Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131247
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto del agravio analizado en el punto III.3., declarar que se lo desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción iniciada por Emilio Andrés Izarra y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. veredicto de fecha 14-VI-2023 y sentencia de 26-VI-2023).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, luego de efectuar los cálculos relativos a las prestaciones reclamadas -conforme la normativa que juzgó aplicable (ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348)- declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VII-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 24-VIII-2023).
En su presentación, la impugnante se agravia, en sustancia, de la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/2019.
Objeta -además- la capitalización de intereses dispuesta en el fallo con sustento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe observar que la recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la suma correspondiente al valor de lo cuestionado, que -al cabo- se encuentra representada por la diferencia que arroja el cálculo indemnizatorio en el marco del sistema de riesgos del trabajo y el modo de cómputo de los intereses establecidos en la sentencia y aquélla otra que reclama.
Resultando entonces que la quejosa no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso (conf. causas L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013 y L. 119.813, Zamudio", sent. de 11-III-2020; L. 131.031, "M.E.A", sent. de 28-XI-2024; entre otras),
III.2. Sentado ello, más allá del valor de lo cuestionado, lo cierto es que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. Finalmente, con relación al agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento en cuanto dispuso la capitalización de intereses, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.536, "Valos", resol. de 3-VI-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto del agravio analizado en el punto III.3., declarar que se lo desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:02:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:14:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:25:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:37:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:33:17 hs. bajo el número RR-873-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia