Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Sonia Elizabeth Marecos Cespedes y condenó a la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral y permanente, derivada del accidente de trabajo acreditado en autos (v. pronunciamiento de 6-II-2024).
En lo que resulta de interés destacar por haber sido materia de recurso, el a quo , tras declarar la invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773, calculó las indemnizaciones debidas con fundamento en la normativa especial de riesgos, a cuyo monto adicionó intereses calculados en los términos previstos en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 apdo. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Finalmente, estipuló que dicho capital devengaría hasta su efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
II. Contra dicha decisión, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 28-II-2024), ocasión en la que sostuvo que, en la especie, se evidenciaría la configuración de una típica cuestión federal "en la medida que la resolución del colegiado de grado ha puesto en tela de juicio la validez de una ley del Congreso (artículo 4, ley 26.773) y la decisión recaída es contraria a su validez (artículo 14, inciso 1°, ley 48; Fallos, 340:669; 323:31; etcétera)" (sic). Sobre tal afirmación, adujo habilitada la instancia de casación provincial, en los términos de la doctrina emanada de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) (v. acápite III.2. Monto del Juicio, del escrito recursivo).
A su turno, el tribunal laboral declaró inadmisible el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir y la ausencia de configuración en el caso de la excepción a dicho requisito establecido en el art. 55 de la ley ritual del fuero (v. resol. de 28-VI-2024), lo que motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 29-VII-2024).
En el recurso de hecho deducido directamente ante esta sede de casación local, la interesada reitera que en el sub discussio se evidencia una cuestión federal, en la medida que la resolución del colegiado de grado ha puesto en tela de juicio la validez de una ley del Congreso (en el caso, el art. 4, ley 26.773) y la decisión recaída es contraria a su validez (art. 14, inc. 1, de la ley 48; Fallos, 340:669; 32 3:31). Tal circunstancia, especifica, se vincula de modo directo e inmediato con lo decidido en el pleito, como lo requiere el art. 15 de la ley 48. Desde otro costado, argumenta que el tribunal laboral se excedió del límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial en relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al haber incursionado en una materia que es privativa de la Suprema Corte.
III. La queja prospera.
III.1. Le asiste razón a la impugnante en cuanto observa que el tribunal de grado, al denegar el recurso de inaplicabilidad de ley, se extralimitó en sus atribuciones. En tal sentido, esta Suprema Corte se ha pronunciado en supuestos como el presente en que el a quo , al expedirse en torno a los requisitos de admisibilidad de los remedios extraordinarios, emite un juicio vinculado a la procedencia de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada, excediendo sus atribuciones por resultar, aquel análisis, materia privativa de esta Suprema Corte (causas Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010 y L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011), aclarando así que debió ajustarse a resolver sobre si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63 ley 11.653 -vigente al momento del dictado de la resolución atacada- y 281, CPCC).
III.2. Sin perjuicio de lo antedicho, cabe resaltar que, en la especie, la Fiscalía de Estado no desconoce que el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
III.3. No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo evidenció la impugnante.
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, aplicable al momento de su interposición, debe introducirse en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose, prima facie valorado, de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos 308:490, in re "Strada"; Fallos 310:324, in re "Christou"; Fallos 311:2478, in re "Di Mascio"; S.C.B.A., cfr. doctr. causas L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Lo expuesto, en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos, que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian y a la existencia, o no, de violación de la doctrina legal (art. 55 segundo párrafo in fine , ley 11.653, aplicable al caso).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2025 09:44:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:39:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:43:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:37:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:21:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:13:25 hs. bajo el número RR-756-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia