Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131863
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los planteos abordados en los puntos III.2. y III.4, declarar que se los desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El tribunal de trabajo n° 3 del Departamento Judicial San Nicolás hizo lugar a la demanda promovida por la señora Pabla Lucía Paredes y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere sufrido (v. vered. y sent. de fecha 29-XI-2023).
En lo que interesa destacar -por ser materia de agravio-, calculó el ingreso base mensual según las disposiciones previstas por el art. 12 de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348. Para así decidir, se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto 669/2019, tanto en su aspecto formal como material, por ser contrario a los principios generales del derecho, a los específicos del derecho laboral y a los de irretroactividad, legalidad, división de poderes y progresividad, entre otros.
II. Frente lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 19-XII-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 27-XII-2023).
II.1. En primer término, objeta el monto de condena. Alega que el juzgador de grado incurrió en un error al manifestar que la toma de conocimiento de la incapacidad ocurrió el 21 de enero de 2010, por cuanto el accidente de trabajo tuvo lugar el día 21 de enero de 2020. Expresa que, de entenderse que se trató de un error involuntario en la consignación de la fecha, igualmente la resolución es absurda en cuanto juzgó que la suma reconocida en el fallo -en concepto de prestación dineraria por incapacidad- superaba el piso legal que indicó. Señala que dicho razonamiento es incorrecto porque si se calcula la prestación a la fecha de la sentencia entonces correspondía cotejarla con el piso prestacional vigente a ese momento y no uno anterior.
II.2. Luego, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 porque considera que los fundamentos que expuso el juzgador de grado son desacertados para arribar a esa definición.
II.3. Denuncia, además, la omisión por parte del tribunal de grado respecto al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 23.928, y de la aplicación al caso de las disposiciones del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.4. Por último, controvierte la validez constitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, alegando que las limitaciones cuantitativas que dicha norma impone para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley vulneran las garantías previstas en los arts. 16, 18 y 31 de la Constitución nacional, al impedirle defenderse en juicio, revisar una cuestión federal y acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de su interposición, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado -decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la interesada-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023; e.o.).
Ahora bien, teniendo en cuenta esa circunstancia y la tacha de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial efectuada por la recurrente, corresponde señalar que, con arreglo a reiterada doctrina, las limitaciones establecidas por el mentado precepto legal -para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley- no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a la Suprema Corte con las restricciones que las leyes de procedimiento establecen y su limitación, por la norma citada, es compatible con dicho precepto constitucional provincial pues no veda la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 131.846, "Portillo", resol. de 27-IX-2024; L. 131.709, "Bonfanti", resol de 15-X-2024 y L. 132.256, "Díaz González", resol. de 27-III-2025; e.o.).
Aclarado ello, es oportuno recordar que en las condiciones señaladas la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.890, "Otero", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
III.2. En el estricto marco de análisis referido, corresponde desestimar por inadmisible el primer agravio que trae la recurrente en torno al monto de condena y al modo en que el juzgador lo estableció.
En efecto, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, pues aun cuando la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -tales como son las vinculadas a determinar la fecha de la primera manifestación invalidante o la toma de conocimiento de la incapacidad por parte del trabajador-, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.381, "Ordas", resol. de 24-X-2023; L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025); en rigor, en esta parcela del recurso no ha cumplido con la necesaria exigencia de denunciar la doctrina legal que considera violada (causas L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023 y L. 130.533, "Colón", sent. de 16-XII-2024, e.o.).
III.3. Por otra parte, sin perjuicio del valor de lo cuestionado, el reproche dirigido a impugnar la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4. Finalmente, ante el tenor de la crítica reseñada en el apartado II.3. es menester recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas a la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas, pues tales alegaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023 y L. 120.753, "Lovera, sent. de 30-XII-2024; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los planteos abordados en los puntos III.2. y III.4, declarar que se los desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:27:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 12:33:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:33:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:36:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:49:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:38:16 hs. bajo el número RR-972-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia