Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132802
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, en el marco del juicio iniciado por el señor Mario de la Cruz Brítes contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que invocó padecer, hizo lugar a la excepción de falta de acción opuesta por la parte demandada y declaró su incompetencia para entender en autos (v. pronunciamiento de fecha 5-IX-2023).
Para así decidir, juzgó que de las constancias obrantes en la causa surgía acreditado que el accionante no había dado cumplimiento con la instancia administrativa previa y obligatoria establecida por el art. 1 de la ley 27.348 a los fines de la determinación del carácter profesional de la enfermedad denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-IX-2023), el que fue concedido por el a quo (v. proveído electrónico de fecha 15-II-2024).
En lo sustancial, sostiene que la decisión de grado es errónea, toda vez que el actor agotó la vía administrativa respecto del accidente de trabajo que sufriera el día 1 de julio de 2019, siendo dicho infortunio producto de la enfermedad profesional progresiva columnaria que venía gestando como consecuencia de las tareas de carga y descarga de mercadería cumplidas para su empleadora.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios remiten a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, marginados de revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 127.556, "Velázquez", resol. de 20-XII-2021; L. 122.773, "Urrutia", resol. de 15-VII-2022 y L. 129.688, "Carrizo", resol. de 15-II-2023; e.o.) y la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su crítica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:34:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:22:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:53:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:24:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:51:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:08:06 hs. bajo el número RR-1442-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia