Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El tribunal de trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente -por mayoría- a la demanda deducida por el señor Mauro Néstor Bravo y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el adicional previsto por el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo con motivo del accidente de trabajo sufrido (v. pronunciamiento de fecha 26-IV-2024).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad física que lo invalida en un 34,97% del índice de la total obrera.
Luego, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 y dispuso su aplicación. Asimismo, advirtió que no resultaban aplicables las resoluciones 1.039/2019 y 331/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación porque van en desmedro de la norma que pretenden reglamentar.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-V-2024), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 27-V-2024).
II.1. Se agravia por la aplicación del citado decreto. Cuestiona que el tribunal haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Manifiesta que lo argumentado por el tribunal de origen no es suficiente para considerarla constitucionalmente válida si no puede superar el test de razonabilidad.
II.2. Cuestiona, a su vez, la forma en que el órgano de grado aplicó los intereses.
Alega que, si bien respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí previstas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, cabe observar que la recurrente ha omitido cumplir con la carga de determinar la suma correspondiente al valor de lo cuestionado que, al cabo, se encuentra representada por las eventuales diferencias que existirían entre las cuantías de condena calculadas en el fallo de origen y las que pretendería al respecto la quejosa, según lo que argumenta en su impugnación (causas L. 128.623, "López", resol. de 10-XI-2022; L. 130.777, "Gallardo", resol. de 23-XI-2023 y L. 131.004, "Dorronzoro", resol. de 26-II-2024; e.o.).
Resultando entonces que la impugnante no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 aplicable a la fecha de la articulación del recurso extraordinario.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023; L. 130.858, "Domínguez", resol. de 1-XI-2023 y L. 130.280, "Falco", sent. de 20-IX-2024; e.o.).
III.2. Sentado ello, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, lo cierto es que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), de modo que ese aspecto del fallo debe modificarse.
III.3. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, deviene inoficioso el abordaje del restante agravio traído. Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibáñez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:04:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:15:56 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:36:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:30:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:45:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:35:21 hs. bajo el número RR-924-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia