Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda interpuesta por Héctor Daniel Alba y, en consecuencia, condenó a Coppel S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral derivada del accidente de trabajo padecido el día 26 de diciembre de 2016 (v. pronunciamiento de fecha 23-X-2023 y aclaratoria de 22-XII-2023).
Para así decidir, con sustento en las constancias obrantes en autos, tuvo por probado el accidente denunciado y fijó la incapacidad del accionante en el 19,94% del índice de la total obrera en relación de causalidad directa y adecuada con el infortunio laboral.
Asimismo, tuvo por reunidos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil de la empleadora, calculando la indemnización con sustento en los parámetros establecidos en el art. 1.746 del Código Civil y Comercial.
II. Frente a tal pronunciamiento, la accionada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-XI-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución del 1-XII-2023).
En su escrito individualiza las normas y doctrina legal que considera conculcada.
En primer lugar, se agravia del rechazo de la citación como tercero de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la que entiende resultaba necesaria y obligatoria en el presente. En ese sentido, sostiene que su no participación vulnera su derecho de defensa y va en contra de lo solicitado por el actor en el escrito de inicio.
Por otro lado, bajo la denuncia de absurdo, impugna la cuantificación de la reparación efectuada en la sentencia. Puntualmente, objeta que hubiera establecido la edad de 75 años como límite de la edad productiva, en tanto entiende que ello va contra la ley previsional. Alega que el sentenciante de grado se arrogó facultades legislativas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente es dable destacar, que no puede ser atendido el primero de los agravios traídos, dirigido a objetar el rechazo de citación en calidad de tercero de la aseguradora Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., desde que su consideración remite a una cuestión preclusa -oportunamente resuelta, por decisión dotada de autoridad de cosa juzgada- en razón que el a quo abordó el planteo en una etapa anterior al fallo definitivo (v. fs. 166/167 vta.; causas L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020; L. 121.549, "Bilbao", sent. de 14-XII-2020; L. 121-958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023 y L. 127.870, "Costen", resol. de 14-III-2024; e. o.).
III.2. Por otro lado, tampoco merece favorable recepción el cuestionamiento en torno a la fórmula utilizada para la determinación del monto indemnizatorio.
III.2.a. Al respecto, corresponde dejar sentado que es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum resarcitorio, en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.850, "Arguello", sent. de 10-VI-2015; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019; L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020 y L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del mencionado vicio debe apreciarse estrictamente (causas L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; L. 119.684, "Fassio", sent. de 30-V-2018; L. 126.348, "Barboza", resol. de 29-XII-2021 y L. 128.919, "Bustamante", resol. de 23-VIII-2023).
III.2.b. En el caso, la simple lectura del cuestionamiento evidencia su palmaria insuficiencia, pues la recurrente -a través de una lacónica afirmación- se limita a reprochar que el juzgador haya computado la edad de 75 años como límite de la "vida útil" que debe ser considerada para cuantificar el resarcimiento.
En consecuencia, lejos de evidenciar que los magistrados de origen hubieran incurrido en el mentado vicio de absurdo, el planteo sólo exhibe su disconformidad con la decisión de grado, oponiendo a la pauta que cuestiona aquella otra que considera más conveniente a sus intereses.
En ese orden, ha dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que expone su disconformidad con las pautas utilizadas por el tribunal de origen para fijar el monto indemnizatorio y sólo traduce la pretensión de disputarle a los jueces de grado las facultades que poseen en la materia (causas L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.390, "Rivero", resol. de 29-V-2023).
III.2.c. Por otro lado, la denuncia de violación del principio de congruencia tampoco resulta de recibo.
Ello así, en tanto reiteradamente se ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 122.610, "Castronovo" sent. de 21-IV-2021; L. 120.086, "M., A. V." sent. de 7-III-2022 y L. 130.950, "Yaques", resol. de 3-VI-2024).
III.3. Finalmente, cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 130.156, "Castaño", resol. de 21-VI-2023), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:19:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:08:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:10:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:23:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:48:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:05:08 hs. bajo el número RR-1383-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia