Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129940
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y se anula parcialmente la sentencia impugnada en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Las costas de la queja se imponen por su orden, dado el modo en que se resuelve el presente (art. 68, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.940, "Valdez Jorge Javier C/ Fisco de La Provincia de Buenos Aires s/ Accidente De Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 14-VII-2022).
Se interpusieron, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 18-VIII-2022), habiéndose concedido el primero y denegado el segundo por el órgano actuante, el que, fue admitido por esta Suprema Corte (v. resol. electrónica de 4-X-2023), previa deducción de la queja respectiva (v. presentación electrónica de fecha 23-XI-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 18-XII-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Javier Valdez y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, ello, a consecuencia de la incapacidad que porta el accionante y deriva del accidente de trabajo que protagonizó el día 3 de noviembre de 2017.
Para así decidir, en el veredicto y con sustento en la pericia médica efectuada, el a quo tuvo por acreditado que en razón del infortunio referido la actora padece una incapacidad total y permanente del 29,30% del índice de la total obrera.
Ya en la sentencia, en el marco del voto que representó la opinión mayoritaria, calculó dicha prestación conforme a lo normado en el art. 12 de la ley 24.557, según el texto del art. 11 de la ley 27.348 y determinó el valor del ingreso base mensual de la accionante de acuerdo a las pautas que establece el inc. 1, esto es, utilizando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la del pronunciamiento, el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 inc. 2, cit.). Y sobre esa base determinó el importe de la prestación dineraria referida siguiendo la fórmula del mentado art. 14 inc. 2 apartado "a".
Luego, analizó los alcances de lo previsto en el art. 11 de la ley 27.348.
En relación con el primer acápite del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, señaló que la incorporación implicó (i) la migración de la consideración del salario previsional al laboral del trabajador, admitiéndose genuinamente la naturaleza salarial de la totalidad de los ingresos que percibe como contraprestación de sus tareas; también (ii) el abandono de la referencia salarial diaria mensualizada para considerar el promedio total de los salarios devengados; así como (iii) la actualización mes a mes de cada una de las sumas determinadas, aplicando el índice RIPTE.
Indicó que mediante el apartado segundo de aquella norma se dispuso que la suma así determinada en concepto de ingreso base devengue desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; señaló que ello constituye un supuesto de interés legal. Meritó que, efectuando una correcta interpretación de lo expuesto, la aplicación de tales acrecidos no supone una compensación por mora ni cumplen una función punitoria, sino que —antes bien— solo parecen destinados a sustituir al RIPTE como mecanismo de actualización del valor del ingreso base.
Sentado lo anterior, se detuvo a sostener la inexistencia —entre ambos períodos— de superposición alguna de aplicación de "tasa activa", siendo que —a su criterio— ambos apartados del citado art. 12, conducen a considerar el ingreso base a valores salariales actuales.
En orden al tercer apartado de la norma, dijo que a los efectos de no incurrir en una operación disvaliosa que vulnere el derecho de propiedad de la accionada, en tanto en el caso de aplicar la tasa de interés a la que allí se alude "...sin dudas importaría plasmar una yuxtaposición de intereses mediante la aplicación de la tasa activa por similares períodos...", en la inteligencia de que la tasa activa tiene componentes que no se compadecen con los intereses que debe afrontar un deudor moroso, juzgó que desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el dictado de la sentencia, los intereses moratorios debían ser calculados a una tasa pura del 6% anual (v. sent., pág. 18).
Agregó que, si bien dicha normativa técnicamente no importa un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, aun así, las actuales previsiones de la ley 27.348 bien pueden diferir de lo establecido en una norma de igual jerarquía como resulta ser la anterior ley 23.928.
A continuación, dispuso implementar sobre el capital de condena intereses moratorios calculados a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la de la sentencia y, luego, que el importe resultante de la capitalización de ambos guarismos devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de nulidad, con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial.
Alega que el tribunal de grado soslayó abordar una cuestión esencial, que avizora reflejada en el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —según la modificación efectuada por el art. 11 de la ley 27.348— articulado por la accionada en el capítulo IX.a. del escrito de contestación de la demanda.
Sostiene que el tema que aduce preterido reviste indubitable carácter esencial porque refiere a un aspecto de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, conformando la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio.
En razón de lo expuesto, solicita se declare la nulidad del fallo en crisis.
III. Con el alcance que habrá de precisarse, corresponde hacer lugar al recurso.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023).
Asimismo, que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la carta local (causas L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022; L. 127.046, "Baéz", sent. de 17-IV-2023 y L. 129.700, "Farias", sent. de 8-IV-2024).
III.2. Sentado ello, ocupa advertir que el tema que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal de trabajo en la etapa procesal pertinente.
En efecto, tal como surge del escrito de contestación de la demanda, la accionada objetó la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, según la modificación efectuada por el art. 11 de la ley 27.348, ello, bajo un cúmulo de fundamentos (v. presentación electrónica de fecha 9-IV-2019, capítulo IX.a.).
Sin embargo, centrados en el voto mayoritario del tribunal de grado, de la lectura de la sentencia no se divisa —con la nitidez que exige el tratamiento de un expreso planteo de inconstitucionalidad de una norma— que la cuestión haya sido abordada. En el relato de los antecedentes efectuado tampoco se menciona al referido planteo de inconstitucionalidad.
De suyo, más allá de las consideraciones que formuló sobre el contenido de la norma cuestionada, el a quo omitió una respuesta concreta a dicha postulación en el despliegue argumental que realizó y en la parte resolutiva del fallo. Así, sobre una cuestión gravitante, no se advierte un pronunciamiento claro y concreto acerca de la validez constitucional de la norma legal citada, a tenor de lo argumentado por la accionada.
Lo dicho es suficiente para considerar configurada la infracción del art. 168 de la Constitución local, toda vez que la cuestión soslayada integró la petición liminar, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia. Ese grave descuido, sin expresión alguna que concretamente lleve a comprender el motivo por el cual no fueron tratados todos los planteos llevados oportunamente, muestra la presencia en el caso de una incongruencia por omisión que conlleva a la nulidad parcial de la sentencia de grado en el aspecto aquí mencionado (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018 y L. 127.046, "Báez", sent. de 17-IV-2023).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial de la sentencia impugnada en cuanto omitió tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348) formulado por la parte demandada. Los autos han de regresar al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Las costas de la queja se imponen por su orden, dado el modo en que se resuelve el presente (art. 68, CPCC; ley 14.967).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior y al contenido del recurso de inaplicabilidad de ley traído, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y se anula parcialmente la sentencia impugnada en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Las costas de la queja se imponen por su orden, dado el modo en que se resuelve el presente (art. 68, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:36:48 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2025 18:03:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 21:25:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/02/2025 19:08:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 08:33:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/02/2025 09:36:21 hs. bajo el número RS-9-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia