Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130039
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.039, "Helguera, César Oscar contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Kohan, Maidana.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su sentencia, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor César Oscar Helguera promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de las sumas de dinero que determinó en concepto de reparación integral de daños y perjuicios, monto que —dijo— contemplaba las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de riesgos del trabajo —incluso— aquella por gran invalidez; ello, en razón de la incapacidad derivada del infortunio que padeció el actor el día 26 de noviembre de 2013. Desestimó, en cambio, el reclamo "en concepto de incapacidad psíquica y gastos vinculados".
Para así decidir, juzgó acreditado que, en la fecha señalada, cumpliendo tareas como agente de policía, el actor sufrió una caída sobre su propio cuerpo al pisar un terreno irregular que le provocó una lesión incapacitante en su espalda, ello, en ocasión de participar en la persecución de dos presuntos delincuentes en el marco de un hecho delictivo e intentar evitar recibir un disparo de un arma de fuego por parte de aquellos. También entendió probado que como consecuencia de dicho evento el demandante padece una incapacidad física definitiva, que lo afecta en un 69,90% de la total obrera, con carácter de gran invalidez.
Resultando que la pretensión se encontraba dirigida a obtener la reparación integral de los daños y perjuicios con fundamento en el derecho común y que se hallaba acumulada con aquellas vinculadas con las prestaciones dinerarias del régimen especial de infortunios de trabajo, en lo que reviste interés, se detuvo inicialmente a tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su texto original), efectuado por el demandante.
Al respecto, recordó que en el marco del anterior art. 39 de la ley 24.557, la Corte de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron fallos que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente". En ese contexto, consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, aludió allí al principio de progresividad. A su vez, ponderó que la opción excluyente que contempla la norma obsta al pleno acceso a la justicia y, al obligar al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica lo perjudica. Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del menado precepto legal por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; entre otras normas que individualizó. Agregó que correspondía proceder de ese modo en virtud del criterio plasmado por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
Seguidamente, condenó a la demandada al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "b", 15 inc. 2 y 17 inc. 2 de la ley 24.557 y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
A su vez, tuvo por acreditados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil y declaró procedente el reclamo de reparación integral así fundado en un análisis situado en la actividad riesgosa que razonó comprendida en dicha norma. Remarcó que el acto de persecución que protagonizó el actor, y en cuyo contexto se produjo un disparo, constituye una situación de alto riesgo que resultó la condición causal del accidente.
En ese orden, acudiendo a distinta jurisprudencia y a las reglas de las deudas de valor, fijó la reparación por daño patrimonial, incluyendo su pérdida de capacidad de ganancia, de chance y la prestación por gran invalidez. Asimismo, dentro de los daños extrapatrimoniales consideró al daño moral ocasionado, el estético y el resultante de la integridad psicofísica generada.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; de los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 902 a 906, 1.068, 1.069, 1.072, 1.078, 1.113 —segundo párrafo— del Código Civil (ley 340); 2 y 4 de la ley 26.773; 10, 11 apartado 4 inc. "b", 17 y concordantes de la ley 24.557; 165, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d", 63 y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2022).
II.1. Cuestiona la declaración de inconstitucionalidad que efectuó el tribunal de grado del art. 4 de la ley 26.773.
Afirma que el fallo es absurdo y arbitrario porque en él se ha optado por reemplazar un sistema establecido por el Congreso de la Nación por otro que ha sido preferido por la judicatura, pero sin que se haya demostrado la invalidez constitucional del primero, ni el perjuicio concreto que le provocaría a la demandante.
En sustancia, refiere que la regla legal invalidada se ajusta a la Constitución nacional y no vulnera los principios de progresividad, indemnidad, igualdad e irrenunciabilidad. Insiste en que la normativa en crisis no cercena ninguna garantía constitucional, ya que solo establece que los sistemas indemnizatorios reconocidos no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades del legislador.
Argumenta que el régimen especial de la ley 24.557, modificado por el art. 4 de la ley 26.773, otorga una mayor protección al tener como objetivo principal la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo.
II.2. Por otro lado, objeta la decisión de grado que atribuyó responsabilidad civil objetiva a la demandada.
Refiere que para que la accionada deba responder por su "actividad riesgosa" es menester que se encuentre acreditado que la actividad guarda un nexo causal adecuado con los perjuicios denunciados.
Señala que en el caso el tribunal juzgó que los daños debían atribuirse en forma directa a la "actividad riesgosa" desplegada por la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento de la función estatal de seguridad. A su juicio, tal modo de resolver evidencia que ninguna incidencia tuvo en el pronunciamiento impugnado el dato decisivo que indica que las lesiones sufridas por el actor fueron consecuencia directa de las maniobras efectuadas para protegerse del disparo realizado por un delincuente, ello, cuando el art. 1.072 del Código Civil (ley 340) coloca a tal sujeto como el responsable directo.
Afirma que es contrario a los principios de la lógica y del derecho afirmar, como hizo el tribunal de trabajo, que la actividad policial realizada resulta en la condición causal del accidente, porque entonces podrían identificarse dos "condiciones adecuadas" independientes como las causantes de un mismo daño: el acto ilícito del delincuente y la "actividad riesgosa" de la demandada.
Agrega que el cumplimiento del deber del demandante no fue la causa jurídica o "condición adecuada" de las lesiones, que —como quedó fehacientemente establecido— resultan atribuibles en forma exclusiva al accionar de un delincuente.
Sumadas a otras expresiones, concluye que el argumento que postula que el delincuente que disparó sobre el agente policial no puede ser considerado como un "tercero ajeno" al Estado provincial se revela infundado, porque es producto de un razonamiento que constituye un manifiesto apartamiento del orden lógico que vincula a los hechos que motivaron el daño y sus consecuencias.
II.3. Postula que al margen de la —a su juicio— injustificada declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 en cuanto consagra la "opción excluyente", el tribunal de grado no impugnó la parcela de dicha norma que dispone la imposibilidad de acumular los regímenes indemnizatorios.
Con ello, controvierte que la demandada haya sido condenada a abonarle al actor una suma indemnizatoria en los términos del Código Civil y, además, la prestación sistémica por gran invalidez.
A su vez, bajo la denuncia de absurdo, cuestiona el rubro reconocido en la sentencia en concepto de "pérdida de capacidad de ganancia", pues alega que fue determinado de forma dogmática.
Asimismo, objeta la suma indemnizatoria establecida por "pérdida de chance", en tanto su importe fue cuantificado tomando como base el cuestionado rubro mencionado anteriormente. A la par, sostiene su improcedencia, argumentando que, dada la edad e incapacidad previa del accionante al momento del infortunio, este no contaba con probabilidades previas de avanzar en el escalafón policial y, consiguientemente, obtener beneficios económicos dentro de la especialidad para la cual se encontraba apto.
Por último, discurre acerca de la cuantía otorgada en concepto de daño moral, porque dice que fue cuantificada teniendo en cuenta el porcentaje de una reparación que —estima— viciada y se desconoció el carácter autónomo del daño extrapatrimonial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe señalar que la decisión de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 (conforme la redacción que precedió a la ley 27.348), ha de permanecer incólume.
En efecto, dejando a salvo mi opinión sobre el tema, lo resuelto en el fallo impugnado en estas actuaciones se inscribe en el criterio que es doctrina legal del Tribunal (me refiero, claro, a la que emana de la causa L. 124.807, "Vera", sent. de 11-V-2021). Ello conduce a desestimar el cuestionamiento con expreso fundamento en la herramienta prevista en el primer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (conf. causa L. 128.757, "Marcucci", sent. 30-X-2023).
III.2. Tampoco luce de recibo aquel agravio vinculado con la atribución de responsabilidad civil objetiva del Estado provincial.
Más allá de la opinión a la que pudiese arribarse sobre el fondo del asunto, sin que entonces lo aquí expuesto implique abrir juicio sobre el grado de acierto de lo decidido en la instancia, el embate, diseñado a influjo de considerar que el perjuicio padecido por el accionante solo puede ser atribuido en forma exclusiva al accionar de un delincuente que efectuó el disparo del arma de fuego, se revela fruto de una reflexión tardía.
En efecto, la deficiencia técnica que porta esta parcela del recurso en examen se patentiza al observarse que recién ante el resultado del fallo, adverso a sus intereses, el impugnante pretende introducir en casación un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, constituyendo por ello una cuestión novedosa, no susceptible de ser evaluada en esta sede extraordinaria (causas L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020; L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022 y L 127.750, "Tonil", sent. de 23-XI-2023).
III.3. No mejor suerte ha de correr la crítica emparentada con la condena dispuesta en el fallo comprensiva de distintos tipos de reparaciones.
Dable es indicar, que el tribunal de grado descalificó la constitucionalidad del citado art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la opción excluyente allí prevista, y en ese trance expresamente sostuvo que aquella declaración resultaba procedente pues el precepto legal "impedía al reclamante infortunado solicitar las prestaciones sistémicas acumuladas con la reparación integral" (sent., apartado liminar de la propuesta decisoria).
Luego, es nítido que lo señalado por el recurrente al asegurar que el a quo no hubo de invalidar aquella parcela de la norma mencionada que impide acumular las diferentes indemnizaciones, es producto de una desacertada lectura del pronunciamiento.
Son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020 y L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021).
III.4. En lo vinculado con la determinación y conformación de la indemnización establecida en el marco del derecho civil, se advierte que el tribunal de la instancia hubo de valerse de un razonamiento elaborado a partir de los hechos principales acreditados en la causa y conforme a parámetros objetivos aceptados genéricamente por tribunales laborales de distintas jurisdicciones y despojados de visos irrazonables o ilógicos.
Y bajo ese señalamiento, los reproches que trae el impugnante nuevamente se revelan infructuosos para modificar lo decidido, pues las motivaciones que exhibe esta parcela de su crítica no logran evidenciar el error grave, grosero y fundamental o el apartamiento de las constancias de la causa que caracterizan al absurdo; eventualmente, tampoco cuenta con una argumentación orientada a evidenciar la violación de norma o doctrina legal alguna utilizada por el juzgador.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Suscribo lo expuesto por el doctor Soria en su voto.
I.2. Solo he de aclarar que, atento que la cuestión a dirimir respecto al art. 4 de la ley 26.773 (en su versión original) guarda sustancial analogía con el tema debatido en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), reiteraré —en lo pertinente— los conceptos expuestos al emitir mi opinión en aquella oportunidad.
I.2.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie, la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 —complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo— mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fueron declaradas —por mayoría— por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), y en las posteriores L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
I.2.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807.
I.2.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente una serie de argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que me referiré brevemente —por razones de buen orden y en honor a la brevedad—, remitiéndome —en lo demás— a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
I.2.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional —por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75— en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.1.), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN causa "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007; Fallos: 330:989; ídem, "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro"; sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa —regla derivada del aludido principio— en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
I.2.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso "Vera" que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, que se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta —asimismo— los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.