sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, sistema que resulta insuficiente para conmover la decisión impugnada(causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020 y L. 131.077, cit.).
En efecto, la interesada, siguiendo el hilo de sus propias reflexiones, se desentiende del examen que realizó el órgano judicial de grado respecto de la actuación que cumplió la aseguradora demandada y que lo condujo a aplicarle esa penalidad en las concretas circunstancias del caso.
De ese modo, el recurso no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019 y L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023).
Cabe recordar, por lo demás, que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017, L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020 y L. 122.160, "Reggiani", sent. de 14-III-2024), extremos que -como se explicó- la recurrente no logró demostrar.
III.2.b. Por lo demás, las imprecisas manifestaciones que aluden a su eventual desproporcionalidad no constituyen una crítica hábil para acreditar que el sentenciante se hubiera apartado de lo regulado en el ya citado art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:19:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:08:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:10:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:22:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:48:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:05:05 hs. bajo el número RR-1380-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia