Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129976
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.976, "Balutt, Ariel Alejandro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 26-IX-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Ariel Alejandro Balutt y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "b" de la ley 24.557 y a las sumas adicionales que estableció con fundamento en los arts. 11, inc. 4, apartado "a" del mismo cuerpo legal y 3 de la ley 26.773, ello, como consecuencia de la incapacidad que porta el actor derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 31 de enero de 2018.
En lo que interesa, en el veredicto, ponderando la pericia médica, juzgó acreditado que como consecuencia del infortunio el actor sufre una limitación funcional en su columna cervical y en ambos hombros que le provoca una incapacidad definitiva parcial del 46% de la total obrera. Indicó que, pese a que el experto aplicó el método de la capacidad restante al calcular la minusvalía, siendo que en el caso no se trata de siniestros sucesivos o el supuesto de un gran siniestrado, correspondía sumar aritméticamente los porcentajes parciales para cada secuela y sobre ese guarismo aplicar los factores de ponderación fijados; así, estimó el porcentaje global de incapacidad en el 59,50% de la total obrera. Asimismo, precisó que no obstante la impugnación formulada por la parte demandada, no habría de apartarse de las conclusiones brindadas por el perito, pues consideró que el informe exhibía adecuado fundamento, con lo cual, correspondía desestimar las objeciones señaladas y el pedido orientado a la remisión del expediente a la asesoría pericial (v. vered., segunda cuestión tratada).
Ya en la sentencia, luego de ratificar su competencia para entender en la causa con sustento en lo normado por el art. 6 de la ley 11.653, rechazó la defensa de falta de acción opuesta por la demandada fundada en la obligación del actor de transitar por el procedimiento previo administrativo, en tanto consideró que el cuestionamiento había precluido y, además, resultaba contradictorio con la aceptación de la competencia del tribunal (v. sent., pág. 8).
Por otro lado, después de descalificar la constitucionalidad del decreto 669/2019, al calcular la prestación dineraria mencionada declaró aplicable el art. 12 de la ley 24.557 según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348. Para hacerlo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada, señalando que aquella norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos, en tramos sucesivos: desde el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (conforme el art. 12, inc. 1); y desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización por conducto de la tasa activa del Banco Nación (según el art. 12, inc. 2). Explicó que estos son compatibles con el carácter de deudas de valor puesto que en la ocasión en que resulta determinada la liquidación de la indemnización, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago (v. sent., pág. 13). Expuso, además, que la ley 27.348, por ser posterior, especial y más favorable al sujeto protegido constitucionalmente, desplaza a la ley 23.928 de igual jerarquía (v. sent., págs. 15 y 16). La norma objetada, sostuvo, resulta "...plenamente coherente con los principios generales del Derecho del Trabajo receptados en la normativa constitucional" (v. sent., pág. 21).
Bajo ese proceder, calculó el ingreso base mensual pertinente con arreglo a las pautas del mentado art. 11 de la ley 27.348 y seguidamente la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "b" de la ley 24.557. A su vez, con fundamento en los arts. 11, inc. 4, apartado "a" del mismo cuerpo legal y 3 de la ley 26.773, ordenó pagarle al accionante los montos que indicó en concepto de compensación dineraria adicional de pago único e indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas previstas (v. sent., págs. 27 y 28).
A su vez, señaló el tribunal que en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Fue allí que consideró aplicable el art. 12, inc. 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por la ley 27.348-, el que interpretó, opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios en los términos del art. 768, inc. "b" del Código Civil y Comercial, desplazando tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 -texto según ley 14.399- por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso -continuó expresando- lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios (v. sent., págs. 29 y 30).
A continuación, estableció que la prestación contemplada en el art. 11, inc. 4, apartado "a" de la ley 24.557 fijada a valores históricos, es decir, a la fecha de la primera manifestación invalidante acontecida el día 31 de enero 2018, devengaría intereses desde esa misma fecha y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (indicó, conforme el art. 12, inc. 3, ley 24.557; v. sent., pág. 30).
En cambio, en lo que se vincula con las prestaciones de los arts. 14, inc. 2, apartado "b" de la ley de infortunios laborales y 3 de la ley 26.773 cuantificadas a valores actuales, consideró que el mentado art. 12, inc. 3 de la misma ley debía ser interpretado en forma sistemática con los incs. 1 y 2 que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación (v. sent., pág. 31). A partir de ello, precisó que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito (v. sent., pág. 33). En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte, concluyó que, desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa "pura" del 6% anual. Seguidamente, decidió que la suma obtenida debía ser capitalizada conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, devengando -desde el momento del fallo y hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., págs. 34 y 35).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios n° 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 3, 6 apartados 1, 2 y 3, 11 apartado 4, 12 -texto según ley 27.348-, 14 apartado 2 incs. "a" y "b", 20 y 30 de la ley 24.557; 1 y 2 de las leyes 27.348 y 14.997; 34 inc. 4, 163 incs. 4 y 6, y 164 del Código Procesal Civil y Comercial; 6, 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2022).
II.1. Objeta que el sentenciante haya desestimado la defensa de falta de acción opuesta al contestar la demanda.
Alega que el planteo impetrado por la accionada fue temporáneo.
Además, refiere que la defensa no se encuentra vinculada a la competencia del tribunal sino a la ausencia de un requisito esencial para la procedencia de la acción.
Dice que la decisión, además de absurda y arbitraria, es incongruente, toda vez que los fundamentos vertidos carecen de asidero en relación con el concreto planteo efectuado, consistente en el incumplimiento del reclamante del requisito de transitar la instancia administrativa prevista en los arts. 1 y 2 de la ley 27.348.
Agrega que, la validez de dicho recaudo ha sido confirmado por esta Suprema Corte en consolidada doctrina legal que cita.
II.2. En otro orden, aduce que el juzgador incurrió en absurdo al valorar la pericia médica.
Para ello, objeta el dictamen pericial por carecer de fundamentos médicos científicos imprescindibles, al no establecer adecuadamente si las patologías detectadas en el actor presentan o no nexo causal con el evento traumático sufrido. Además, sostiene que agrega secuelas en la columna cervical que no fueron denunciadas ante la aseguradora de riesgos.
Critica también que, al convalidar los factores de ponderación establecidos en el dictamen -por recalificación y dificultad intermedia para realizar tareas-, el sentenciante soslayó considerar que el actor se hallaba jubilado desde el mes de febrero del año 2019. En esta línea, solicita que sean revocados, pues de confirmarse su adición, constituiría un enriquecimiento sin causa para el accionante.
Concluye que las falencias que presenta el razonamiento son fruto de no haber valorado la real valía probatoria del dictamen pericial a la luz de los planteos y defensas de la accionada.
II.3. Cuestiona que el tribunal haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 (texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño.
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.4. Cuestiona, a su vez, la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí previstas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Por último, controvierte el argumento dado por el órgano inferior respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto -afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. El agravio dirigido a cuestionar el rechazo de la defensa de falta de acción luce insuficiente.
Como se describió en párrafos anteriores, a juicio del tribunal de la instancia, al momento del dictado de la sentencia de fondo aquel cuestionamiento se encontraba alcanzado por los efectos de la preclusión; y, además, resultaba contradictorio con la aceptación de la competencia de este Tribunal.
Aunque el discurso inicial del recurrente pretende vincularse con el primer tramo del razonamiento trazado por el tribunal, lejos de atacar de modo directo lo argumentado en la sentencia en crisis, alejándose de ello, parte de afirmar que su planteo fue temporáneo, dado que se opuso al contestar la demanda siendo ella la primera oportunidad procesal para hacerlo.
Por otro lado, su subjetiva apreciación relativa al alcance que debió otorgarse al referido planteo, tampoco se exhibe idónea para derribar la aseveración del a quo . La mera exhibición de un criterio discrepante o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal, no resultan idóneas para demostrar la configuración del grave vicio de absurdo (causas L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021 y L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023).
Con estas consideraciones ocupa concluir que el impugnante no ha logrado evidenciar la configuración del absurdo que denuncia ni la violación del principio de congruencia.
III.1.b. De suyo, que la desestimación de las objeciones inaugurales no obsta a reconocer que, como lo indica el quejoso, esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), entre otras, ha declarado la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348. Pero en el caso, el a quo no ingresó en el análisis de la constitucionalidad de las mencionadas normas que rigen al procedimiento administrativo previo, por lo que los argumentos blandidos al respecto devienen ineficaces.
III.2. La crítica que formula el recurrente en torno a la valoración que efectuó el órgano de origen del dictamen pericial médico también debe desestimarse.
III.2.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la acreditación del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.); tal razonamiento ha sido empleado asimismo en relación con la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo (causas L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023).
III.2.b. El agravio no es idóneo para acreditar la configuración del extremo y excepcional vicio del absurdo.
El interesado solo se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas, la objeción trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba según el personal criterio valorativo del impugnante, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.3. El cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348-, y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022). Es aplicable aquí la herramienta contemplada en el primer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 en su actual redacción.
III.4. Finalmente, corresponde rechazar el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia en el marco de la prestación prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "b" de la ley 24.557 y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos de similares contornos (causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024). El mismo mecanismo empleado en el punto anterior justifica esta solución (art. 31 bis, primer párr., ley 5.827 y modif.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2024 12:26:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2024 12:20:41 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2024 14:47:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:21:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:44:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:04:14 hs. bajo el número RS-93-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia