Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132800
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda incoada por el señor Germán Aguirre y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que determinó en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 apartado 4, inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 y el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 19-VI-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 5-VII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 10-VII-2024).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Denuncia las garantías constitucionales que considera quebrantadas.
En sustancia, se agravia de la aplicación al caso del decreto 669/2019. En este sentido, alega vulnerado el principio de congruencia por cuanto -sostiene- la accionante no solicitó la aplicación al caso del aludido decreto.
Asimismo, cuestiona que el sentenciante incurrió en una doble actualización de los montos de condena.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas y apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, se impone resaltar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, ni cuantificó su importe, incumpliendo de este modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020; L. 128.370, "Morel López", resol. de 9-VIII-2022; L. 129.602, "Farías", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.011, "Vallejos", resol. de 7-IX-2023).
Así las cosas, la admisibilidad del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario.
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021; L. 129.196, "Brizuela", resol. de 22-XI-2022).
III.3.a. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de las argumentaciones y planteos dirigidos a cuestionar la aplicación del decreto 669/2019, toda vez que no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 130.687, "Cullari", resol. de 25-X-2023 y L. 131.977, "Fernández", resol. de 15-X-2024).
Sentado lo anterior, con relación a la causa que la recurrente reputa no aplicable al sub-lite (v. págs. 9 in fine y 10), sin perjuicio de otras consideraciones, cabe precisar que de la lectura del fallo atacado no se observa que el tribunal actuante la hubiera utilizado como fundamento de su decisión, por lo que -en este marco- no corresponde ingresar a su análisis.
III.3.b. Por otra parte, en cuanto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023 y L. 131.360, "Herrera", resol. de 3-VI-2024).
III.3.c. Asimismo, sabido es que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.183, "Ramírez", resol. de 3-VI-2024).
III.4. Por último, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que en su lacónico reproche final que formula la recurrente, respecto de la imposición de costas y los honorarios, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto que, como ya se adelantó, resulta indispensable, para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021; L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.131, "Ricci", resol. de 3-VI-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado III.3.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2024 15:28:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2024 13:15:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 20:00:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:43:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 12:59:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 13:50:42 hs. bajo el número RR-1553-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia