Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132448
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida por el señor Federico Agustín Salinas y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de prestaciones dinerarias e indemnización adicional de pago único por incapacidad derivada de accidente de trabajo, juzgando aplicable al caso las disposiciones previstas en el decreto 669/2019 (v. veredicto y sentencia de fecha 5-III-2024 y 12-III-2024, respectivamente).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 11-IV-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 22-IV-2024).
En esencia, con denuncia de transgresión de la doctrina legal que cita, la impugnante se agravia de la aplicación retroactiva del decreto 669/2019, cuya entrada en vigencia -afirma- es posterior a la fecha del infortunio sufrido por el trabajador.
Seguidamente, se agravia de la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los acrecidos al capital de condena.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En este sentido, se observa que la recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre ella de acreditar que eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021; L. 130.640, "Gallardo", resol. de 1-XI-2023).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
III.1.b. Luego, no expuso la impugnante razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; SCBA causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.3. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida respecto de todas las argumentaciones y cuestionamientos que la compareciente trae en su recurso. Ello así, pues las doctrinas traídas en apoyo de tales reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", res. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, res. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", res. de 29-XII-2022; e.o.).
III.4. Asimismo, resulta inhábil la doctrina legal que se denuncia vulnerada, referida al principio de congruencia, cuyo examen, como reiteradamente ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55 de la ley ritual (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022; L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023 y L. 131.628, "Ramos", resol. de 29-VII-2024).
III.5. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 20:47:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:48:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2025 14:38:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2025 16:54:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2025 08:41:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/04/2025 10:01:06 hs. bajo el número RR-244-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia