Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los planteos abordados en los puntos III.2. y III.4, declarar que se los desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El tribunal de trabajo n° 3 del Departamento Judicial San Nicolás, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Noemí Elisabeth González y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 ap. "a", de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que protagonizó (v. veredicto y sentencia de 4-XII-2023).
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que, en la sentencia, dicho órgano jurisdiccional se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto 669/2019, tanto en su aspecto formal como material, por ser contrario a los principios generales del derecho, a los específicos del derecho laboral; y a los de irretroactividad (art. 7 del Código Civil y Comercial), legalidad, división de poderes, protección y propiedad de los trabajadores (arts. 14 bis, 17, 28, 29 y 44 de la Constitución nacional), así como el de progresividad de los derechos sociales (arts. 75.22 y 75.23, C.N.; art. 2, PIDESC, art. 26, Convención Americana de Derechos Humanos; art. 39.3, Constitución de la Pcia. de Bs. As.; v. sent. págs. 5/14).
Luego, al momento de cuantificar la prestación mencionada, juzgó que la suma establecida -conforme a la fórmula prevista en art. 14, inc. 2, ap. "a" citado- superaba "el piso legal calculado de acuerdo a los arts. 8 y 17 inc. 6° de la ley 26773 y a la Resolución N° 76715123/19 de la Secretaría de Seguridad Social" (v. sent. pág. 14).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la provincial; 8 de la ley 26.773; 2 y 3 del decreto 1.694/09; del decreto 669/2019; y de las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 34/13, 3/14, 22/14, 6/15, 28/15, 1/16, 378/16, 5.649/17, 21.161/17, 6.026/18, 18.437/18, 2.727/19, 24/20 y 70/2020(v. presentación electrónica del 21-XII-2023).
II.1. Se agravia de la decisión del a quo en cuanto juzgó que la suma reconocida en el fallo -en concepto de prestación dineraria por incapacidad- superaba el piso legal que indicó. Señala que dicho razonamiento es incorrecto porque se aparta injustificadamente de la normativa que -en su opinión- corresponde aplicar en autos (v. rec. págs. 7/8)
II.2. Se opone a la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 porque considera que los fundamentos que expuso el juzgador de grado son desacertados.
II.3. Denuncia la omisión por parte del a quo del tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 23.928, y de aplicación del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec. págs. 11/14).
II..4. Objeta la validez constitucional del art. 278 del Código Procesal Civil Y Comercial, alegando que las limitaciones cuantitativas que impone para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley vulneran las garantías previstas en los arts. 16, 18 y 31 de la C.N., al impedirle defenderse en juicio, revisar una cuestión federal y acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. rec. págs. 14/16).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. res. del 27-XII-2023).
Teniendo en cuenta esa circunstancia y la tacha de inconstitucionalidad de la mencionada norma adjetiva efectuada por la interesada, corresponde señalar que, con arreglo a reiterada doctrina, las limitaciones establecidas por el citado precepto legal -para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley- no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3° apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a la Suprema Corte con las restricciones que las leyes de procedimiento establecen y su limitación, por la norma citada, es compatible con dicho precepto constitucional provincial pues no veda la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio(causas L. 90.741, "Britte", sent. de 23-III-2010; L. 117.270, "Muñoz", sent. de 6-IV-2016; L. 120.016, "Mozzi, sent. de 14-VIII-2019; e. o.).
Aclarado ello, es oportuno recordar que en las condiciones señaladas la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023).
III.2. En el estricto marco de análisis referido, corresponde desestimar por inadmisible el primer agravio que trae la recurrente en torno al monto de condena y al modo en que el juzgador lo estableció.
En efecto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se advierte nítida cuando se advierte que esta parcela del recurso carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal (v. rec. págs. 6/8; causas L. 100.654, "Reising", sent. del 15-VII-2015; L. 125.146, "Gorosito", sent. de 17-X-2022 y L. 126.883, "Vallejos, sent. de 30-VI-2024; e. o.).
III.3. El cuestionamiento dirigido a impugnar la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4. Ante el tenor de la crítica reseñada en el apartado II.3. es menester recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas a la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas, pues tales alegaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; L. 120.753, "Lovera, sent. de 30-12-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los planteos abordados en los puntos III.2. y III.4, declarar que se los desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:03:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:15:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:36:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:30:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:45:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:35:20 hs. bajo el número RR-922-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia