Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130490
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.490, "Van Pamellen, Laura Anahí contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n°3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. vered. y sent. de 9-III-2022).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 25-III-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-II-2024), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Laura Anahí Van Pamellen y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada-, al pago de la suma dineraria que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación contemplada en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, ello, con motivo de la minusvalía que contrajo la actora como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 16 de septiembre de 2015. Asimismo, rechazó el vinculado con el daño psicológico denunciado.
En lo que interesa, tras declarar -por mayoría- la inconstitucionalidad del decreto 669/19, considerando el ingreso base mensual de la trabajadora a la época del accidente y con cita -entre otros preceptos- del art. 12 de la ley 24.557, calculó la suma que le correspondía percibir en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, según la fórmula prevista en el citado art. 14, inc. 2, apartado "a" de aquella ley. Indicando que el monto obtenido no superaba el tope mínimo establecido por el decreto 1.694/09 y el art. 17, inc. 6 de la ley 26.773 (v. resol. de la Secretaría de Seguridad Social 28/15), dispuso que el valor indemnizatorio en el caso debía sujetarse a ese mínimo; resultado al que le dedujo el importe ya percibido por la trabajadora en sede extrajudicial.
Seguidamente, juzgó -por mayoría- que no correspondía la actualización de la prestación dineraria conforme el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) según la ley 26.773, en tanto dicho reajuste era aplicable sobre sumas fijas y pisos mínimos, no encontrando que el art. 17 del decreto 472/14 presente vicios de inconstitucionalidad.
A continuación, declaró que resultaba abstracto el tratamiento de los "planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 y 26.773".
Luego de juzgar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, dispuso -por mayoría- calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la de notificación de la demanda conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, los que -dispuso- luego debían ser acumulados al capital de condena conforme el art. 770, inc. "b", Código Civil y Comercial y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta el dictado de la sentencia.
Finalmente, determinó, desde la fecha en que el pronunciamiento quedara firme y hasta su efectivo pago, la aplicación de la tasa activa de dicha entidad en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días (citó el art. 770, inc. "c", Cód. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Centrado en la primera de las normas, refiere que el tribunal de origen omitió expedirse acerca del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, oportunamente efectuado en el escrito de demanda. Detalla los motivos fundantes de aquella objeción al precepto legal y ante la falta de abordaje solicita se declare la nulidad del fallo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e. o.).
III.2. Se advierte que el tribunal de grado en la sentencia -por unanimidad- declaró "abstractos los restantes planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 y 26.773" (v. pronunciamiento, pág. 11).
En ese contexto, si se tiene en consideración que en lo tocante a la mencionada ley 24.557 la parte actora en su demanda planteó exclusivamente la inconstitucionalidad de sus arts. 12, 21, 22 y 46, y que estos últimos tres preceptos -junto a su art. 8, inc. 3- fueron descalificados por el a quo en la etapa inicial del litigio (v. resol. de 21-IX-2017, donde además dispuso "Diferir el tratamiento de las restantes denuncias y manifestaciones vinculadas a las leyes 24.557 y 26.773, para la oportunidad de resolverse el fondo de la controversia"), no existen motivos que impidan comprender -no los aporta el interesado- que aquella declaración se encontró referida al planteo de inconstitucionalidad de la norma restante: el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Bajo tal razonamiento, no se configura en la especie la omisión por descuido o inadvertencia como causal o motivo propio del medio de impugnación en cuestión (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020 y L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021); cuando, además, refuerza lo sostenido el dato que indica que en el relato de los antecedentes del juez que votó en primer término no hubo de ignorarse que la demandante tachó de inconstitucional "diversos preceptos del régimen de riesgos del trabajo (leyes 24.557 y 26.773)" (v. pronunciamiento, pág. 5).
Dable es agregar, que, para sumarle vigor a su tesis, el recurrente invoca el precedente L. 127.746, "Marmoni" (sent. int. del 23-II-2022), no obstante, ello no apuntala la crítica, en tanto se constata que la sentencia impugnada en dicha causa es distinta a la dictada en el sub examine por el tribunal de grado.
III.3. Por otro lado, y más allá de su orfandad argumental, no es acertada la invocada violación del art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; e. o.), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo, la violación y errónea aplicación de las normas que cita, a su vez, invoca la doctrina que considera transgredida.
II.1. Con cardinal sustento en el párrafo tercero del art. 2 de la ley 26.773, expresa que el tribunal de grado incurrió en un error al no "actualizar con intereses" el monto por el que prosperaba la demanda antes de realizar el descuento de la suma parcial y no cancelatoria abonada por la demandada en el estadio extrajudicial.
II.2. Seguidamente, dice que los intereses moratorios deben liquidarse hasta el día del efectivo pago de la deuda dineraria, y no, como lo estableció el juzgador de origen hasta la fecha del pronunciamiento.
II.3. Finalmente, plantea que a tenor del principio iura novit curia , a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.348 (concretamente, de su art. 11), el sentenciante debió fijar un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectiva cancelación. Al respecto, esgrime ciertas consideraciones tendientes a defender la aplicación inmediata de la citada normativa, a la par, complementa su argumentación con la invocación de precedentes de esta Corte que considera violados.
II. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -tal como lo indicó el tribunal de origen en su resolución electrónica de fecha 28-IV-2022-, en el caso, el valor de lo cuestionado no supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de su interposición.
Siendo ello así, la función revisora de esta Suprema Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; e. o.).
Sentado lo anterior, ocupa agregar que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no se advierte que el interesado evidencie la eventual presencia de una cuestión federal que conduzca aquí a juzgar no aplicables las restricciones legales derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir con fundamento en las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -entre otros- en las causas "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Dable es precisar, que si bien el presentante inicialmente expresa que el recurso "resulta admisible" pues en él se cuestiona la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, luego, de ninguno de sus agravios surge la hipótesis anunciada.
III.2. En el acotado cuadrante de admisibilidad por el que transita el recurso, los dos primeros agravios traídos deben ser desestimados pues en ellos no se ha alegado como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. de 29-III-2021).
Y en este estado, cabe recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020 y L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023).
III.3. En relación con la última crítica que porta el medio de impugnación, ha de señalarse que el precedente registrado como L. 121.555 "Lince" (sent. de 14-VII-2020) que invoca el quejoso para demostrar la transgresión que denuncia, no resulta idóneo a los fines pretendidos, toda vez que -alejado de lo que argumenta el interesado- en dicha causa esta Corte no estableció doctrina legal, limitándose únicamente a desestimar el recursos extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón de juzgarlo inadmisible, pues, abordado en el estrecho marco del aludido art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-, no se constató transgresión de la doctrina legal allí denunciada (conf. causa L. 127.149, "Gerzel", sent. de 19-XII-2022). Y aunque no resulta nítido si el interesado se refiere a la sentencia allí dictada por este Tribunal o a lo decidido en una primera oportunidad por el órgano jurisdiccional de grado, a todo evento, análogas reflexiones corresponden desplegar en orden al precedente L. 122.766, "Galeano" (sent. de 27-VII-2020), también mencionado en el reproche en estudio.
En cuanto a los demás precedentes que se mencionan, se avizora que han sido elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el presente caso, lo que nuevamente revela lo infructuoso del medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Soria.
Cierto es que tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 (aplicable al caso), corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento a la validez constitucionalidad de una norma jurídica involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Sin embargo, en el presente caso, tal como indica mi referido colega, si bien la quejosa anticipó que su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resultaba admisible sin restricciones pues en él se habría de cuestionar la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (v. presentación de fecha 25-III-2022, pág. 11, punto III.B.4), luego, en el desarrollo de sus agravios, no introdujo la cuestión constitucional anunciada (solo media una tangencial referencia en el cuadro de la pág. 22 de la impugnación).
En consecuencia, bajo estas condiciones, la admisibilidad del recurso deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 aplicable en la especie, tal como propone el ponente.
Y en estos términos, reitero mi adhesión al sufragio del doctor Soria, incluso en materia de costas.
Así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 12:57:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:50:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:33:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 19:06:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 08:29:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/02/2025 09:35:22 hs. bajo el número RS-6-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia