Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130780
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.780, "Nasti, Roberto Raúl contra Experta ART. S.A. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción deducida e impuso las costas a la actora (v. pronunciamiento de fecha 18-V-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Experta Aseguradora de Riesgo del Trabajo S.A. y rechazó la demanda promovida por Roberto Raúl Nasti, mediante la cual procuraba el cobro de una indemnización —al amparo de las leyes 24.557 y 26.773— en razón del porcentaje de incapacidad que fue determinado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2, Secretaría Laboral n° 5, en la sentencia dictada el 21 de diciembre del 2012.
Para así decidir, tras analizar los escritos constitutivos de la litis, la documentación acompañada por las partes y con la invocación de que el principio iura novit curia tiene aplicación en materia de prescripción —conforme el precedente de esta Corte que citó—, el juzgador de origen consideró que el objeto de la demanda interpuesta era el cobro de una indemnización en los términos del art. 15 de la ley 24.557, cuyo plazo de prescripción era el previsto por el art. 44 de la misma ley (v. resol., págs. 3 y 4).
Evaluó que, al contestar el traslado del art. 29 de la Ley 11.653, el accionante indicó que la sentencia que determinó el porcentaje de incapacidad adquirió firmeza el 4 de agosto de 2017 y argumentó que el 26 de marzo de 2018 inició acción por el cobro de la misma ante el Juzgado Federal n° 2, Secretaría n° 5, quien la rechazó in limine declarándose incompetente. Agregó que, apelada dicha decisión, la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social la confirmó el 5 de mayo de 2022 y resolvió devolver las actuaciones al juzgado de origen a efectos de que se remitieran al Tribunal de Alzada que correspondiera, debiendo contarse a partir de esta fecha el inicio del plazo de la prescripción.
Consideró el a quo que, con la documentación acompañada, el accionante no acreditó haber promovido ante el juez federal una demanda por el cobro de una indemnización derivada de un accidente de trabajo sino una ejecución de sentencia, por lo que no cabía entender que la ejecución (rechazada con fecha 5-V-2022) tuviera efectos interruptivos o suspensivos del plazo de la prescripción.
Luego, destacó que el propio actor había manifestado que la demandada no abonó el pago de la indemnización en el plazo legal de quince días previsto por la resolución 104/98 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que ambas partes estaban contestes en que la sentencia que declaró el porcentaje de incapacidad adquirió firmeza el 4 de agosto de 2017.
Bajo este razonamiento, teniendo en cuenta que la acción fue promovida el día 6 de marzo de 2023, hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por la aseguradora y rechazó la demanda (conf. art. 44 inc. 1, ley 24.557; v. resol., págs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 15, 27 y 43 de la provincial; 9, 44 inc. 2 y 45 inc. "c" de la ley 24.557; 2.546 y 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación; 68 del Código Procesal Civil y Comercial y 19 de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 31-V-2023).
II.1. Cuestiona la sentencia de grado en cuanto admitió la defensa de prescripción con sustento en el apartado 1 del art. 44 de la ley 24.557. Señala que su parte inició la demanda ante el juzgado federal dentro del plazo previsto en la citada norma (v. rec., pág. 5).
II.2. Le reprocha al juzgador haber tomado como inicio del cómputo de la prescripción la sentencia que confirma su incapacidad del 4 de agosto 2017 y no haber tenido en cuenta el fallo de fecha 5 de mayo de 2022 que rechazó su pedido de ejecución y ordenó que se elevara la causa al órgano jurisdiccional que correspondiera (v. rec., pág. cit.).
Alega que, de acuerdo a lo prescripto en el art. 2.546 del Código Civil y Comercial, debió asignarle a dicha decisión efectos interruptivos o suspensivos del plazo prescriptivo.
II.3. Indica que, en el caso, no se han aplicado los principios establecidos en los arts. 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, concernientes a la norma más favorable para el trabajador y a la interpretación y aplicación de las leyes.
II.4. Aduce soslayado el inc. 2 del mentado art. 44, en cuanto dispone que "...prescriben a los diez (10) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias" (rec., pág. 6).
Añade que la sentencia de 5 de mayo de 2022 "da comienzo al plazo de prescripción de cinco años del art. 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial" (rec., pág. 7).
III. El recurso no prospera.
III.1. A mérito de su insuficiencia, no es de recibo el embate orientado a cuestionar el acogimiento de la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
III.2. Tal como se adelantó en la reseña efectuada, el órgano de grado —a partir del análisis que efectuó de los escritos constitutivos de la causa y su documental— juzgó que el reclamo del actor se limitó a perseguir el cobro de la indemnización prevista por el art. 15 de la ley 24.557. Por ello sostuvo que el plazo de prescripción de la acción resultaba ser el contemplado en el art. 44 de la misma ley.
En este orden, descartó que pudieran asignarse efectos interruptivos o suspensivos de dicho lapso a la sentencia que rechazó la ejecución promovida por el accionante en el fuero federal (pronunciamiento confirmado por la Cámara Federal de la Seguridad Social con fecha 5-V-2022).
Concluyó entonces que siendo contestes las partes en que la decisión que declaró el porcentaje de incapacidad adquirió firmeza el 4 de agosto de 2017 y que la obligación debía de haber sido abonada a los quince días de esa fecha, la presente acción —promovida el 6 de marzo de 2023— por cobro de indemnización por accidente de trabajo se encontraba prescripta (conf. art. 44, Ley de Riesgos del Trabajo).
III.3. A partir de ello, es posible advertir que la crítica del recurrente se disipa en un reproche que traduce su mera disconformidad con lo resuelto, siguiendo una línea argumental apartada del razonamiento elaborado en el fallo. A la par, no efectúa un desarrollo que denote que el pronunciamiento dictado transgreda lo prescripto por el citado precepto o, incluso, el resto de las normas cuya aplicación pretende.
Cabe recordar que este Tribunal tiene dicho que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.4. En este sentido, dable es agregar que tiene dicho esta Suprema Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; L. 122.631, "G., O. A.", sent. de 30-XII-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 128.498, "T., O. A.", sent. de 28-X-2024), vicio lógico cuya configuración, en el caso, el interesado siquiera denuncia.
III.5. Tampoco resulta útil a los fines de modificar lo resuelto el lacónico párrafo en el cual se denuncia la no aplicación del apartado 2 del art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo, toda vez que dicha alegación pone en evidencia la propia contradicción del recurrente entre lo argumentado en las anteriores etapas del proceso y lo expuesto en el recurso frente a la suerte adversa de su reclamo (conf. causa L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
Obsérvese, en este orden de ideas, que al evacuar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 —aplicable al caso— el accionante se limitó a indicar lo acontecido con el trámite de ejecución de sentencia intentado en el fuero federal y a postular que el inicio del cómputo de la prescripción debía situarse en la fecha del pronunciamiento dictado por la Cámara federal de la Seguridad Social (el 5-V-2022).
III.6. Por otro lado, en lo atingente a la denuncia de violación del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, debo recordar que la duda a que alude la disposición citada es un estado de ánimo que se produce —o no— en el juzgador al tiempo de dictar sentencia. Por lo tanto, no resulta de aplicación la regla contenida en dicha norma si, como en el caso, los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022 y L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023).
En igual sentido, tampoco resulta conculcado el art. 11 de la citada ley de fondo, habida cuenta que el pleito se resolvió en el marco de las normas de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin que se advierta —como se señaló— la existencia de duda alguna por parte del juzgador de mérito.
III.7. Finalmente, la insuficiencia del embate también se patentiza a partir de que el recurrente no se ocupa de identificar con la mínima precisión que es exigible en un recurso extraordinario, la doctrina legal de este Tribunal que reputa transgredida, incumpliendo así con la carga que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto exige que el recurso debe contener, en términos claros y concretos, la doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia (causas L. 106.269, "Collado", sent. de 29-II-2012; L. 118.445, "Galanes", sent. de 15-XI-2016 y L. 119.981, "Campillo", sent. de 13-VI-2018).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2025 10:13:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2025 09:29:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:31:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 13:55:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/07/2025 14:47:21 hs. bajo el número RS-48-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia