Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132928
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por el señor Gustavo Javier Duarte y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el adicional previsto por el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió mientras prestaba tareas para su empleadora (v. pronunciamiento de 5-VI-2025).
Para así decidir, en lo relevante, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 articulado en el escrito de contestación de la demanda, para luego cuantificar las prestaciones reclamadas de acuerdo a la normativa que juzgó aplicable -leyes 24.557 y 26.773; DNU cit., e.o-.
Asimismo, dispuso que en el caso correspondía adicionar intereses desde la fecha de acaecimiento del infortunio (7-III-2023) hasta el dictado de la sentencia a la tasa pura del seis por ciento -6%- anual, toda vez que -señaló- el mentado decreto 669/2019 establece un índice de actualización basado en la evolución de los salarios, cuya finalidad es evitar los efectos de procesos inflacionarios que afecten desfavorablemente la cuantía del ingreso base.
Sostuvo además, que para el caso de no abonarse dicha suma en plazo, habrá de aplicarse lo establecido en el punto 3 del artículo 12 de la ley 24.557, que prescribe a partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-VI-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 27-VI-2024).
II.1. En su presentación cuestiona, en primer lugar, que el tribunal de grado hubiera desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, según las modificaciones introducidas por el decreto 669/2019, plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
II.2. Por otro lado, objeta la aplicación de intereses.
Alega que, si bien respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, el tribunal de trabajo acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver el tramo posterior (es decir, desde allí y hasta el momento del efectivo pago) ignoró las directivas establecidas en las citadas causas, imponiendo irregularmente a su parte cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso prospera.
III. 1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso.
III.2. Sentado ello, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, lo cierto es que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, deviene inoficioso el abordaje del restante agravio traído, vinculado a la aplicación de intereses. Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibáñez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:04:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:16:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:36:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:30:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:45:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:35:36 hs. bajo el número RR-927-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia