Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133249
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda incoada por el señor Hernán Darío Gutiérrez contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de cobro de prestaciones derivadas de la incapacidad laboral que manifestó padecer (v. vered. y sent. de fecha 13-VI-2024).
Para así decidir, tras evaluar las constancias de la causa, juzgó no acreditada la existencia de afecciones incapacitantes vinculadas con las tareas prestadas a favor del empleador.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 4-VII-2024), el que fue concedido en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 31-VII-2024).
Se agravia, en lo esencial, de la conclusión del tribunal de grado en cuanto determinó que el trabajador no posee minusvalía laboral.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas al actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que -tal como lo manifestó el a quo (v. resol. de 31-VII-2024)- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto reclamado en la demanda con más el importe de las costas de cuya imposición también se agravia- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023; L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023, L. 132.318, "Rodríguez", resol. de 20-XI-2024 y L. 132.614 "Martínez", resol. de 12-III-2025).
Asimismo, debe indicarse que el atacante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022).
Además, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, rectius : 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causa L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 131.829, "Verón Portillo", resol. de 20-VIII-2024 y L. 132.140, "Álvarez", resol. de 15-X-2024).
III.2. En ese marco, no se observa la concurrencia del mencionado supuesto de excepción, toda vez que el interesado no cita -respecto de ninguno de los agravios- como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022; L. 132.018, "Gómez", resol. de 20-IX-2024 y L. 132.236, "De León", resol. de 24-II-2025).
III.3. Por último, dable es recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:14:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:20:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2025 12:27:55 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:21:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:29:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:03:58 hs. bajo el número RR-502-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia