Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126940
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto del agravio analizado en el punto III.3., declarar que se lo desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por Julio Martínez Figueredo y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la indemnización adicional de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio laboral que protagonizó (v. fs. 115/132).
En lo relevante, luego de efectuar los cálculos relativos a las prestaciones reclamadas -conforme la normativa que juzgó aplicable- procedió a declarar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Asimismo, dispuso que los intereses moratorios desde la fecha del siniestro hasta el dictado de la sentencia se calculen conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-V-2020), el que fue concedido por el a quo(v. auto de fecha 9-XII-2020).
II.1. Impugna el fallo de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019; toda vez que -a criterio de la quejosa- se encontraban configurados los requisitos a los que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional subordina su dictado.
II.2. Por último, destaca que la tasa de interés ordenada en la sentencia viola la doctrina legal que establece la aplicación de la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se apoya, entre otros precedentes, en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante", (sent. de 14-II-2018).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe observar que la recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la suma correspondiente al valor de lo cuestionado, que -al cabo- se encuentra representada por la diferencia que arroja la aplicación de la controvertida tasa de interés establecida en la sentencia en el marco del sistema de riesgos del trabajo y aquélla otra que reclama.
Resultando entonces que la quejosa no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso (conf. causas L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013 y L. 119.813, Zamudio", sent. de 11-III-2020; L. 131.031, "M.E.A", sent. de 28-XI-2024; entre otras),
III.2. Sentado ello, más allá del valor de lo cuestionado, lo cierto es que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. Finalmente, la crítica vinculada a la tasa de interés tampoco ha de progresar, desde que la doctrina legal que se denuncia infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diversos a los del caso en juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; L. 132.210, "Valdez", resol. de 20-XI-2024; L. 133.299, "Maidana", resol. de 14-VII-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto del agravio analizado en el punto III.3., declarar que se lo desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:02:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:14:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:25:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:37:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:32:54 hs. bajo el número RR-869-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia