Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129630
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto con relación al agravio del punto II.2. por inadmisible y respecto de los demás planteos, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción promovida por la señora María Ximena Pepe contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que denunció padecer, rechazó el planteo de caducidad y la excepción de incompetencia parcial opuestos por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 15-VII-2022).
Para así decidir, sostuvo -en lo que interesa- que no resultaba aplicable al caso el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales contemplado en la norma del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en tanto este rige exclusivamente para las acciones de revisión que se interpongan contra las resoluciones emitidas por el Titular del Servicio de Homologación que concluyen el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional, no encontrándose previsto para casos en los que -como en la especie- se impugna un dictamen emanado de la Comisión Médica Central.
Luego, desestimó la excepción de incompetencia parcial deducida por la accionada en relación al reclamo por el daño psicológico derivado del infortunio, señalando que no existe límite alguno para atender en instancia de revisión cualquier secuela lesiva que se vincule causalmente con contingencias denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y/o la Comisión Médica Jurisdiccional.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 18-VIII-2022), concedido por el órgano de grado el 26 de agosto de 2022.
II.1. En su presentación, el recurrente sostiene que el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó el planteo de caducidad es absurdo, por cuanto consagra, a través de una antojadiza y sesgada interpretación normativa, una clara transgresión de las normas que regulan el procedimiento administrativo previo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central y la forma de revisar judicialmente sus dictámenes.
Esgrime consideraciones sobre la facultad de los jueces de declarar de oficio la invalidez constitucional de las normas, a la vez que denuncia vulnerada la doctrina legal emanada de la causa L. 121.939 "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), donde la Suprema Corte convalidó la constitucionalidad y operatividad del plazo de caducidad previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
II.2. En cuanto al rechazo de la excepción de incompetencia el impugnante refiere que de haber estimado la actora que la afección psicológica debía incluirse dentro de las dolencias que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo tenía que evaluar, resultaba a su cargo invocarla y no lo hizo.
Agrega que de entender que el dictamen médico emitido por la Comisión Medica Jurisdiccional revestía el error de haber omitido expedirse sobre el aspecto psíquico, la trabajadora contaba con la facultad otorgada por el art. 10 de la resolución SRT 298/2017, esto es, de peticionar por escrito dentro de los tres días de notificado aquél, la rectificación del error material y/o formal, sin que tampoco hiciera uso de tal prerrogativa.
Argumenta que el Tribunal de grado se arrogó una anticipada aptitud jurisdiccional en lo que respecta al reclamo por la afección psicológica, ya que dicha dolencia no fue denunciada por la trabajadora en sede administrativa y, en tales condiciones, no puede entenderse cumplida a su respecto el procedimiento previo y obligatorio ante las comisiones médicas.
Invoca en apoyo de su postura la violación de la doctrina legal emanada de la citada causa "Marchetti" y de los precedentes L. 124.309 "Delgadillo" y L. 123.792 "Szakacs" (sents. de 28-V-2020) y L. 127.477, "Fernández" (resol. de 1-XI-2021).
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden de los agravios traídos, cabe indicar que el planteo descripto en el punto II.2. resulta inadmisible.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.370, "Ferreyra", resol. de 10-V-2023 y L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.1.b. En la especie, el impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia parcial -opuesta al contestar la demanda- para entender respecto del reclamo de daño psicológico derivado del accidente laboral invocado, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera", resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A. (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación; lo que, como habré de señalar, no sucedió en el presente caso.
III.2. En lo que respecta al restante cuestionamiento, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por la recurrente en apoyo de su crítica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
III.2.b. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
III.2.c. En estas condiciones, no corresponder ingresar en el análisis de los demás planteos traídos por el recurrente en su réplica extraordinaria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto con relación al agravio del punto II.2. por inadmisible y respecto de los demás planteos, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:34:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:22:10 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:53:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:24:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:51:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:08:01 hs. bajo el número RR-1438-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia