Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129065
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda promovida por la señora Elida Mabel Ledesma y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -en su carácter de continuadora de QBE Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria de pago único por incapacidad laboral parcial y permanente, con fundamento en los arts. 14 inc. 2. apdo "a" de la ley 24.557, 11 inc. 4 apdo. "a" y 3 de la ley 26.773, con más los intereses devengados a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación, desde la fecha de producción del siniestro y hasta su efectivo pago (v. vered. y sent. de 28-X-2021).
II. Contra dicha decisión, la aseguradora condenada interpuso recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 14-XII-2022), el último fue concedido por el a quo (v. resol. de 23-II-2023) y los restantes desestimados (v. resol. 13-VII-2023).
En la única vía extraordinaria que debe ser abordada por esta Corte, la interesada asegura que el juzgador yerra cuando aplicó al caso en juzgamiento la ley 27.348, en lugar de lo que prescribe el art. 12 de la ley 24.557.
Luego, se agravia de la fecha de inicio de cómputo de los intereses. A su entender, debieron ser calculados desde la fecha del alta médica y no desde la ocurrencia del siniestro.
Finalmente, impugna que, en el caso, no se hayan aplicado las pautas contenidas en el baremo ley 659/1996 modificado por el decreto 49/2014.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del remedio en tratamiento-.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. De esta manera, respecto al primero de los agravios traídos, en lo relativo a la normativa que entiende aplicable, cabe indicar que, sin perjuicio de que la formulación del agravio surge de una premisa errónea, en tanto en el caso se aplicó el art. 14 inc. 2 apdo. "a" de la ley 24.557 -y no el art. 14 inc. b de la ley 27.348 como postula la recurrente-, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, toda vez que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento o fueron elaborados a partir de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020 y L. 131.504, "Zalazar", resol. de 27-VI-2024).
III.3. Respecto a las restantes cuestiones traídas a conocimiento, destinadas a atacar el inicio de cómputo de los intereses y la falta de aplicación al caso del baremo ley 659/1996, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral local se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte de Justicia, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 127.799, "Avellaneda", resol. de 29-VI-2022 y L. 129.472, "Mingo", resol. de 4-X-2023).
III.4. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022; L. 130.396, "Espíndola", resol. de 4-XII-2023 y L. 131.471, "Echevarria", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:19:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:08:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:09:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:22:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:48:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:04:41 hs. bajo el número RR-1371-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia