Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132823
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Edgard Nahuel Malmoria y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de prestaciones derivadas de la ley 24.557, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/2019 (v. pronunciamiento de fecha 24-VI-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 8-VII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 29-VII-2024).
En su presentación, la interesada se agravia de la decisión del tribunal de grado en cuanto determinó el ingreso base mensual aplicando retroactivamente el decreto 669/2019. Alega vulnerado el principio de congruencia. Cita la doctrina que considera violada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, la compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 82 de la ley 15.057.
En ese sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R. M., P. A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
III.2. En estas condiciones, el tratamiento del canal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de la interposición del recurso, según Resol. 1.840/24 (causa L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024; L. 133.502, "Peralta", resol. de 28-XI-2024 y L. 133.550, "Scaltritti", resol. de 27-III-2025; e.o.).
Asimismo, debe indicarse que la impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 132.212, "Singh", resol. de 15-10-2024).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de los cuestionamientos que porta el recurso, dirigidos a objetar la aplicación del decreto 669/2019, desde que la doctrina legal invocada por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021; L. 131.179, "Cardozo", resol. de 20-VIII-2024 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025).
III.4. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
III.5. Seguidamente, tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado en cuanto la impugnación bajo examen se estructura, asimismo, sobre la eventual infracción del principio de congruencia, por resultar, éste, un asunto detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 129.468, "Cantero", resol. de 27-XI-2022; L. 130.068, "Pérez", resol. de 27-II-2023 y L. 133.235, "Ramírez", resol. de 29-10-2024).
III.6. Por último, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que en su lacónico reproche final que formula la recurrente, respecto de la imposición de costas, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar respecto de lo expuesto en el apartado III.5.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/05/2025 11:02:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2025 18:27:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2025 11:35:34 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:19:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2025 11:53:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/05/2025 12:55:13 hs. bajo el número RR-462-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia