Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126204
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los agravios analizados en los puntos III.2 y III.4, declarar que se desestiman por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción promovida por Juan Guillermo Martínez y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la indemnización adicional de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio laboral sufrido (v. fs. 187/198).
Para así decidir, en lo relevante, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, y procedió a calcular las reparaciones reclamadas conforme la normativa que juzgó aplicable (ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348).
Asimismo, dispuso que a partir de la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectivo pago, debía aplicarse un interés equivalente el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-III-2020), el que fue concedido por el a quo (v. auto de fecha 8-V-2020).
II.1. Con denuncia de absurdo, la impugnante cuestiona que el tribunal de grado haya juzgado acreditada la existencia de incapacidad psíquica.
Sostiene que no se identificó en la demanda ni en la sentencia la relación causal entre la minusvalía y el infortunio de autos.
II.2. En otro orden, impugna la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 efectuada en la instancia de origen.
II.3. Finalmente, manifiesta que la tasa de interés aplicada por el tribunal de trabajo se aparta de la doctrina legal establecida por esa Corte -en otras- en las causas L. 118.615, L. 119.371, L. 119.176 y L. 118.587.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso.
III.2. Sentado lo anterior, deben desestimarse los embates que giran en torno a la incapacidad psíquica y la relación causal, en tanto además de carecer de denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrinal legal (causas L. 121.521, "Verzella", sent. de 18-V-2021; L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021), remiten a temas fácticos y probatorios marginados de revisión en el acotado contexto por el que transita el examen de la réplica.
III.3. Por otro lado, y más allá del valor de lo cuestionado, la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4. Por último, la crítica vinculada a la tasa de interés tampoco ha de progresar, desde que la doctrina legal que se denuncia infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diversos a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; L. 132.210, "Valdez", resol. de 20-XI-2024; L. 133.299, "Maidana", resol. de 14-VII-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los agravios analizados en los puntos III.2 y III.4, declarar que se desestiman por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:02:43 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:14:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:25:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:37:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:32:53 hs. bajo el número RR-868-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia