Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135826
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la pretensión deducida por el señor Enrique Osvaldo Miguela contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 7-IV-2025).
Para así decidir, sostuvo que la normativa legal vigente (art. 2 inc. "j", de la ley 15.057) prevé el control judicial de lo actuado en sede administrativa por la vía de una acción judicial ordinaria autónoma con amplitud probatoria ante la Justicia del fuero laboral de la jurisdicción provincial.
Indicó que la ausencia de disconformidad del trabajador o el silencio en modo alguno puede privarlo de la posibilidad, como sujeto de preferente tutela judicial, de acceder a los tribunales de trabajo locales, no siendo posible considerar que el tránsito administrativo ante las Comisiones Medicas importe la existencia de cosa juzgada que impida la acción ordinaria dentro del plazo de prescripción.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-IV-2025), el que fue concedido por el a quo el 15 de mayo de 2025.
En lo sustancial, defiende la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en el Título I de la ley 27.348 y del sistema recursivo contemplado en los arts. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Alega, además, que la Comisión Médica Central ratificó el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional en el que concluyó que el actor no presenta secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro denunciado.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, afirma que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada del órgano administrativo, encontrándose por ende la misma firme y consentida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que -tal como lo manifestó el órgano de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según resolución SCBA 1.840/2024.
III.2. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley ritual laboral (L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 134.349, "Maciel", resol. de 4-VI-2025; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024; e.o.).
III.3. Bajo tales premisas, cabe indicar que no se observa la presencia del mentado supuesto excepcional, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.568, "López", resol. de 4-VII-2022 y L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023).
Por lo demás, es dable señalar que tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la cita de doctrina legal referida al vicio de absurdo (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; e.o.); ni la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:28:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 11:12:45 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:32:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:37:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:52:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:38:45 hs. bajo el número RR-984-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia