Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte demandada (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagarle a la señora Bernarda Beatriz Flores y a S.N.S., B.W.A.S. e I.I.S. y F., en su carácter de derechohabientes del fallecido Mario Norberto Sánchez, la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por muerte del trabajador en el marco de la ley 24.557, adicionando intereses en la forma y modo que estableció (v. vered. y sent. de 28-VI-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora condenada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 29-VII-2024), ocasión en la que adjuntó la constancia bancaria correspondiente al depósito realizado de acuerdo a la liquidación practicada por la actuaria el 28 de junio de 2024 en los términos del art. 48 de la ley 11.653, conforme fuera ordenado en la sentencia (v. su inc. 2°).
Es del caso destacar que, en la especie, con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y a la acreditación del depósito en cuestión, la Presidenta del tribunal de grado, intimó a la recurrente para que - en el plazo de cinco días - hiciera efectivo el depósito que indicó, correspondiente al saldo del veinticinco por ciento (25%) de la liquidación practicada por la secretaria, en concepto de costas a soportar por la recurrente en los términos del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (en virtud de que la tasa y sobre tasa de justicia ya habían sido depositadas), bajo apercibimiento de rechazar el remedio interpuesto (v. providencia de 30-VII-2024).
III. Finalmente, el 15 de agosto de 2024, el tribunal de grado declaró desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por no haber cumplido la impugnante con el emplazamiento mencionado en el párrafo anterior, dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, C.P.C.C.; v. escrito electrónico de 27-VIII-2024).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta Corte, la recurrente, en prieta síntesis, se agravia por el cambio de parámetro del depósito previo impuesto en la instancia anterior, a la vez que se queja porque la norma aplicable no alude a estimaciones porcentuales sino a valores reales y tangibles que deben ser fijados en la regulación de honorarios respectiva -inexistente en la especie-, criticando asimismo el importe intimado por el a quo por no corresponderse con el referido veinticinco por ciento -25%-. En su opinión, al declarar la deserción del recurso, el tribunal laboral incurrió en excesivo formalismo al mismo tiempo que en violación del derecho de defensa en juicio.
IV. La queja prospera.
IV.1. De modo liminar, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el art. 83 de la ley 15.057 - aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.824/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables ( L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX2024).
A propósito de lo expresado, se impone memorar asimismo que esta Suprema Corte en oportunidad de expedirse en torno a la validez constitucional de la carga descripta, ha afirmado que no conculca derechos o garantías constitucionales pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria prevista en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo su crédito, del que la sentencia impugnada constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en el litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas condiciones (causa |L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX- 2024).
Específicamente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 133.818, "Costa", resol. de 13-III-2025 y L. 134.588, "Federación", resol. de 27-III-2025; e.o.).
IV.2. Sentado ello, corresponde poner de relieve que, conforme surge de autos, la interesada cumplió en tiempo y forma con la carga de integrar la suma correspondiente, a tenor del contenido de la sentencia de mérito y de la liquidación practicada en su consecuencia por la actuaria, que le fuera notificada (v. sentencia y liquidación de 28-VI-2024, constancia de notificación de 2-VII-2024 y comprobante de depósito efectuado adunado en archivo adjunto a la presentación de fecha 29-VII-2024).
V. En tal sentido le asiste razón a la recurrente.
V.1. Luego, más allá de otras consideraciones que podrían realizarse, el tribunal de grado, al declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no haber cumplido la impugnante con el emplazamiento dispuesto por la Presidenta del tribunal con posterioridad al dictado de la sentencia y la consecuente liquidación, además de la interposición del recurso extraordinario y la integración del depósito previo, constituye clara afectación del derecho de defensa y del debido proceso de la peticionaria (arts. 18, Const. Nac. y 15 de su par bonaerense).
Ello así toda vez que el impropio trámite impuesto a las actuaciones por la Presidenta del tribunal -al intimar a la recurrente por cinco días a depositar un monto global correspondiente al 25% de la liquidación practicada por la actuaria-, en franca desatención de lo decidido por el pleno en la sentencia (v. su inc. 2°), no puede afectarla con la declaración de deserción de su recurso, como consecuencia de no haber ajustado su proceder a contenidos que no se encontraban visibles (tal la ausencia de cuantificación de honorarios y aportes).
V.2. En atención a las consideraciones vertidas, carece de virtualidad expedirse sobre los restantes agravios desarrollados en la pieza que se provee.
VI. En consecuencia -a la luz de las constancias de autos-, encontrándose reunida la totalidad de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario intentado, corresponde hacer lugar a la queja traída y concederla (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte demandada (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2025 13:31:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2025 14:33:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2025 11:34:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2025 10:27:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2025 12:04:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/04/2025 13:06:57 hs. bajo el número RR-376-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia