Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132531
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por la señora María Camila Díaz Leuzzi y condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad, adicionando intereses en la forma y modo en que estableció, por aplicación del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- (v. pronunciamiento de fecha 17-IV-2024).
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa y sus apoderados -por derecho propio- interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 3-V-2024), siendo concedido por el a quo el de la accionante -en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653- y denegado el restante (v. resoluciones de 7-V-2024 y 24-II-2025).
En el único remedio que sobre el que corresponde expedirse en esta instancia, la actora se agravia de la utilización de la tasa activa del Banco Nación prevista en la ley 27.348, alegando que, por aplicación de lo resuelto por esta Corte en el fallo C. 124.096 "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), corresponde se adecue el crédito laboral mediante el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) con más una tasa pura del seis por ciento -6%- anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al caso-, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de 7-V-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes (v. notificación electrónica de fecha 10-V-2024), no mereció objeciones de la aquí impugnante.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 123.296, "González", resol. de 15-II-2023 y L. 132.766, "Tejera", resol. de 27-III-2025).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la única doctrina legal traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 130.361, "Ocampo", resol. de 13-III-2025).
Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 12:51:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:18:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:22:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2025 14:47:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2025 08:18:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2025 11:02:57 hs. bajo el número RR-421-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia