Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnular de oficio, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, la sentencia de fecha 12 de julio de 2024, remitiéndose los autos al tribunal de grado, para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de la acción iniciada el 21 de agosto de 2020 por el señor Kevin Ernesto Aranda contra Mariano Avalos, Herxon Ingeniería S.R.L. y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, hizo lugar a los planteos de inhabilidad de instancia opuestos (v. pronunciamiento de fecha 12-VII-2024).
Para así decidir, valoró las constancias obrantes en la causa (v. expedientes administrativos acompañados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en archivo adjunto al oficio electrónico de fecha 29-IX-2022) y juzgó acreditado que el actor había dado inicio, con el mismo patrocinio letrado que en estas actuaciones, a dos trámites ante la Comisión Médica jurisdiccional, los que fueron archivados dada la inacción del interesado.
Consecuentemente, indicó, no habiendo culminado el promotor del pleito con el procedimiento administrativo previo y obligatorio previsto en el Título I de la ley 27.348, correspondía declarar procedente los planteos de inhabilidad de instancia formulados por los demandados.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 13-VIII-2024), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resol. de 16-VIII-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 12-V-2025).
En lo sustancial, objeta la validez constitucional del requisito de agotamiento de la vía administrativa previa ante las Comisiones Médicas establecido por las leyes 27.348 y 14.997, toda vez que -entiende- restringe el acceso a la justicia y no garantiza una protección efectiva de los derechos del trabajador.
III. De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, corresponde disponer de oficio la anulación del pronunciamiento de fecha 12 de julio de 2024.
Ello, en tanto que de su simple lectura puede advertirse que la única cuestión planteada fue tratada por la doctora Cecilia Beatriz Bártoli, a quien adhiere el doctor Alejandro Javier Escobar. Sin embargo, se observa que la restante integrante del Tribunal, la magistrada Graciela Eleonora Slavin, omitió pronunciarse respecto a la misma.
Esta anomalía configura una violación a lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deben adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653). La coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 129.874, "Lanciotti", resol. de 22-III-2023; L. 132.255, "Alday Vouilloz", resol. de 29-VII-2024 y L. 132.610, "Carrera", resol. de 3-IV-2025; entre otras en igual sentido).
En el caso, entonces, se halla incumplida la exigencia contenida en la norma constitucional citada, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que los integrantes del tribunal rubricaran con sus respectivas firmas el acuerdo, atento que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 124.616, "Cespedes", resol. de 13-X-2020; L.126.674, "Giuliano", resol. de 17-V-2021 y L. 131.810, "Jordan", resol. de 20-VIII-2024: e. o.).
IV. Finalmente, dado que este tipo de infracciones no resulta gratuito para los litigantes, corresponde requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles respecto de los pronunciamientos y decisiones que emitan.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Anular de oficio, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, la sentencia de fecha 12 de julio de 2024, remitiéndose los autos al tribunal de grado, para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:04:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:16:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:36:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:30:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:45:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:35:37 hs. bajo el número RR-928-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia