Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125915
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley también deducido y se revoca el pronunciamiento de origen en cuanto declaró la caducidad de la instancia.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.915, "Ortiz, Consuelo Fernanda contra Angélico Martin Horacio y Otros. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón declaró la caducidad de la instancia e impuso las costas del modo en que especificó (v. resol. de 14-V-2020).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-V-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 30-XI-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones que inició la señora Consuelo Fernanda Ortiz contra Martín Horacio Angélico, Mariano Alejo Hernández, Calzados El Rubio S.A., Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., Recipama S.A., Sergio Raúl Goyanes y la Municipalidad de Morón, procurando el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada de las afecciones que —según sostiene en la demanda— padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 18 de marzo de 2009 mientras prestaba tareas bajo relación de dependencia de los señores Martín Horacio Angélico y Mariano Alejo Hernández.
Para así resolver, entendió que, ante la intimación cursada (v. proveído de fecha 7-VI-2016), la actora había dejado transcurrir el plazo previsto en el art. 12 de la ley 11.653.
En este sentido, afirma que resulta manifiesto el desinterés de esta última en la prosecución de la causa —a pesar de la intimación que le fue cursada al respecto—, atento a que no se verificaban en autos actos de impulso destinados a exteriorizar el propósito de continuar con el proceso.
Además, destacó que no existía un deber específico del tribunal de instar —de oficio— el trámite procesal. Fundó esta decisión en lo dispuesto en el citado art. 12, último párrafo de la referida ley procesal del fuero.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Con sustento en la primera de las normas, sostiene que el tribunal de grado omitió ponderar una cuestión esencial a la hora de resolver, que —según su criterio— importó un acto útil a los fines de la prosecución de la causa.
Al respecto, afirma que, en el marco de la pandemia declarada, el juzgador de grado resolvió la perención de la instancia sin advertir la constancia que surge de la causa en soporte papel, esto es, que el día 28 de octubre de 2019 (v. fs. 522), su parte acompañó la cédula de traslado de la demanda dirigida al coaccionado Mariano Alejo Hernández, que resultó observada por el tribunal actuante en razón de carecer de copias.
Añade que, en atención a que se dispuso el asueto con suspensión de plazos procesales (resol. SCBA 386/20), a la fecha en que se decretó la caducidad de la instancia no se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el art. 12 de la ley 11.653, en cuanto al transcurso del período legal sin instar la tramitación.
III. En concordancia con lo expuesto en el dictamen del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe aclarar que la resolución atacada debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. Ello así, pues tiene tal carácter la sentencia que declara la caducidad de la instancia cuando —como en el caso— esta proyecta sus efectos sobre la prescripción de la acción (causas L. 110.885, "Alonso", sent. de 22-VIII-2012; L. 111.555, "Orfano", sent. de 20-III-2013 y L. 123.646, "Zuñiga", sent. de 26-V-2021).
III.2. Luego, tiene reiteradamente dicho esta Suprema Corte que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022 y L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
III.3. En el caso, no advierto la configuración de las causales nulificantes alegadas.
III.3.a. Por un lado, se observa nítidamente que el desarrollo formulado, vinculado a la ausencia de consideración de una pieza procesal o de su utilidad para instar el proceso, así como el cómputo del plazo de rigor, importa —en el caso— el cuestionamiento del acierto jurídico de la decisión, invocándose típicos errores de juzgamiento ajenos —como tales— al ámbito de actuación de la vía de impugnación intentada (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019 y L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; e.o.).
III.3.b. Por otro, respecto de la alegada denuncia de violación del art. 171 de la Constitución provincial, el recurso extraordinario carece de desarrollo alguno que pueda constituir un agravio fundado en dicha disposición constitucional, extremo que evidencia —a su respecto— su manifiesta falta de idoneidad en su fundamentación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia arbitrariedad, absurdo, la violación y errónea interpretación de los decretos de necesidad y urgencia 260/20 y 297/20 —y normas sucesivas—, así como de la resolución 480/20 de esta Suprema Corte. Asimismo, invoca quebrantada la doctrina legal que identifica.
II.1. Inicialmente, el impugnante expone que, en el contexto social definido por la emergencia sanitaria sustentada en la pandemia de COVID-19, en el marco de las normas emanadas del Poder Ejecutivo nacional, provincial y las distintas acordadas de esta Suprema Corte que enumeró (v. págs. 15/17 del recurso), el juzgador de grado decretó la caducidad de la instancia haciendo caso omiso a la situación de excepcionalidad.
En este sentido, afirma que el sentenciante no tuvo en cuenta —ni siquiera mencionó— el acto impulsorio obrante a fs. 522 del expediente en soporte papel. Esto es, que el día 28 de octubre de 2019 la parte actora acompañó la cédula de traslado de la demanda dirigida al coaccionado Mariano Alejo Hernández, que resultó observada por el tribunal actuante en razón de carecer de copias.
Sostiene que, ante la imposibilidad de circulación y concurrencia de los letrados a sus estudios jurídicos, menos aún pudo concurrir a la sede del tribunal de origen para retirar y diligenciar la cédula de traslado de la demanda con las copias requeridas.
II.2. Denuncia absurdo en la valoración de las constancias del expediente.
Al respecto, manifiesta que el órgano de grado, en su resolución, se refirió a la intimación de fecha 7 de junio de 2016, soslayando toda mención a los actos procesales producidos con posterioridad a aquella.
Fundamentalmente, el acto de impulso procesal de fecha 28 de octubre de 2019 (v. fs. 522), que no pudo ser completado porque —reiterando los argumentos expuestos vinculados al contexto de la pandemia declarada— estaba impedido de concurrir al tribunal a llevar las copias y librar la cedula respectiva.
Agrega que, a la fecha en que se decretó la caducidad de la instancia, no había transcurrido el plazo legal de seis meses sin instarse el proceso.
II.3. Sostiene que los jueces de mérito —por su solo arbitrio— declararon la perención de la instancia sin reparar en las constancias concretas de la causa.
II.4. Finalmente, refiere, con cita del precedente L. 90.819, "Basilio", sentencia de 22-XII-2008, este último instituto constituye una medida excepcional y de aplicación restrictiva, más aún en el marco del proceso laboral en el que el tribunal de trabajo tiene un rol protagónico.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. En primer lugar —como más arriba se indicó—, la resolución atacada debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2. Sentado lo anterior, a fin de brindar respuesta al interrogante planteado, resulta de interés realizar una reseña de los actos procesales relevantes que precedieron al dictado de la decisión objetada.
Como se anticipara, la actora Consuelo Fernanda Ortiz interpuso demanda contra la Municipalidad de Morón, Calzados El Rubio S.A., La Mercantil Andina S.A., Racipama S.A., Sergio Raúl Goyanes, Martín Horacio Angélico y Mariano Alejo Hernández, en procura de una reparación integral por el accidente de trabajo que denuncia haber sufrido con fecha 18 de marzo de 2009, en momentos en que desarrollaba sus tareas (v. fs. 45/78 y ampliación de fs. 122/123), cuyo traslado resta notificar solamente a los últimos dos accionados.
Ante dicha circunstancia, la accionante requirió que se ordenara el libramiento de nuevas cédulas dirigidas a Martín Horacio Angélico y Mariano Alejo Hernández a los sucesivos domicilios denunciados por su parte, las cuales fueron diligenciadas con resultado adverso, por lo que solicitó se librasen diversos oficios.
Posteriormente, el órgano judicial de grado intimó a las partes para que dentro del término de cinco días produjeran actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia (v. fs. 472 y proveído de fecha 7-VI-2016), requerimiento que —debidamente notificado— motivó la presentación de fs. 481. En dicha ocasión, la promotora del juicio acompañó cedula con resultado negativo e instó a que se autorizase el libramiento de nuevos oficios a la Cámara Nacional Electoral.
Luego de la mencionada presentación, y ante la dificultad de notificar el traslado de la demanda, la actora denunció nuevos domicilios de los codemandados y pidió el diligenciamiento de nuevas cédulas (v. fs. 490, 497, 509 y 515; y escritos electrónicos de fechas 11-X-2018, 26-XI-2018 y 22-IV-2019).
El día 10 de mayo de 2019, el juzgador de grado ordenó el libramiento de nueva cédula de traslado de la demanda, existiendo constancia a fs. 522 vta. de que el día 28 de octubre de 2019, la misma fue acompañada y observada por el tribunal de origen en razón de carecer de copias. Obra al pie de dicha anotación una firma ilegible y sello de la señora jueza Alejandra Isabel Romera.
Luego, ante la solicitud de la accionada para que se intimase a la actora en los términos del art. 12 de la ley 11.653 (v. escrito de fecha 7-V-2020), el a quo dispuso —sin más— el pase de las actuaciones al acuerdo, arribando a la decisión que es motivo de agravio (v. proveído de 8-V-2020 y resolución de 14-V-2020).
III.3. Así las cosas, a tenor del detalle de las actuaciones relevadas, considero que asiste la razón a la recurrente cuando denuncia absurdo en la valoración de las constancias objetivas de la causa y la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que individualiza en su pieza impugnativa (causa L. 90.819, "Basilio", sent. de 22-XII-2008).
III.3.a. En efecto, por un lado, observo que la promotora del juicio, en respuesta a la intimación cursada (v. fs. 472), motivó las presentaciones tendientes a producir la notificación del traslado de la demanda, denunciando los nuevos domicilios de los codemandados y peticionando el libramiento de las respectivas cédulas.
Luego, se advierte la constancia obrante a fs. 522, donde surge que la accionante acompañó la correspondiente cédula de notificación dirigida al coaccionado Mariano Alejo Hernández, que fue observada por el tribunal en razón de carecer de copias (v. presentaciones de la parte actora a fs. 481, 490, 497, 509 y 515; y escritos electrónicos de fechas 11-X-2018, 26-XI-2018 y 22-IV-2019).
Tales actos procesales, especialmente la anotación de fs. 522 vta. —cuya relevancia en orden a la intención de continuar con el trámite se alega en el recurso—, no fueron expresamente considerados por el tribunal de origen al momento de disponer la caducidad de la instancia.
En estas condiciones, acierta la recurrente cuando censura la decisión de origen por considerarla absurda, atribuyéndole al juzgador de grado haber omitido valorar suficientemente todas las constancias de la causa para analizar de manera integral la idoneidad de los actos procesales de la accionante tendientes a impulsar el procedimiento, dado su estado.
La motivación que porta el fallo atacado permite colegir que —en efecto— aquel presenta el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, según lo ha definido esta Suprema Corte (causas L. 125.857, "Gabe Tricarico", sent. de 27-III-2023 y L. 128.299, "Molina", sent. de 30-IV-2024; e.o.), patentizado —en la especie— por la existencia de una decisión que soslayó considerar constancias de la causa que se presentan como relevantes a los fines de la dilucidación de la cuestión controvertida, más allá de su pretendida idoneidad a los fines de asegurar los intereses de la recurrente.
III.3.b. Esta circunstancia deja en evidencia —por otro lado— que el órgano jurisdiccional de la instancia ordinaria se apartó de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia.
En efecto, se dijo en el precedente invocado por la impugnante (esto es, causa L. 90.819, "Basilio", cit.), en torno al instituto de la caducidad de la instancia contemplado en el art. 12 de la ley 11.653 aplicado por el juzgador de grado (que hoy —permítaseme agregar— encuentra similar regulación en el art. 11 de la ley 15.057, conf. resol. SCBA 1.840/24), que su declaración constituye una medida de carácter excepcional, y —por tanto— de interpretación restrictiva, que está sujeta a la concurrencia de ciertos recaudos: como ser que la paralización del trámite de la causa por el plazo legal no provenga del incumplimiento de un deber específico de impulsión a cargo del tribunal, sino del desinterés —manifiesto e inequívoco— de la parte, según el resultado de la intimación que a tales fines debe ser efectuada, debiendo quedar evidenciada la voluntad del litigante de hacer abandono del proceso, a partir de las constancias de la causa (causas L. 118.868, "Beltrán", sent. de 2-III-2016 y L. 123.646, "Zuñiga", sent. de 26-V-2021).
Desde esta perspectiva, es posible observar —de los antecedentes del caso que he detallado— que no han sido analizadas debidamente las constancias de la causa para tener por evidenciado de forma patente e inequívoca —como era menester— el desinterés de la actora en la continuación del trámite procesal, en el marco de una interpretación restrictiva y favorecedora del mantenimiento de la vitalidad del proceso, debido a las consecuencias que dicho instituto produce (causas L. 71.627 sent. de 25-X-2000; L. 68.922, sent. de 7-XI-2001 y L. 74.314, sent. de 19-II-2002; e.o.).
IV. Por ello, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento de origen en cuanto declaró la caducidad de la instancia. Los autos deberán volver al tribunal de origen para proseguir el trámite según su estado.
Costas de ambas instancias en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley también deducido y se revoca el pronunciamiento de origen en cuanto declaró la caducidad de la instancia.
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2025 09:45:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:39:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:45:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:38:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:22:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:14:26 hs. bajo el número RS-51-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia