Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción promovida por el señor Rubén Ricardo Bustos y, en consecuencia, condenó a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de prestaciones derivadas de la ley 24.557, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/2019 (v. pronunciamiento de fecha 7-VI-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 1-VII-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 10-VII-2024).
En su presentación, la interesada se agravia de la decisión del tribunal de grado en cuanto determinó el ingreso base mensual utilizando retroactivamente el decreto 669/2019. En ese marco, alega vulnerado el principio de congruencia. Asimismo, cuestiona que el sentenciante aplicó erróneamente la Resol. 18/2024 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Finalmente, denuncia anatocismo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 10-VII-2024) -decisión que no mereció objeciones- la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 131.841,"Derosa", resol. de 9-VIII-2024; L. 131.608,"Montiel" y L. 131.815, "Martino", resols. de fecha 20-VIII-2024), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.266, "Fernández Fernández", resol. de 21-VI-2023).
III.2. En ese contexto, respecto de los cuestionamientos que porta el recurso dirigidos a objetar la aplicación del decreto 669/2019, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal invocada por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021 y L. 131.179, "Cardozo", resol. de 20-VIII-2024).
III.3. Seguidamente, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023).
III.4. Luego, en relación a los restantes agravios, la apelante prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021).
III.5. Para terminar, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/04/2025 14:07:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2025 09:41:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 11:35:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 16:22:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2025 08:53:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2025 10:41:26 hs. bajo el número RR-326-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia