Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132665
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida por el señor Agustín Gabriel Barreto y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad, adicionando intereses en la forma y modo en que estableció, por aplicación del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- (. V. vered. de 3-V-2024 y sent. de 6-V-2024).
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 17-V-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 25-V-2024).
En sustancia, objeta la utilización de la tasa activa del Banco Nación prevista en la ley 27.348, alegando que resultaba de aplicación al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, en tanto no fue declarado inconstitucional por el a quo , y resulta más beneficioso para el trabajador.
Al respecto, aduce que dicha solución iría en línea por lo resuelto por esta Corte en el fallo C. 124.096 "Barrios" (sent. de 17-IV-2024). En ese sentido, señala que, de la comparación de los distintos índices de ajuste, surge claro que el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- da un resultado mejor que la aplicación de la tasa activa.
Asimismo, solicita que se aplique a dicho resultado la tasa pura, y luego se proceda a la capitalización, conforme lo establecido por el art. 770 inc. b del Código Civil y Comercial.
Finalmente, se agravia de la omisión en que incurre el pronunciamiento de tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, se impone observar que, en el sub examine , el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe de los intereses que fijó el a quo y el monto que habría de obtenerse según las pautas propuestas por el impugnante- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causas L. 131.692,"Llamas", resol. de 27-IX-2024 y L. 129.260, "Llovet", resol. de 27-III-2025). Por tal razón, el tratamiento del canal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo, in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la articulación del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 126.507, "Eberle", resol. de 12-III-2025).
III.1.b. Además, debe indicarse que el recurrente no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022; L. 129.861, "Báez", resol. de 6-II-2023 y L. 132.766, "Tejera", resol. de 27-III-2025).
III.1.c. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021 y L. 130.730, "Ricca", resol. de 27-II-2024).
III.2.a. En ese contexto, con relación al agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento en cuanto dispuso calcular las prestaciones de conformidad con lo dispuesto por la ley 27.348, así como aquél por el cual pretende la capitalización de los accesorios, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 130.361, "Ocampo", resol. de 13-III-2025).
III.2.b. Respecto del restante reproche planteado, en lo relativo a la preterición denunciada, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde señalar que por principio general la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021 y L. 131.925, "Urrutia Castillo", resol. de 24-II-2025).
III.3. Por último, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:19:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:21:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:30:14 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:20:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2025 12:00:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/05/2025 12:56:03 hs. bajo el número RR-482-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia