Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132499
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, rechazó íntegramente la demanda promovida por el señor Iván Alberto Campero contra el Fisco de la provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba el pago de las prestaciones derivadas de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de 28-II-2024).
Para así decidir, juzgó que no se logró acreditar en autos que el trabajador ostente secuelas incapacitantes derivadas del infortunio padecido.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 15-III-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 23-IV-2024).
En lo sustancial, alega que el tribunal de grado cometió absurdo en la valoración de la prueba pericial médica.
Finalmente, objeta la imposición de costas a su cargo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario-, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 23-IV-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes (v. cédulas electrónicas de fecha 26-IV-2024), no mereció objeciones del aquí recurrente.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023; e.o.), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que la doctrina legal invocada por el agraviado refiere al vicio de absurdo y, sabido es, no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el precepto adjetivo citado (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 128.986, "Saini", resol. de 4-X-2022).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
III.3. Finalmente, y sin perjuicio de otras consideraciones, se impone señalar, en relación al agravio vinculado a la imposición de costas, que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 127.799, "Avellaneda", resol. de 29-VI-2022; L. 129.118, "Taha Taha", resol. de 4-X-2022 y L. 131.004, "Dorronzoro", resol. de 26-II-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2024 15:55:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2024 18:45:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 23:57:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:25:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 08:51:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 12:00:12 hs. bajo el número RR-1637-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia