Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133610
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en relación al agravio analizado en el punto III.1 (arts. 278 y 279, CPCC), y rechazarlo respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto III.2, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por el señor Jorge Emanuel Blanco contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó las excepciones de incompetencia y cosa juzgada opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento de 26-IX-2024).
Desestimó la primer defensa deducida por la accionada -en relación al reclamo por el daño psicológico derivado del accidente de trabajo sufrido- con sustento en lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y en la doctrina legal de esta Corte emanada del precedente "Marchetti"; así como en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los distintos pronunciamientos que indicó (fallos "Fernández Arias" y "Pogonza") y señaló que no existe límite alguno para atender en instancia de revisión cualquier secuela lesiva que se vincule causalmente con contingencias denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y/o la Comisión Médica Jurisdiccional.
Luego, en lo que respecta a la excepción de cosa juzgada, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la instancia administrativa previa y obligatoria establecida por el Título I de la ley 27.238, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (arts. 2 de la ley 27.348 y 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado por la Comisión Médica jurisdiccional ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14-X-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resolución del 17-X-2024).
II.1. En su presentación, la recurrente controvierte inicialmente el rechazo de la excepción de cosa juzgada y alega que el trabajador fue debidamente notificado de la resolución emitida por el Titular del Servicio de Homologación, y al no haber interpuesto ninguno de los recursos que se encontraban a su alcance dentro del plazo legalmente previsto (art. 2 inc. j de la ley 15.057), el dictamen emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional se encuentra firme y consentido, adquiriendo el carácter de cosa juzgada.
Luego, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo previsto en los arts. 2 y 14 de dicho régimen legal, y en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057. Señala que la indicada normativa no afecta el derecho de libre acceso a la justicia, toda vez que la resolución dictada en la instancia administrativa puede ser recurrida ante la justicia laboral competente mediante la interposición de una acción de revisión.
II.2. Por otra parte, se opone a la decisión del tribunal de grado que declaró su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones. Refiere que el actor no agotó debidamente la instancia administrativa previa y obligatoria que contempla el Título I de la ley 27.348 respecto de la afección psicológica que denunció padecer.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden de los agravios traídos, cabe indicar que, en relación a los embates orientados a cuestionar el rechazo de la excepción de incompetencia, el recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023 y L. 130.045, "Ross", resol. de 29-VII-2024; e. o.).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia -opuesta al contestar la acción- para entender respecto del reclamo vinculado a la afección psicológica derivadas del accidente laboral invocado, bajo el argumento de que el actor cumplió con el trámite administrativo previo y obligatorio, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A." (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
III.2. En lo que respecta al restante cuestionamiento, el recurso deviene inadmisible.
III.2.a Liminarmente, se impone observar que, en el sub examine , tal como lo sostuvo el órgano de grado, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por el importe reclamado en la demanda- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causa L. 131.692,"Llamas", resol. de 27-IX-2024). Por tal razón, el tratamiento del canal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24 (causa L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.502, "Peralta", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.b. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juárez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024), y la doctrina de esta Corte que el recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
III.2.c. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en relación al agravio analizado en el punto III.1 (arts. 278 y 279, CPCC), y rechazarlo respecto del cuestionamiento desarrollado en el punto III.2, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2025 13:39:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 11:01:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:08:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:05:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:23:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:44:57 hs. bajo el número RR-160-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia