Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129668
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348) formulado por la parte demandada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.668, "Britos, María Georgina contra Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 12-VII-2022).
Se interpusieron, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 6-III-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por María Georgina Britos y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, ello, a consecuencia de la incapacidad que porta derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 6 de abril de 2018.
Para así decidir, en el veredicto con sustento en la pericia médica y la interconsulta psicológica efectuada, el a quo tuvo por acreditado que, en razón del infortunio referido, la actora padece una incapacidad total y permanente del 21% de la total obrera, ello sumando la minusvalía física (10%), psíquica (10%) y el factor de ponderación edad.
En la sentencia -en el marco del voto que representó la opinión mayoritaria-, calculó dicha prestación conforme a lo normado en el art. 12 de la ley 24.557, según el texto del art. 11 de la ley 27.348 y determinó el valor del ingreso base mensual de la accionante de acuerdo a las pautas que establece el inc. 1, esto es, utilizando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del pronunciamiento, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 inc. 2, ley y pág. cit. de la sent.). Y, sobre esa base, determinó el importe de la prestación dineraria referida siguiendo la fórmula del mentado art. 14 inc. 2 apartado "a".
Luego, analizó los alcances de lo previsto en el art. 11 de la ley 27.348.
En relación con el primer inciso del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, señaló que la incorporación implicó una migración del salario previsional al laboral, admitiéndose genuinamente la naturaleza salarial de la totalidad de los ingresos que percibe un trabajador como contraprestación de sus tareas; también abandonar la referencia salarial diaria mensualizada para considerar el promedio total de los salarios devengados; y la actualización mes a mes de cada una de las sumas determinadas, aplicando el índice RIPTE.
Indicó que, mediante el inciso segundo de aquella norma, se dispuso que la suma así determinada en concepto de ingreso base devengue desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; señaló que ello constituye un supuesto de interés legal. Meritó que, efectuando una correcta interpretación de lo expuesto, la aplicación de tales acrecidos no supone una compensación por mora ni cumple una función punitoria, sino que -antes bien- solo parecen destinados a sustituir al RIPTE como mecanismo de actualización del valor del ingreso base.
Sentado lo anterior, se detuvo a sostener la inexistencia -entre ambos períodos- de superposición alguna de aplicación de "tasa activa", siendo que -a su criterio- ambos incisos del citado art. 12, conducen a considerar el ingreso base a valores salariales actuales.
En orden al tercer inciso de la norma, a los efectos -dijo- de no incurrir en una operación disvaliosa que vulnere el derecho de propiedad de la accionada, en tanto, en el caso de aplicar la tasa de interés a la que allí se alude "...sin dudas importaría plasmar una yuxtaposición de intereses mediante la aplicación de la tasa activa por similares períodos...", en la inteligencia que la tasa activa tiene componentes que no se compadecen con los intereses que debe afrontar un deudor moroso, juzgó que desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el dictado de la sentencia, los intereses moratorios debían ser calculados a una tasa pura del 6% anual (v. sent., pág. 14).
Agregó que, si bien dicha normativa técnicamente no importa un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, aun así, las actuales previsiones de la ley 27.348, bien pueden diferir de lo establecido en una norma de igual jerarquía como resulta ser la anterior ley 23.928.
A continuación, dispuso implementar sobre el capital de condena intereses moratorios calculados a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito, hasta la de la sentencia y, luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de nulidad, con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial.
Alega que el tribunal de grado soslayó abordar una cuestión esencial, que avizora reflejada en el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -según la modificación efectuada por el art. 11 de la ley 27.348- articulado por la accionada en el capítulo IX del escrito de contestación de la demanda.
Sostiene que el tema que aduce preterido reviste indubitadamente carácter de esencial porque refiere a un aspecto de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, conformando la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio.
En razón de lo expuesto, solicita se declare la nulidad del fallo en crisis.
III. Con el alcance que habrá de precisarse, corresponde hacer lugar al recurso.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023).
Asimismo, que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la carta local (causas L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022 y L. 127.046, "Baéz", sent. de 17-IV-2023).
III.2. Sentado ello, ocupa advertir que el tema que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal de trabajo en la etapa procesal pertinente.
En efecto, tal como surge del escrito de contestación de la demanda, en todo un capítulo propio la accionada objetó la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, según la modificación efectuada por el art. 11 de la ley 27.348, ello, bajo un cúmulo de fundamentos (v. presentación electrónica de fecha 31-X-2019, capítulo IX).
Sin embargo, centrados en el voto mayoritario del tribunal de grado, de la lectura de la sentencia no se divisa con la nitidez exigible que la impugnación constitucional incorporada al caso por la parte demandada haya sido abordada. En el relato de los antecedentes efectuado tampoco se menciona al referido planteo de inconstitucionalidad.
De suyo, más allá de las consideraciones que formuló sobre el contenido de la norma cuestionada, el a quo omitió una respuesta concreta a dicha postulación en el despliegue argumental que realizó y en la parte resolutiva del fallo. Así, sobre una cuestión gravitante, no se advierte un pronunciamiento claro y concreto acerca de la validez constitucional de la norma legal citada, a tenor de lo argumentado por la accionada.
Lo dicho es suficiente para considerar configurada la infracción del art. 168 de la Constitución local, toda vez que la cuestión soslayada integró la petición liminar, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia. Ese grave descuido, sin expresión alguna que concretamente lleve a comprender el motivo por el cual no fueron tratados todos los planteos llevados oportunamente, muestran la presencia en el caso de una incongruencia por omisión que conlleva a la nulidad parcial de la sentencia de grado en el aspecto aquí mencionado (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018 y L. 127.046, "Báez", sent. de 17-IV-2023).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial de la sentencia impugnada en cuanto omitió tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348) formulado por la parte demandada. Los autos han de regresar al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Fiscalía de Estado denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 768 y 770 del Código Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557 (texto del art. 11 de la ley 27.348); 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 7 y 10 de la ley 23.928; 37, 38, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
I.1. Señala que el tribunal de grado incurrió en absurdo al determinar el grado de incapacidad que padece el actor, pues -en su opinión- adicionó arbitrariamente un 10% de incapacidad por supuestas "secuelas físicas" que no enuncia y que tampoco fueron descriptas por el perito médico, quien solo otorgó un 11% de minusvalía por una patología psíquica, esto último, consentido por ambas partes.
I.2. Cuestiona lo juzgado en el pronunciamiento de grado acerca de los intereses aplicados.
Indica que lo resuelto contradice la doctrina legal establecida en las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera". Aduce que el fallo se ajustó a las directrices que emanan de dicha jurisprudencia en orden a los intereses, pero ello solo hasta el momento en que la deuda fue evaluada, pues luego las ignoró para el período posterior al imponer irregularmente el anatocismo.
Junto a lo dicho, le reprocha al sentenciante haber efectuado una desacertada interpretación del inc. 3 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 de la ley 27.348). En lo cardinal, afirma que resulta obvio que cuando en la norma expresa "a partir de la mora en el pago de la indemnización", para consignar un supuesto del art. 770 del Código Civil y Comercial, solo puede referirse a la mora en el pago de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva. A partir de ese razonamiento concluye que la decisión de grado que impuso el anatocismo del inc. 3 de la norma desde la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago resulta absurda y arbitraria, porque es evidente que a la fecha de la sentencia la demandada no había incurrido en ningún supuesto de mora, como requiere la disposición legal.
II. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 13-IX-2022).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
II.2. En ese contexto, el cuestionamiento vinculado con el grado de incapacidad receptado por el tribunal de la instancia es inadmisible, pues remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria cuya definición es privativa de los tribunales de grado, encontrándose excluidas del acotado y excepcional ámbito de revisión por el que transita el recurso (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019; L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022).
II.3. En cuanto a las objeciones plasmadas en el segundo tramo del recurso, la anulación parcial dispuesta en este acuerdo de la sentencia de grado en cuanto omitió el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348) formulado por la parte demandada, obsta a que este Tribunal se expida sobre el punto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con el alcance indicado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348) formulado por la parte demandada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:01:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2024 15:10:55 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2024 17:04:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 10:04:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 12:25:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 13:22:37 hs. bajo el número RS-110-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia