Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130550
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.550, "Ozan, Daniel Roberto contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 30-XI-2022).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-XII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Daniel Roberto Ozan y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufriera el día 27 de julio de 2009. Rechazó, en cambio, el reclamo por las patologías supuestamente generadas por el infortunio de fecha 28 de noviembre de 2012 (v. vered. y sent. de 30-XI-2022).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas que desarrolló para la Provincia de Buenos Aires, el actor padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 47,94% del índice de la total obrera (v. vered., tercera cuestión).
Ya en la etapa de sentencia, puesto a cuantificar el ingreso base mensual (IBM), declaró —de oficio— la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en el citado art. 14 inc. 2 apartado "a" se efectuara con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de octubre de 2022.
Luego, tras indicar que el resultado superaba el tope establecido en el decreto 1.278/00, procedió a declarar también su inconstitucionalidad, por hallarse en pugna con los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, y los principios de solidaridad y justicia social, fundamentos enunciados en los precedentes "Vizzoti", "Aquino", "Milone", "Mansilla" y "Pérez" —entre otros— de la Corte nacional.
En consecuencia, hizo lugar a la demanda por el pago de las prestaciones por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires —en su carácter de empleador autoasegurado— a abonar al actor $2.245.348,04.
Finalmente, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte que identificó (a saber: causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y L. 49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993), y toda vez que —dijo— la suma indemnizatoria reconocida al actor se determinó a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, dispuso la aplicación de intereses —desde el día de la primera manifestación invalidante y hasta el dictado de la sentencia— a una tasa "pura" del 6% anual, arribando a un monto total de condena de $4.198.800,83.
II. La representación fiscal interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 13-XII-2022).
II.1. Se agravia porque el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, a partir de ello, calculó el ingreso base mensual considerando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
Al respecto, afirma que la decisión deviene arbitraria, en tanto los fundamentos invocados en ella son meramente aparentes y conjeturales.
Alega que, sin perjuicio de que en la especie no se advierte cual es la "real afectación" que le produce a la parte actora la aplicación de dicha norma, esta no resulta violatoria de la Constitución nacional. En tal sentido, sostiene que la proyección de alguna limitación en materia de responsabilidad (cuantitativa o cualitativa), mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
De este modo, señala que el juzgador de grado, al considerar la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", se irrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de estipular una fórmula indemnizatoria en el que los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual lo sean a valores "históricos".
En tal sentido, argumenta que la reparación tarifada de la ley sistémica alude a obligaciones dinerarias que se basan en el principio nominalista.
Plantea que el fallo de grado transgrede lo establecido por las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación de los créditos.
Explica que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Señala que ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. Agrega que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
II.2. Reitera que lo decidido por el tribunal de grado es arbitrario, dado que, sin justificación, se aparta del ingreso base mensual que corresponde a la fecha de la primera manifestación invalidante (esto es, $1.931,99) para desplazarlo por un importe obtenido del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el mes de octubre de 2022 ($54.550), pauta salarial ajena a la fórmula de cálculo legal.
A su vez, objeta la decisión de adicionarle al capital actualizado un interés puro del 6% ($1.953.452,79) desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del dictado de la sentencia, arrojando un importe total de $4.198.800,83
En tal sentido, afirma que el monto indemnizatorio resulta irrazonable e ilegal, por cuanto se estaría actualizando doblemente el crédito laboral.
Manifiesta que el sentenciante de grado, además de haberse apartado de la normativa vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante, ha violentado la legislación que prohíbe la capitalización y actualización de los créditos (ley 23.928 y modificatoria ley 25.561).
De este modo, expresa que luce evidente la insuficiencia de la decisión en cuanto, bajo el amparo de principios de equidad e indemnidad que resultan injustificables, efectuó en forma dogmática una adecuación indemnizatoria ajena a la fórmula dispuesta por el legislador.
II.3. A todo evento, dice haber impugnado la liquidación efectuada en la instancia de origen, por haber incurrido el juzgador, expone, en un error matemático, desde que la suma, en el mejor de los supuestos, ascendería a "$4.044.33,19", presentación que —señala— hasta al momento de interposición del presente recurso no fue considerada.
III. El recurso no prospera.
III.1. El primer agravio no es de recibo.
III.1.a En el caso, el tribunal de origen tuvo por acreditado (v. vered., quinta cuestión), que el ingreso base mensual calculado conforme el art. 12 de la ley 24.557 ascendía a $1.931,99, mientras que el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de octubre de 2022 era de $54.550.
De su cotejo, concluyó que el mencionado ingreso base no llegaba al 5% de la pauta mínima vigente en la fecha señalada. De este modo, juzgó irrazonable la diferencia que surgía de ambos guarismos y consideró pertinente efectuar —de oficio— el control de constitucionalidad y convencionalidad del precepto citado.
A esos fines, estimó necesaria la aplicación de los principios emanados del fallo "Ascua" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde —dijo— se estableció que la indemnización especial de los daños laborales debe —al menos— alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, estándar que no encuentra satisfacción de aplicarse literalmente la preceptiva legal en su primigenia versión.
Manifestó que resultaba necesario asegurar a la víctima de un infortunio laboral la tutela judicial efectiva (conf. art. 15, Const. prov.) a través de una reparación justa.
Asimismo, destacó lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 120.485, "Medina" y L. 120.648, "Amaya" (sents. de 31-VIII-2021) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), en cuanto a la base salarial desactualizada que se deriva de la aplicación de la aludida norma.
Sobre esos lindes, indicó que, en el caso, lucía evidente la irracionabilidad de sostener el ingreso base conforme los parámetros fijados en el art. 12 de la ley 24.557.
Enfatizó que la norma examinada había sido sancionada en un contexto de convertibilidad de la moneda y estabilidad de precios y salarios, situación completamente diferente a la existente en la actualidad, lo que —expresó— impedía mantener una solución legal, sin incurrir en una injusticia contraria a los principios protectorio y de justicia social imperantes en el derecho del trabajo.
Siguiendo esos lineamientos, manifestó que no podía soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado en el precedente "Lucca de Hoz" que las fórmulas indemnizatorias que consagra la Ley de Riesgos del Trabajo no se adecuaban a los lineamientos constitucionales, porque habían negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación seguidos por la Constitución nacional.
Por todo ello, definió que correspondía en el caso concreto declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual, y determinar su valor con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de octubre de 2022.
III.1.b. Ante estas definiciones, se revela nítido que la crítica que formula el interesado deviene infructuosa.
Ello, por cuanto el impugnante no se ocupa de rebatir —como es menester— todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia y descalificar constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557.
Es evidente la deficiencia técnica del embate, habida cuenta que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 127.827, "Olivera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
En efecto, sin aportar fundamentos concluyentes en sostén de sus alegaciones, el compareciente únicamente formula consideraciones genéricas, tales como la hipotética inobservancia de derechos constitucionales, la falta de adecuación de los antecedentes jurisprudenciales utilizados en el fallo de grado y la ausencia de demostración del perjuicio en el trabajador.
Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), realizada por el interesado, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Suprema Corte, sino que refiere la opinión personal de uno de sus ministros.
Asimismo, cuadra señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.2. En nada modifica la suerte adversa del recurso la crítica dirigida a cuestionar la aplicación de una tasa pura definida en la instancia de grado. Y ello porque el quejoso no refuta los fundamentos blandidos por el tribunal para resolver del modo en que lo hizo, referidos —como se relató— a la circunstancia de haberse determinado la indemnización debida a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, junto con la doctrina legal que el juzgador individualizó en sustento de tal decisión.
Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente el recurso que omite exhibir una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; L. 119.688, "M. d. S., M. E.", sent. de 23-X-2019 y L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024).
III.3. Por lo demás, la tangencial manifestación efectuada a fs. 19 —parte final— y 20 de la pieza recursiva vinculada con un supuesto error matemático en la liquidación de los intereses no puede ser atendida, fundamentalmente porque de sus términos no se desprende con claridad que ella constituya técnicamente un agravio contra la sentencia que deba ser abordado por esta Suprema Corte (obsérvese que el demandado se limita a señalar que efectuó una impugnación en la instancia que, por lo demás, fue rechazada por resolución de fecha 21-XII-2022).
De todos modos, y aun en una hipótesis más favorable para el recurrente, es dable destacar que el accionado ni siquiera identifica con precisión cuál es el monto que "en el mejor de los supuestos" podría ascender la condena —y, en particular, los intereses fijados por el sentenciante—, ya que a la cifra expresada a fs. 20 le falta un dígito, lo cual torna imposible cualquier análisis serio sobre el particular.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2025 09:46:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:39:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:45:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:38:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:22:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:15:05 hs. bajo el número RS-59-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia