Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132007
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción promovida por los derechohabientes del señor Ramón Sebastián Rojas contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de las prestaciones dinerarias por fallecimiento previstas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo, declaró la falta de aptitud jurisdiccional para entender en autos (v. pronunciamiento de 13-XII-2023).
Para así decidir, con sustento en el criterio delineado por esta Suprema Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), juzgó que la parte actora no había dado cumplimiento con el trámite administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348, declarándose -en consecuencia- incompetente para conocer en la causa; imponiendo las costas por su orden.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-XII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 2-II-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 26-VIII-2024).
En lo sustancial, alegan que el fallo es arbitrario, ya que, dada su calidad de derechohabientes del trabajador fallecido, se encontraban imposibilitados de iniciar el procedimiento administrativo por ante las comisiones médicas, estando únicamente habilitadas para ello las aseguradoras de riesgos del trabajo con quien la empleadora había suscripto el contrato de afiliación. Manifiesta que los hechos que se suscitaron en estas actuaciones no son los mismos que se ventilaron en la causa "Marchetti", habiendo el tribunal de grado aplicado erróneamente los arts. 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057 y 14 bis de la Constitución nacional.
Se agravian, además, de la imposición de las costas.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone recordar que reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021; L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
También ha dicho, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, que revisten la nota de definitividad a fin de ser consideradas equiparables, aquellas en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019 y L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021).
En virtud de lo señalado y las particulares circunstancias reseñadas en los antecedentes, la decisión recurrida debe ser equiparada a sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2. Establecido lo que antecede, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.3. En el contexto descripto, es dable señalar que respecto de primer agravio traído no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que la crítica remite al análisis de cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, marginados de revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 127.556, "Velázquez", resol. de 20-XII-2021; L. 122.773, "Urrutia", resol. de 15-VII-2022 y L. 129.688, "Carrizo", resol. de 15-II-2023; e. o.) y la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su impugnación ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e. o.).
Para más, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022; e.o.).
III.4. Asimismo, corresponde desestimar la objeción planteada en torno a la imposición de costas, dado que no se ha denunciado a su respecto violación de doctrina legal alguna de la Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto del carril excepcional por el que transita el recurso (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 128.264, "Pacheco", resol. de 17-X-2022 y L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 11:49:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 14:40:09 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 10:44:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:38:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 14:02:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/06/2025 14:32:03 hs. bajo el número RR-622-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia