Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4.c. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, deduzca debidamente los importes ya abonados por la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.975, "Barral, Omar Eduardo contra Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y otra. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 5-V-2023).
Se dedujo, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 24-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor Eduardo Omar Barral promovió contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le reclamó —con fundamento en las disposiciones del derecho común— el pago de una indemnización integral por los daños y perjuicios provocados por la incapacidad derivada del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas para su empleadora.
Para así decidir, sostuvo que resultó probado en autos que el día 17 de agosto de 2010, al encontrarse el actor realizando operaciones de rutina juntamente con otros uniformados en el móvil policial n° 10.948 dominio GFC631, este fue embestido por una camioneta (marca Ford, modelo Ranger, dominio IZL474) en la intersección de la ruta provincial 51 y el Boulevard 40 de la ciudad de Coronel Pringles (v. vered., segunda cuestión).
Con apoyo en la pericia médica producida en la causa, juzgó probado que las secuelas derivadas del infortunio —esplenectomía total postraumática, eventración mayor a 6 cm no tratada y/o sin solución terapéutica y cicatriz viciosa anfractuosa mayor a 10 cm— le provocaron una incapacidad física —sumados los factores de ponderación— del 56,50% de la total obrera, no presentando daño psicológico derivado de la contingencia (v. vered., cuarta cuestión).
En la etapa de sentencia, tras juzgar comprobados los presupuestos configurativos de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ. —ley 340—), abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En ese trance, efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor, según se atendiera el reclamo conforme las previsiones del sistema de reparación de infortunios laborales de la referida ley especial o en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
Verificada la insuficiencia de la primera, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39, ley 24.557) por resultar violatoria del art. 17 de la Constitución nacional.
Sobre la base de estas premisas, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar al señor Omar Eduardo Barral el importe que determinó en concepto de reparación integral, descontando de dicha suma lo abonado —en dos pagos efectuados en los meses de mayo y junio de 2011— en sede administrativa por la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada pasiva denuncia transgredidos los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 622, 623, 1.068, 1.069, 1.078, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 1, 2, 3, 7, 10, 765, 768, 770, 772, 1.737, 1.741, 1.744, 1.746, 1.748 y 1.794 del Código Civil y Comercial de la Nación; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d", "e" y "f", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, sostiene que al determinar el resarcimiento el tribunal de origen aplicó una fórmula matemática en la que incluyó una tasa de interés.
De allí que —según afirma— al adicionar luego intereses a una tasa pura del 6% anual sobre el total del cálculo, el órgano de grado capitalizó los intereses y violó lo dispuesto por los arts. 623 del Código Civil (ley 340) y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.2. Por otro lado, refiere que, al fundar la sentencia en las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield, el juzgador transgredió las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación que debió aplicar, dejando al pronunciamiento huérfano de todo sustento normativo. Apoya su postura en la doctrina legal de esta Corte que surge del precedente C. 123.090, "Paredes" (sent. de 18-IX-2020).
En línea con lo postulado, alega que el juzgador cuando determinó la reparación en concepto de daño moral infringió lo normado por el art. 1.741 del Código Civil y Comercial de la Nación, desde que no tuvo en cuenta "las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas" como exige la norma.
II.3. Bajo la denuncia de absurdo, impugna la cuantificación del daño patrimonial efectuada por el sentenciante —tanto la fórmula matemática empleada, como el salario calculado a valores actuales—, toda vez que considera que ignoró las concretas circunstancias del actor, destacando fundamentalmente que el señor Barral continuó realizando actividades productivas en los términos del art. 1.746 Código Civil y Comercial de la Nación, percibiendo íntegramente su remuneración.
II.4. Por último, reprocha el método utilizado por el juzgador para deducir los importes pagados por la aseguradora de riesgos del trabajo en los meses de mayo y junio de 2011 en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 por el porcentaje de incapacidad determinado en sede administrativa.
Manifiesta que el órgano de origen fijó el resarcimiento bajo el concepto de deuda de valor, actualizando los parámetros al momento del dictado de la sentencia. No obstante, indica que, a la hora de detraer los importes abonados, lo hizo a valores históricos, considerando a aquellos pagos como una obligación de dar sumas de dinero, a las que le adicionó intereses desde la fecha del accidente.
De este modo, afirma que la sentencia resulta absurda al emplear una "doble vara" para analizar y valorar la indemnización que debe privar de todo daño al empleado, generando con ese proceder una inequidad manifiesta y un enriquecimiento sin causa para el actor.
III. El recurso prospera parcialmente.
Para ingresar al tratamiento de los reproches ensayados, por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden en que fueron expuestos.
III.1. La crítica que sostiene que el pronunciamiento carece de sustento normativo, en tanto no se han aplicado las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, no es de recibo.
III.1.a. En la sentencia —y previo a principiar el análisis de la responsabilidad civil de la accionada— se especificó que la acción fue fundada en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil vigente a la fecha del infortunio (v. sent., págs. 41 y 42).
III.1.b. De este modo, circunscripta la potestad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021 y L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; e.o.), puede observarse que lo expuesto en el punto por el recurrente luce insuficiente para neutralizar lo decidido en la instancia de grado, toda vez que no expone con claridad en qué consistiría la violación de los preceptos legales actuados en el fallo atacado, limitándose a mencionar diversas disposiciones normativas, sin abastecer la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el acabado cumplimiento de las pautas que fija el citado precepto exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, sin que esta Corte pueda suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación (causas L. 118.665, "Pampin", sent. de 6-XI-2019; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021 y L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
III.1.c. Bajo tales lineamientos, la mera transcripción del contenido del supuesto precepto vulnerado, tal como lo efectúa el impugnante al invocar la violación del art. 1.741 del Código Civil y Comercial y cuestionar el monto por daño moral determinado en la sentencia, no cumple con la mentada carga.
Sin perjuicio de ello, no parece ocioso memorar que el reconocimiento y resarcimiento del señalado concepto depende de circunstancias de hecho que el juzgador pondera, siendo su apreciación irrevisable en casación, salvo absurdo (causas L. 111.621, "Delia", sent. de 30-IX-2014; L. 121.158, "Lagos", sent. de 14-VII-2020 y L. 129.398, "Contreras", sent de 30-IV-2024; e.o.), vicio que el quejoso no acredita con la mera invocación de la norma que considera transgredida.
III.1.d. A mayor abundamiento, la doctrina legal que se denuncia vulnerada en esta parcela del recurso, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento.
III.2. La crítica dirigida a cuestionar la suma que fijó el tribunal de grado en concepto de reparación integral tampoco es de recibo.
III.2.a. Reiteradamente esta Corte ha declarado que, en la determinación del monto indemnizatorio, los magistrados de la instancia de grado gozan de amplias atribuciones. De modo que, la resolución que se adopte al respecto no es susceptible de revisión en la sede extraordinaria, salvo cuando tales facultades no sean ejercidas con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (causas L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; e.o.).
Asimismo, ha expresado este Tribunal que es prerrogativa privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios y que dicha prerrogativa sólo puede ser revisada en casación por conducto del absurdo (causas L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020 y L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023).
III.2.b. Bajo tales directrices, la impugnación es marcadamente insuficiente para modificar lo decidido, pues las motivaciones que exhibe no logran evidenciar el error grave, grosero y fundamental o el apartamiento de las constancias de la causa que caracterizan al mentado vicio (art. 279, CPCC).
III.2.b.i. En efecto, el interesado no ha aportado ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023 y L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
III.2.b.ii. En particular, las alegaciones afincadas en que la incapacidad que padece el actor no afectó su pérdida de ingresos toda vez que continuó percibiendo su salario, dejan a la vista su intención de oponer a las conclusiones arribadas por el juzgador, su propia interpretación sobre los hechos y los elementos de juicio que individualiza, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023), no constituyen una vía idónea para demostrar el absurdo.
III.3. Tampoco luce hábil el reproche efectuado con relación a los intereses moratorios fijados en la sentencia.
III.3.a. Indicó el tribunal de origen que, a los fines de reparar el daño ocasionado en el marco del derecho común (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civil —ley 340—), la indemnización por lucro cesante reclamada debía comprender la diferencia entre los ingresos que pudieran calcularse que la víctima tendría como consecuencia del daño sufrido —posterior al accidente en sí mismo— y los ingresos que pudieran estimarse que habría tenido si el daño no se hubiese producido en tal dimensión. Por tanto, y a los fines de reparar el daño ocasionado en el marco del derecho común, era menester —según dijo— tener en cuenta la edad del actor, así como las remuneraciones a valores actuales y vigentes, y el grado de incapacidad física en que se hubiera agravado su salud. Sostuvo que esta reparación debía abarcar la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador hasta que se encuentre en condiciones de acceder a una jubilación ordinaria y mediante una suma de dinero que, mantenida a valores constantes, produzca un interés neto o renta equivalente al perjuicio ocasionado y durante el tiempo señalado (v. sent., pág. 49).
Luego, estimó el resarcimiento por daño moral, para finalmente establecer que, al total establecido en concepto de reparación plena, debía adicionarse un interés compensatorio puro anual del 6% desde el día 17 de agosto de 2010 hasta la sentencia (v. sent., págs. 65 y 66).
III.3.b. Siendo que, a esta altura, ha quedado incólume lo decidido en el fallo en torno a la cuantificación de los daños establecidos en la sentencia y, con ello, la fórmula matemática empleada por el órgano para estimar el daño material, el recurrente no logra demostrar el absurdo denunciado ni la capitalización de intereses invocada, toda vez que el único interés moratorio dispuesto en la sentencia sobre el total del capital fue el de la tasa pura del 6% anual.
III.3.c. Cabe agregar al respecto que la tasa de interés que aplicó el tribunal de grado al capital de condena se encuentra en sintonía con el contenido de la doctrina legal de esta Corte emanada —entre otras— de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
III.4. Finalmente, acierta el quejoso en cuanto cuestiona el modo en que el tribunal actuante dedujo lo abonado por la demandada.
Me afirmo en esta conclusión toda vez que logra demostrar el excepcional vicio de absurdo que invoca.
III.4.a. El órgano interviniente, al momento de cuantificar el importe indemnizatorio, especificó que al monto total calculado a valores actuales ($33.301.762,70 —comprensivo del resarcimiento por lucro cesante y daño moral—), debía descontarse la suma abonada por la aseguradora de riesgos del trabajo en el año 2011 ($137.500,29) en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente parcial, la que, con la adición de los intereses calculados desde la fecha del accidente hasta la de la sentencia, conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quedó establecida en $632.211,68 (v. sent., págs. 64 y 65).
III.4.b. Señalado lo que antecede, queda en evidencia que la metodología de cálculo utilizada por el órgano de grado ha generado una iniquidad manifiesta.
Obsérvese que el tribunal dedujo de la indemnización originariamente establecida para resarcir el lucro cesante y el daño moral ($33.301.762,70), lo abonado por la aseguradora con más los intereses determinados ($632.211,68), arribando a un saldo de $32.669.551,02 (v. sent., pág. 65).
Seguidamente, calculó los accesorios sobre este último capital —calculado, como se dijo, a valores actuales— desde la fecha del infortunio (17-VIII-2010) hasta el dictado de la sentencia a una tasa del 6% anual, estableciéndolos en la suma de $24.338.815,50.
De este modo, desde que el tribunal de grado cuantificó el resarcimiento integral a valores actualizados al año 2023 y dedujo el importe abonado con anterioridad por la aseguradora, pero calculando este último a valores nominales o históricos (al año 2011) con más la tasa de interés pasiva, surge evidente la falta de equivalencia en la fijación de dichos guarismos, lo que ha derivado en el empleo de un método o ecuación compensatoria que se muestra asaz irrazonable en perjuicio de la demandada, al no haberse computado de manera homogénea las magnitudes involucradas, haciendo impactar pagos tomados a valores nominales e históricos contra el cálculo final de una indemnización estimada con criterio de actualidad, circunstancia que ha importado —en este caso— prescindir de todo mecanismo de actualización equitativa de las sumas entregadas tiempo atrás, por el lapso posterior a su recepción por parte del trabajador y hasta la misma fecha de valuación del crédito, desnaturalizándose la finalidad de su imputación compensatoria, con quiebre de toda razonabilidad y violación de los principios establecidos en los arts. 953 y 1.071 del Código Civil —ley 340—.
En efecto, aun tratándose de un tópico cuya determinación constituye facultad privativa de los tribunales de trabajo (causas L. 101.177, "Flores", sent. de 16-V-2012; L. 113.346, "Ochoa", sent. de 4-VI-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.303, "Pagliaretto", sent. de 21-XI-2018; e.o.), si el crédito del trabajador ha sido valuado con criterio de actualidad a la fecha del pronunciamiento judicial, todo importe de pago parcial realizado por el deudor —y percibido por aquel— debe deducirse también actualizado, a efectos de utilizar unidades de igual valor adquisitivo y no cantidades heterogéneas (en sentido análogo, causa L. 32.996, "Sotiru", sent. de 21-VIII-1984; y más recientemente en la causa L. 120.047, "Solans", sent. de 11-VI-2025).
III.4.c. Lo antes expuesto justifica el acogimiento del agravio y, por lo tanto, conduce a revocar esta parcela del fallo de grado, debiéndose practicar una nueva liquidación a partir de una valorización adecuada de las constancias y contexto de autos respecto de los montos a deducir.
IV. Corresponde entonces hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto con los alcances establecidos en el punto III.4.c.
Los autos deberán volver a la instancia de origen a fin de que, a tenor de la solución propiciada, el tribunal de grado —integrado con otros jueces— dicte el pronunciamiento que corresponda y deduzca debidamente el importe ya abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.4.c. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, deduzca debidamente los importes ya abonados por la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.