Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata condenó a la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación- a pagarle a Ana María Peralta, la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 apdo. 2 inc. a y 3 de la ley 26.773 (v. sent. de 20-XII-2023).
En lo que interesa destacar, luego de cuantificar los montos de condena a valores actuales, determinó que, desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el dictado de la sentencia, los intereses moratorios debían ser acumulados y calculados a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual; devengando, a partir de 21 de diciembre de 2023, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, en los términos previstos en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y el art. 12.3 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según ley 27.348).
II. Contra este último aspecto de la decisión, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 16-II-2024), en el que, en prieta síntesis, tras argumentar sobre lo que consideró una aplicación oficiosa del art. 770 del Código Civil y Comercial, alegó errónea la adición de los intereses moratorios. En tal sentido, especificó que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí previstas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
A su turno, el sentenciante de mérito, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir, ocasión en que aclaró que a su criterio no se encontraría evidenciado el supuesto excepcional establecido, a los fines de superar aquel valladar, en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resol. de 12-IV-2024), lo que motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 24-IV-2024).
En el recurso de hecho deducido ante esta sede de casación local, la interesada, denuncia que el tribunal de grado, al realizar el juicio de admisibilidad de la vía recursiva intentada, se extralimitó en el uso de las facultades previstas en el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial. Luego, reedita los argumentos ensayados en aquella vía, tendientes a superar los límites establecidos por la norma ritual al valor del litigio, con sustento en la irrelevancia del tope dispuesto, en atención a la denuncia de violación de la doctrina legal que especificó.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no desconoce que la cuantía económica del pleito no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable, cabe reiterar, a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.2. En atención a ello, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (arts. 292, CPCC; y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
IV. Ahora bien, ingresando en los argumentos desplegados en el recurso que por este acto se concede y que fueron reseñados en los acápites precedentes, cabe anticipar que no puede prosperar (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Al respecto, corresponde rechazar el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos similares (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 129.976, "Balutt" sent. de 20-XI-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 11:31:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 14:41:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 10:42:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:36:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:57:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/06/2025 14:30:35 hs. bajo el número RR-590-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia