Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción iniciada por el señor Nicolás Agustín Chejolan contra la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, rechazó el planteo de caducidad y la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 7-XI-2024).
Para así decidir, sostuvo que de la prueba agregada a la causa no surgía acreditado que el actor hubiera sido notificado de la disposición de alcance particular emitida por el Titular del Servicio de Homologación, tal como lo dispone el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, requisito necesario para comenzar a computar el plazo de 90 días hábiles judiciales que allí se establece para decretar la caducidad de la instancia. En tales condiciones, juzgó que la resolución administrativa no había adquirido firmeza, por lo que correspondía desestimar el planteo de caducidad y la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 22-XI-2024), el que fue concedido por el tribunal de grado mediante resolución de fecha 13 de diciembre de 2024 y aclaratoria de fecha 19 de diciembre de 2024.
En lo sustancial, sostiene que la decisión del tribunal de grado es absurda, toda vez que de las constancias obrantes en la causa surge acreditado que la demanda que da inicio a estas actuaciones fue promovida luego de vencido el plazo de caducidad que establece el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, hallándose firme el dictamen emanado del Titular del Servicio de Homologación y, por ende, configurada en el caso la cosa juzgada administrativa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 4.167/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025; e.o.).
De suyo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, detraídas de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023; L. 130.722, "Maraglio", resol. de 8-IV-2024 y L. 133.024, "González", resol. de 30-XII-2024; e.o.).
De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por la impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024; e.o.).
A lo expuesto se agrega, que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:16:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:21:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2025 11:08:19 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:20:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:31:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:04:25 hs. bajo el número RR-513-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia