Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129296
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.296, "Florentín, Edgardo Roberto contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. pronunciamiento de fecha 30-V-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14-VI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente parcialmente la demanda promovida por el señor Edgardo Roberto Florentín y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la minusvalía que contrajo a raíz del infortunio laboral sufrido el día 6 de agosto de 2019 (v. pronunciamiento de 30-V-2022).
En lo relevante, calculó el resarcimiento conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
En ese marco, a partir de lo informado por la accionada en la presentación electrónica del día 16 de noviembre de 2020, cuantificó el ingreso base mensual (IBM) del trabajador en la suma de $83.848,15 (teniendo en cuenta el IBM devengado al momento de la consolidación del daño), aplicando primero el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- (conf. inc. 1, art. 12, ley cit.) y luego, desde la fecha del accidente y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad labora definitiva (16-V-2022), un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12, inc. 2, ley cit.), elevando su valor a la suma de $184.602,94.
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria del citado art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $2.140.240,33. A ese resultado, le adicionó la indemnización de pago único del art. 3 de la ley 26.773 -$428.048,06-; arribando a un capital total de condena de $2.568.288,39.
Luego, el tribunal señaló que en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar a dicho capital los intereses moratorios devengados entre la fecha del accidente laboral y la del efectivo pago. Fue allí que consideró aplicable el art. 12, inc. 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por la ley 27.348-, el cual interpretó "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios, en los términos del art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial..." (v. pronunciamiento, pág. 13), desplazando así, tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 -texto según ley 14.399- por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso -continuó expresando- lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios.
A continuación, estableció a partir de cuándo correspondía aplicar al capital de condena la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en la norma indicada. En ese trance, consideró que el mentado art. 12, inc. 3 de la misma ley debía ser interpretado en forma sistemática con los incs. 1 y 2 que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación. A partir de ello, precisó que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito.
En tal entendimiento, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, desde la fecha del infortunio y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa "pura" del 6% anual. Seguidamente, decidió que la suma obtenida en dicho cálculo se capitalice conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, debiendo devengar -desde el momento del fallo y hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la Fiscalía de Estado con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4 de la ley 25.561- y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 14-VI-2022).
Afirma que la decisión alcanzada adolece de un patente vicio que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
II.1. En primer término, cuestiona, en esencia, la validez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348).
Controvierte las conclusiones arribadas por el sentenciante, por las que juzgó que el mecanismo utilizado por el legislador para efectuar el cálculo del ingreso base (previsto en los dos primeros incisos de aquella norma), pretende justipreciar al mismo como una deuda de valor y no una deuda de dinero, así como también aquella argumentación referida a que por ser una ley especial y posterior, la mencionada ley podría habilitar la actualización de créditos laborales y desplazar la ley general -23.928- (v. rec., págs. 9 y 10).
Explica que su parte no cuestiona la potestad del legislador nacional de regular las pautas de la indemnización prevista en la ley 24.557 (texto según ley 27.348), sino la razonabilidad empleada en el caso para lograr el fin propuesto.
Expresa que las razones argüidas por el juzgador no resultan suficientes para considerar que la norma es constitucional, puesto que -según aduce-, simultáneamente debe reunir las cualidades para superar el mentado test de razonabilidad.
Sostiene que no resulta coherente que mientras la indemnización por responsabilidad civil debe justipreciarse bajo los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificada por la ley 25.561-; el mentado art. 12 de la ley de infortunios laborales se aparte de las limitaciones de dichos preceptos incorporando un mecanismo de actualización que arroja una indemnización completamente desproporcionada.
Agrega que el reproche constitucional que merece la normativa impugnada no puede mitigarse con el argumento de que el legislador intentó desalentar la judicialización de los conflictos por accidentes laborales. Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de diversas garantías constitucionales.
Pone de resalto que no existe una mínima proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido. Afirma que esta carencia entre el sistema general de reparación y el especial diseñado por la ley 27.348, se revela con facilidad a partir de los montos que arroja la determinación del ingreso base mensual determinado en el veredicto y el que fijó el tribunal en su sentencia por aplicación de la cuestionada normativa, el que además -apunta- no se compadece con la minusvalía que aqueja al trabajador.
En ese contexto, expresa que la suma indemnizatoria arribada en el fallo, jamás podría ser alcanzada en la hipótesis de haber la víctima sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral, lo que demuestra que los principios protectorios del derecho del trabajo han traspasado los límites de la razón.
Aduce que la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual, tampoco podría reflejar la variación real de un salario durante el período de su aplicación; ello así, en tanto el precio que cobra un banco por prestar dinero (tasa activa) responde a razones ontológicamente distintas a la remuneración. A su vez, alega que la ley especial no impone al empleador el pago de una "deuda salarial" cuando el trabajador sufre alguna de las contingencias, sino que le asigna un factor preponderante al ingreso base mensual para establecer la reparación (v. rec., pág. 14).
Asimismo, sostiene que la aplicación del art. 12, inc. 3 supone una yuxtaposición de intereses sobre períodos ya actualizados.
II.2. Objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el " dies a quo" y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, determinando que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora.
Efectuando un análisis de los distintos tramos temporales que -según expone- contempla el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en sus incisos, sostiene que cuando su inc. 3 utilizó la expresión "a partir de la mora en el pago de la indemnización" para consignar un supuesto de anatocismo en los términos del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, solo pudo referirse a la mora en el pago "de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva", que contempla el inc. 2 (v. rec., pág. 19). Con este razonamiento, manifiesta que en el fallo se llevó a cabo una desacertada interpretación de la norma, en tanto esta obedece a la necesidad de establecer una disposición especial en el supuesto de incumplimiento en el pago de la liquidación de la indemnización en sede administrativa y no judicial, algo que no aconteció, pues -reitera- la demandada no incurrió -tal como exige la normativa aplicable- en ningún tipo de mora.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera -como lo reconoce el propio recurrente en el punto III.2. de la pieza recursiva y se desprende del auto de concesión de fecha 1 de julio de 2022-, el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 aplicable al caso.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debería quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante al planteo de inconstitucionalidad del referido art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348), no resulta aplicable el requisito del valor económico de lo cuestionado al encontrarse en debate una cuestión federal; toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada" y 311:2478, in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, únicamente dicho embate habrá de ser abordado despojado de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, habré de analizar el reproche dirigido a plantear la invalidez constitucional de la citada normativa que, adelanto, no ha de prosperar.
III.2.a. En primer lugar, no puede soslayarse que la pretensión dirigida a obtener la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348) es extemporánea.
En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -texto según el art. 11 de la ley 27.348, que fue publicada en el Boletín Oficial el día 24 de febrero de 2017- recién fue incorporado en el litigio con el recurso en examen, esto es, el 14 de junio de 2022.
Luego, a poco de considerar que la norma ahora impugnada ya se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (fechada el 16-IX-2020), el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso en esta sede extraordinaria bien pudo ser llevado ante el tribunal de grado en esa ocasión.
En tal sentido, he de recordar que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
III.2.b. Aun cuando lo expuesto resulta suficiente para desestimar el planteo, no puede soslayarse que el mismo carece de un adecuado desarrollo que dé sustento suficiente a la pretendida existencia de un agravio constitucional.
Esta Suprema Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca, de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.743, "Guerrero", sent. de 6-VII-2020), imperativo que aquí no se verifica satisfecho.
En efecto, el recurrente limita su embate a enunciar su disconformidad con lo establecido en la normativa que cuestiona, alegando -entre algunos argumentos- que vulnera el principio de razonabilidad. No obstante, omite denunciar los preceptos constitucionales vulnerados, y tampoco aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
III.3. Finalmente, el embate orientado a objetar la tasa de interés moratorio aplicada por el tribunal de grado solo puede justificarse -como lo anticipé- en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55, primer párrafo -última parte- de la ley 11.653 -de aplicación al caso-.
En este contexto, y no sin destacar la confusión que exhibe la formulación del agravio, se observa que la doctrina traída por el recurrente en apoyo de su postura ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 127.120, "Mulazzi", resol. de 30-VIII-2021 y L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023). Es que, los precedentes que se denuncian vulnerados por el quejoso (v. rec. pág. 16 y 20) difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 12, ley 24.557, texto según ley 27.348), lo que determina el fracaso de esta parte de la impugnación por la inaplicabilidad -en la especie- de la doctrina que aquí se denuncia infringida.
Y vinculado con lo dicho, en rigor, tampoco se constata un embate que dé por tierra con las consideraciones que brindó el tribunal de trabajo acerca de los presupuestos sobre los que se forjó la doctrina elaborada en el caso C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), entre otros precedentes que desde sus distintas aristas se vinculan con la aplicación de las tasas de intereses a los créditos fijados en sede judicial.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica emparentada con la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), comparto lo dicho por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su sufragio.
I.2. Luego, concuerdo con la solución a la que arriba la ponente en el punto III.2.a. de su sufragio.
He sostenido que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto (conf. mis votos en las causas L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003; L. 76.687, "Páez Nolasco" y L. 76.279, "Castillo", sents. de 1-X-2003; L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003), con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004 y L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
Esa exigencia traduce un principio de orden que promueve que las cuestiones acerca de la eventual invalidez constitucional de una norma -ultima ratio del orden jurídico, conforme conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 285:322; 300:241 y 1.087; 301:962 y 1.062; 302:457, 484 y 1.1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.