Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133848
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de la Matanza, en el marco de la acción promovida por el señor Luciano Armando Acevedo contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de 23-V-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del actor de la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica, siendo -señaló- la propia normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) la que establece la posibilidad del trabajador de optar por peticionar la revisión de lo actuado en sede administrativa ante la justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Sostuvo que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 estatuye que la revisión que prevé el art. 2 de la Ley 27.348 se formalizará a través de una acción laboral ordinaria. A partir de ello, entendió que, en el presente caso, disconforme el trabajador con la conclusión a la que arribara la comisión médica, ejerció -en opción válida- el despliegue de una acción autónoma para efectivizar la tutela judicial a la que normativamente tiene derecho.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 7-VI-2022), el que fue concedido por el a quo mediante resolución del 11 de julio de 2022.
En lo sustancial, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo previsto en el art. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Alega, además, que la Comisión Médica Jurisdiccional emitió dictamen en el que concluyó que el actor no presenta incapacidad como consecuencia del siniestro denunciado, habiendo luego dictado el Titular del Servicio de Homologación (en fecha 31 de agosto de 2021) el respectivo acto de clausura.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, afirma que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada del órgano administrativo, encontrándose por ende la misma firme y consentida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que la doctrina que se invoca transgredida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 129.729, "Azocar", resol. de 30-V-2023; e.o), no resultando -en consecuencia- idónea en el marco del estrecho carril en tratamiento.
IV. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/07/2025 14:21:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2025 11:27:43 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 12:43:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2025 15:42:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2025 08:32:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/07/2025 09:16:24 hs. bajo el número RR-807-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia