Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó íntegramente la demanda promovida por la señora Solange María de las Nieves Reynoso contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de la enfermedad profesional -tuberculosis- que denuncio padecer (v. vered. de fecha 8-XI-2023 y sent. de 19-XII-2023).
Para así decidir, juzgó no acreditado que las tareas prestadas por la actora la expusieran al contacto permanente con personal o internos infectocontagiosos. Tampoco se verificó la ocurrencia de alguna circunstancia excepcional o hecho con aptitud suficiente para provocar, desarrollar o agravar la dolencia que padeció y que constituya, en suma, nexo causal hábil entre ésta y sus labores habituales.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 6-II-2024), concedidos por el a quo , el segundo de ellos, en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 7-III-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 11-XI-2024).
III.1. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denuncia que el tribunal de grado equivocó el objeto de la pretensión sometida a su conocimiento, lo que derivó en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, toda vez que en la demanda se peticionó el incremento del porcentaje de incapacidad que había sido establecido por la Comisión Médica.
En ese mismo sentido, asegura que el juzgador extinguió de oficio un acto previo firme que beneficiaba a su parte, sin declarar expresa y formalmente su nulidad, ni la inconstitucionalidad del paso previo por sede administrativa.
Asimismo, afirma que el a quo no fundamentó jurídicamente la sentencia en forma adecuada.
III.2. El recurso no prospera.
III.3. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
Por otro lado, sabido es que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez, no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020; L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023 y L. 130.636, "Valcarce", resol. de 8-IV-2024).
III.4. Desde esa perspectiva, las infracciones invocadas por la compareciente no se compadecen con las causales taxativamente definidas en la Constitución local para habilitar la vía intentada.
III.4.a. Por un lado, de la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que, bajo el reproche de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, la interesada intenta cuestionar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos busca conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces en torno de la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la forma en que las cuestiones fueron resueltas, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L.120.774, "Mansilla", sent. del 4-IX-2019; L. 120.924, "Cipolla", sent. del 6-X-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
En tal sentido, dable es recordar que los cuestionamientos u objeciones dirigidos contra el modo como el tribunal abordó los planteos de las partes y -eventualmente- el grado de acierto jurídico que pueda exhibir su decisión, escapa al limitado ámbito de conocimiento del remedio procesal bajo examen pues conforman, en definitiva, la imputación de típicos errores in iudicando (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020) que, como tales, resultan propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.4.b. Por otro lado, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021), supuesto que no concurre en la especie, desde que, del análisis detenido del fallo en cuestión surge que las citas legales efectuadas por el juzgador de grado abastecen la señalada exigencia constitucional, no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su sustento, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018; L. 125.307, "Aguilar", resol. de 6-XI-2020 y L. 129.600, "Pascucci", resol. de 14-III-2023; e.o.).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnante plantea cuestión federal. Manifiesta que el tribunal de grado se abocó al análisis de cuestiones no propuestas por ninguna de las partes, vulnerando sus derechos de propiedad y defensa.
En ese sentido, asegura que la única cuestión que el órgano judicial de grado debía evaluar era el grado de incapacidad que presenta la actora, desde que, en el marco de las actuaciones administrativas previas, la Comisión Médica interviniente reconoció el carácter laboral de la enfermedad de la accionante, decisión que arribó firme y consentida a la instancia judicial.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 7-III-2024) la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.356, "Benítez", resol. de 23-VIII-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.266, "Fernández Fernández", resol. de 21-VI-2023).
IV.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas que se denuncia transgredidas (v. pag. 2 y 5 del recurso) aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.115, "Gaita", resol. de 24-IX-2014; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018 y L. 127.133, "Matos", resol. 20-X-2021).
Finalmente, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2024 15:55:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2024 18:45:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 23:57:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:24:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 08:50:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 11:59:44 hs. bajo el número RR-1623-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia