Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132496
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la accionada, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Roberto Carlos Felker y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de reparación de la incapacidad física derivada de accidente de trabajo, con más los intereses fijados en la forma que estableció (v. pronunciamiento de 28-II-2024).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, entendió que el cómputo de la prescripción se inicia cuando la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente debió ser prestada o abonada, hito que en el caso- fijó en oportunidad en que al actor se le determinó el porcentaje de minusvalía permanente, el cual tuvo lugar con la pericia médica que se presentó en autos. De acuerdo con ello, concluyó que la acción no se encuentra prescripta.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 18-III-2024) el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 15-IV-2024).
En su presentación, alega cuestión federal y sostiene que el vicio de absurdo surge patente y manifiesto en el fallo atacado, pues a todas luces constituye un desvío palmario y notorio de la lógica -y del derecho aplicable- sostener -como concluyó el juzgador- que el inicio del cómputo prescriptivo debe ubicarse en una fecha posterior a la promoción de la demanda.
Subsidiariamente, cuestiona la fecha desde cuándo se han calculado los intereses sobre el capital de condena, toda vez que, siguiendo el razonamiento del fallo, dichos acrecidos debieron ser computados a partir de la fecha de la presentación de la pericia médica de autos (4-XI-2022) y no –como concluyó el a quo- desde la fecha en que tuvo lugar el accidente (22-X-2013).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 130.271, "Denegri", resol. de 20-VIII-2024), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 131.829, "Verón Portillo", resol. de 20-VIII-2024).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa, respecto al primer agravio, que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, se intenta ingresar a consideración de esta Suprema Corte agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -como lo son las vinculadas a determinar el comienzo del curso de la prescripción-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 125.871, "Tejerina", resol. de 30-VIII-2021 y L. 129.347, "Navarro", resol. de 12-IX-2023).
Asimismo, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022).
III.4 En cuanto al planteo en torno a los intereses, no se verifica configurado el presupuesto de excepción para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez que se advierte que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
III.5. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021; L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021 y L. 127.895, "Bordón", resol de 14-III-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2024 09:33:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2024 12:31:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2024 12:54:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 08:46:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 10:45:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/12/2024 14:21:43 hs. bajo el número RR-1591-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia