Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133177
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Casildo Martínez González y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar la suma que indicó en concepto de prestaciones dinerarias por la incapacidad derivada del accidente de trabajo padecido, jugando aplicable al caso las prescripciones del decreto 669/2019 (v. pronunciamiento de fecha 12-VII-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 12-VIII-2024) el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 22-8-2024)
En esencia, alega que el sentenciante empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019, omitiendo la aplicación de lo dispuesto en las resoluciones 1.039/2019 y 332/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 82, primer párrafo, de la ley 15.057 para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021; L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
En tal sentido, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad demostrar que la cuantía de lo cuestionado excede el importe mínimo fijado por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023).
III.2. Siendo así, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las citas de doctrina legal traídas por la recurrente en apoyo de su pretensión no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaboradas a partir de presupuestos disímiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 129.676, "Nuñez", resol. de 23-XI-2023 y L. 131.761, "Maisonobe", resol. de 29-VII-2024).
III.4. Para más, cabe agregar que resulta ineficaz limitar la impugnación a la mera enunciación de citas doctrinales, sin explicar cómo o en qué forma aquellas resultarían vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro entiende se produjo (causas L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018; L. 122.559, "De Asua", resol. de 8-V-2019 y L. 127.110, "Zabala", resol. de 1-XI-2021).
III.5. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2025 11:26:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2025 12:24:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 07:04:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:11:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 08:52:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2025 10:11:52 hs. bajo el número RR-532-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia