Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128206
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.206, "Conti, Analía Marta contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 28-VIII-2021 y aclaratoria de fecha 22-X-2021).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-IX-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda que la señora Analía Marta Conti promovió contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones contempladas en la ley 24.557 con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el día 5 de enero de 2016, mientras prestaba tareas para su empleadora (v. pronunciamiento electrónico de fecha 28-VIII-2021).
Con apoyo en los escritos constitutivos del proceso y los informes médico y psicológico, tuvo por demostrada la existencia del infortunio laboral y la disminución de la capacidad laboral de la actora (por dolor regional complejo en tobillo derecho o "atrofia de Suddeck" y reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas grado II), que estimó —con incidencia de los factores de ponderación— en el orden del 47,50% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestión).
Resolvió que la primera manifestación invalidante y "la toma de conocimiento de la incapacidad" fueron concomitantes a la contingencia objeto de reclamo.
Con tales elementos de juicio, admitió la pretensión fundada en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (con los alcances establecidos por el decreto de necesidad y urgencia 1.694/09), arribando a un importe que —señaló— superaba el piso establecido por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15. A ese resultado le adicionó el 20% contemplado en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, ordenó el otorgamiento de prestaciones en especie en los términos del art. 20 de la ley 24.557 (v. sent., pto. II, inc. 2, apdos. "d", "e" y "g"). Por su parte, rechazó por improcedente el pedido de ajuste de la indemnización debida mediante la utilización del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773.
Luego, admitió el planteo efectuado por la accionante a fs. 35 y vta. y, con cita del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, ordenó la capitalización de los intereses devengados —tomando como base la sumatoria de los rubros de condena— desde la fecha del accidente de trabajo (5-V-2016) hasta la de interposición de la demanda (14-IX-2017), empleando la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días (v. sent., pto. II, inc. 2, apdo. "h").
Finalmente, sobre el monto indemnizable de $1.294.147,43 (comprensivo de las prestaciones del art. 14 inc. 2 apdo. "a", ley 24.557 por $772.707,86; del art. 3, ley 26.773 por $154.541,57; del art. 20, ley 24.557 por $29.120; y acrecidos según art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com. de la Nación: $337.778; v. aclaratoria de 20-X-2021), aplicó intereses moratorios calculados desde la fecha de interposición de la demanda hasta la del efectivo pago ($2.192.046,89), juzgando de aplicación al caso la ley 27.348, cuyo art. 11 sustituyó al art. 12 de la ley 24.557, sin que obste a esta interpretación —dijo— lo regulado por el art. 20 de la primera de las leyes mencionadas, ya que cabía legítimamente inferir que dicha norma refiere a los mecanismos de ajuste del ingreso base mensual regulados en los incs. 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557, no así respecto de la tasa de interés moratorio establecida en el inc. 3 del mismo precepto normativo, cuya aplicación inmediata al caso consideró evidente (v. sent., pto. II, inc. 3, apdo. "c").
Señaló, en sustento de dicha posición, que al fallar en la causa L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020), esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra una sentencia dictada por un tribunal de trabajo, cuya resolución en materia de intereses moratorios resolvía de manera análoga a la que aquí se propone.
Con todo, concluyó que los intereses moratorios debían calcularse desde el día 14 de septiembre de 2017 (fecha de interposición de la demanda) y hasta el efectivo pago, con arreglo a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (arts. 768, Cód. Civ. y Com. y 12 inc. 3, ley 24.557, texto según ley 27.348; v. sent., pto. II, inc. 3, apdo. "c", último párr.).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 y 99 inc. 2. de la Constitución nacional; 768 y 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial de la Nación; 10, 15, 39 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 3, 6 incs. 1, 2 apdo. "b" y 3, 11 inc. 4 apdo. "a", 12 (texto según ley 27.348), 14 inc. 2 apdo. "b", 20 y 30 de la ley 24.557; 3 y 9 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 331, 354 inc. 1, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia del porcentaje de incapacidad que se determinó en el fallo de grado.
Sostiene que el juzgador tuvo por acreditado que la actora es portadora de una incapacidad parcial permanente y definitiva del 47,5% de la total obrera con sustento en las pericias médica y psicológica producidas en la causa, sin brindar explicación alguna respecto de los motivos que lo condujeron a desechar las concretas y fundadas impugnaciones formuladas oportunamente por su parte a tales medios probatorios.
Además, señala que el experto médico no brindó explicaciones respecto de las graves inconsistencias apuntadas en el escrito electrónico del día 16 de agosto de 2019.
Indica que el citado informe —sobre el que se cimentó la sentencia— no proviene de una deliberación plural y razonada basada en el confronte de métodos y criterios ni contiene explicaciones científicamente fundadas, tal como requieren los arts. 469 y 472 del Código Procesal Civil y Comercial.
En orden a la pericia psicológica, manifiesta que, si bien allí hubo de determinarse que la trabajadora padece depresión reactiva crónica, cuyo diagnóstico se especificó como reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas grado II, también se observó que tal dolencia no había sido causada originariamente por el accidente de trabajo denunciado en autos, sino que se correspondía con una enfermedad crónica y previa, que únicamente se había agravado con el infortunio.
En tales condiciones, explica, surge evidente que la patología psíquica era anterior al siniestro y no guarda ninguna relación causal con aquel.
II.2. Por otra parte, controvierte la fecha a partir de la cual el a quo dispuso la capitalización de los intereses.
Alega que la decisión de fijar como fecha de toma de conocimiento de la incapacidad el mismo día en que ocurrió el accidente de trabajo es absurda, pues en el escrito liminar la parte actora reconoció que continuaba recibiendo las prestaciones médicas por parte de Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. (v. pto. VII, párr. decimotercero), por lo que al momento de promoverse la demanda (esto es, el día 14 de septiembre de 2017) el daño aún no se había consolidado.
II.3. Manifiesta que el sentenciante juzgó aplicable al caso las disposiciones contenidas en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación por conducto de la respuesta que —dijo— correspondía brindar respecto al planteo efectuado por la actora a fs. 35 y vta., sin que ello tenga correlato con las constancias de la causa, ya que en dicha presentación la promotora del pleito no hubo de formular pedimento alguno en los términos del indicado precepto, en tanto allí se limitó a solicitar la aplicación de los intereses contemplados en los incs. 2 y 3 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348).
Tal como se expusiera al contestar la demanda, su parte se opuso a la aplicación de la ley 27.348 en razón de no hallarse vigente al momento en que ocurrió el infortunio.
En tales condiciones, concluye, el tribunal de grado valoró absurdamente los escritos constitutivos, transgredió el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, toda vez que al fallar como lo hizo se apartó de los términos en que quedó trabada la litis.
Con todo, denuncia vulnerada la doctrina legal de esta Corte elaborada en torno a los intereses, en cuanto tiene establecido que tales accesorios deben calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Luego, reitera su objeción en torno a la fecha establecida para el cómputo de los intereses, y señala que para el hipotético supuesto de que se confirme la aplicación al caso de la norma del art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, debe tenerse en cuenta que la interpretación que de dicho precepto llevó a cabo el tribunal de grado resulta palmariamente incorrecta, habida cuenta que la acumulación allí dispuesta —cuando la obligación se demanda judicialmente— opera desde la fecha de notificación de la demanda y no, tal como lo resolvió el órgano jurisdiccional, desde la fecha de la primera manifestación invalidante.
II.4. Objeta además la decisión del órgano de origen de aplicar acrecidos de acuerdo con la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
II.4.a. En el punto, denuncia vulnerada la doctrina legal establecida en la causa L. 119.954, "Rodríguez" (sent. de 8-VII-2020), en la cual —señala—, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.348, esta Suprema Corte sostuvo que los intereses debían ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Alega que los presupuestos del caso son idénticos al presente.
II.4.b. Manifiesta que el art. 12, inc. 3 de la ley 24.557 (según ley 27.348) no establece la tasa aplicada por el tribunal de grado a partir del día 4 de marzo de 2017, toda vez que dicha norma fue prevista para el caso de mora en el cumplimiento de la liquidación efectuada en sede administrativa o judicial, es decir para el período posterior a la orden de pago de la indemnización liquidada.
Explica que dicho apartado tampoco resulta temporalmente aplicable al caso porque el legislador no tuvo en miras su utilización para el período en que fue considerado por el a quo .
Refiere que la sola mención de una disposición legal en la que se determina una tasa de interés no permite su aplicación a una hipótesis diferente de la contemplada normativamente.
II.4.c. Asimismo, denuncia que el sentenciante de grado interpretó erróneamente el alcance de lo resuelto en el precedente L. 121.551, "Lince" (sent. de 14-VII-2020).
Precisa que no solo en aquel caso se abordó una norma distinta (el art. 12, inc. 2 de la ley citada) a la analizada en el sub lite (art. 12, inc. 3 de la misma ley) sino que, además, esta Suprema Corte se limitó exclusivamente a rechazar el recurso interpuesto, en tanto sostuvo que en el acotado y excepcional marco de conocimiento previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), el recurrente no había demostrado la violación de la doctrina legal invocada. Destaca así, que en dicho precedente este Tribunal no dictó un pronunciamiento destinado a avalar la solución brindada como erróneamente postuló el órgano de grado.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En cuanto al primer agravio traído, cabe recordar que valorar el material probatorio, determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer su vinculación causal con el siniestro, constituyen atribuciones privativas de los jueces de trabajo y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo la efectiva demostración de absurdo (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
El diseño argumental en el que se sitúa la postulación recursiva no logra evidenciar el excepcional y grave yerro que autorizaría a esta Corte a ingresar a revisar lo juzgado en la instancia de origen.
La crítica que ensaya el recurrente, se orienta a cuestionar la valoración del peritaje médico y psicológico y a destacar la relevancia que —a su juicio— tendrían las impugnaciones y observaciones formuladas a dichos medios probatorios. Tales alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su particular versión sobre los hechos y las pruebas de la causa, y a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelta la controversia, sin que ello demuestre la absurdidad que imputa al fallo.
Además, lo manifestado por el quejoso en el punto V, inc. 1, apartado "b" de su recurso —en cuanto afirma que el perito médico no respondió las graves insolvencias puestas de manifiesto por su parte en el escrito electrónico de fecha 16 de agosto de 2019— contrasta con lo actuado en la causa, de cuyas constancias puede fácilmente advertirse que dicha profesional hubo de cumplir con tal cometido en la presentación electrónica de fecha 28 de agosto de 2019, lo cual me releva de formular cualquier otra consideración adicional al respecto.
Y en orden a las disquisiciones llevadas a cabo por el agraviado sobre las conclusiones volcadas en la pericia psicológica, cabe indicar que el experto destacó repetidamente que si bien la peritada presentaba sintomatología depresiva con anterioridad al accidente de trabajo sufrido, las consecuencias del mismo provocó un agravamiento de sus características de base, entendiendo además que tal evento fue interpretado por una estructura de personalidad con características vulnerables, lo que provocó las dificultades para significar el hecho y lograr reponerse ante él.
En suma, los cuestionamientos permanecen en el plano de la mera disconformidad personal, limitándose a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que —por regla— le resultan privativas y trasunta —en definitiva— el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias a partir de su personal criterio valorativo, sistema que —reiteradamente se ha señalado— configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2. Luego, y alterando el orden de tratamiento de los agravios expuestos por razones metodológicas, cabe señalar que le asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que el tribunal incurrió en absurdo en la apreciación de los escritos constitutivos de la litis y transgredió el principio de congruencia.
En efecto, la atenta lectura de la demanda revela que a fs. 35 y vta. el actor solicitó "...se aplique el nuevo art. 12 de la LRT en cuanto dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina". Asimismo, señaló, en cuanto se establece que "A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación".
Por su parte, en el responde, y tal como lo expone en la crítica extraordinaria, la accionada se opuso a dichas pretensiones esgrimiendo la inaplicabilidad de la ley 27.348, en tanto dicho régimen legal no se encontraba vigente a la fecha en que ocurrió el infortunio. Invocó en sustento de tal postura el principio de irretroactividad de la ley y añadió que de conformidad con lo establecido en su art. 20, sus disposiciones no resultan aplicables en el caso, pues rigen respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzcan con posterioridad a su entrada en vigencia. Para finalmente reiterar que el señor Conti sufrió un accidente de trabajo el día 5 de enero de 2016, mientras que la ley 27.348 entró en vigencia el día 5 de marzo de 2017 (v. rec., pto. VI, inc. 2, apdo. "b").
De lo expuesto, surge con claridad que la motivación del a quo que expresa que "...corresponde brindar tratamiento al planteo efectuado por la accionante a fs. 35/35 vta. respecto de la aplicación en la especie del art. 770 inc. 'b' del Código Civil y Comercial de la Nación" para luego "...admitir la acumulación o capitalización de intereses [...] desde la fecha de la primera manifestación invalidante ocurrida el 5 de enero de 2016 hasta la interposición de la demanda acaecida el 14 de septiembre de 2017" (sent., pto. II, inc. 2, apdos. "h.i"; "ii" y "iii"), luce extraviada de los términos en que quedó trabada la relación procesal, en tanto no se compadece con el modo en que fue diseñado el reclamo en el escrito de demanda y su consecuente oposición por la contraria.
De suyo que dicha falencia no es un yerro menor en el caso; antes bien, evidencia una violación del principio de congruencia invocado como transgredido en la impugnación traída a esta sede extraordinaria (arts. 47, ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
No es ocioso recordar que esta Corte reiteradamente ha señalado que el referido postulado procesal de la congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 122.222, "Novoa", sent. de 14-XII-2020; L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021; L. 129.063, "Gómez", sent. de 4-X-2023; e.o.).
También ha expresado que transgrede el citado principio el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en demanda y contestación, comprometien
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