Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133356
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Nicolás Franco contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por el reagravamiento de las secuelas padecidas como consecuencia del infortunio que sufrió mientras prestaba tareas a órdenes de su empleadora, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. resol. de fecha 27-VIII-2024).
Para así decidir, sostuvo que no había sido discutido en autos que el actor transitó la instancia administrativa previa y obligatoria establecida por el Título I de la ley 27.238, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (arts. 2 de la ley 27.348 y 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 6-IX-2024), el que fue concedido por el órgano de grado en el marco de la excepción prevista por el art. 82 de la ley 15.057 (v. resol. de 20-IX-2024).
En lo sustancial, la interesada refiere que por el siniestro invocado en el escrito de inicio el actor transitó la instancia administrativa a través del expediente n° 131.499/22, en el cual arribó a un acuerdo homologado por el Titular del Servicio de Homologación, habiendo percibido la suma allí estipulada en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente parcial y el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
Señala que, con posterioridad, el actor promovió un nuevo trámite (expediente n° 87.844/21), que fue archivado por la Comisión Médica n° 391 de San Isidro, sin emitir dictamen, ante la existencia del acuerdo homologado.
En ese contexto, alega que el tribunal de origen rechazó la excepción de cosa juzgada soslayando la existencia del convenio arribado en sede administrativa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que -tal como lo manifestó el órgano de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según resolución SCBA 1.840/2024.
III.2. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley ritual laboral (L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 134.349, "Maciel", resol. de 4-VI-2025; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024).
III.3. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, detraídas de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023; L. 130.722, "Maraglio", resol. de 8-IV-2024 y L. 133.024, "González", resol. de 30-XII-2024; e.o.).
De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por la impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020; L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024; e.o.).
A lo expuesto se agrega, que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2025 09:46:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:39:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:46:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:39:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:22:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:14:38 hs. bajo el número RR-774-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia