Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123533
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.533, "Leguero, Gustavo Marcelo contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Violini .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, declaró procedente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 15-VII-2022).
Se interpusieron, por la parte actora y por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 22-VIII-2022 y 29-VIII-2022, pto. VII; respectivamente), habiendo deducido esta última, además, recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 29-VIII-2022, pto. VI).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 10-X-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el deducido por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Remontándonos al primer pronunciamiento de mérito del órgano de grado (veredicto y sentencia del mes de diciembre de 2018), ocupa memorar que contra este —favorable al reclamo de autos— la parte demandada dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Asimismo, que en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte al brindar tratamiento a dicho medio de impugnación el día 30 de agosto de 2021, el tribunal de origen —con nueva integración— declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 27.348 (v. sent. de 16-XII-2021). Posteriormente, y ante la revocatoria planteada por la parte demandada oponiéndose a la liquidación realizada en la instancia (v. presentación electrónica de fecha 12-V-2022), el a quo emitió otro pronunciamiento en el que resolvió hacer lugar a la demanda y condenar a la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma dineraria que determinó en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados del infortunio sufrido por el actor el día 18 de noviembre de 2014 (v. sent. de 15-VII-2022).
II. En su recurso extraordinario de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 29-VIII-2022) la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial, sostiene que el tribunal de trabajo no resulta competente para dictar el nuevo pronunciamiento, toda vez que al practicar liquidación y conferir el respectivo traslado se desprendió de su jurisdicción.
Alega, además, bajo la causal de falta de acuerdo y voto individual, que la decisión atacada carece del dictado del veredicto previo y necesario para establecer la plataforma fáctica sobre la que la actual composición del órgano colegiado debía subsumir la aplicación del derecho.
Señala que tales vicios descalifican la sentencia como acto jurisdiccional válido.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Suprema Corte que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 130.504, "Basterrechea", sent. de 20-XI-2024 y L. 130.490, "Van Pamellen", sent. de 24-II-2025; e.o.).
III.2. Los agravios que porta la crítica no pueden tener favorable recepción, en tanto no evidencia el interesado que puedan subsumirse en alguna de las hipótesis invalidantes señaladas.
Dejando de lado la palmaria ajenidad del primer agravio respecto del ámbito propio del medio de impugnación en análisis, tal como se adelantó, tampoco puede progresar el restante cuestionamiento, a pesar de hallarse construido sobre la denunciada falta de acuerdo y voto individual y estar rodeado de un mayor despliegue argumental.
En el segmento inaugural de la decisión cuestionada, los señores jueces de grado valoraron los distintos acontecimientos que se sucedieron en el proceso, así, previo a ingresar de lleno a resolver la cuestión abordada, interpretaron los alcances del fallo dictado por esta Suprema Corte, y pusieron de relieve que, con posterioridad, ya en la instancia, hubo de declararse la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. En ese contexto, concluyeron que debían resolver sobre la procedencia de la acción vinculada con el pago de la indemnización integral de los daños y perjuicios padecidos por el actor derivados del accidente de trabajo sufrido, y que fuera tenido por acreditado en el veredicto —remarcó: firme— dictado en el mes de diciembre de 2018, y al que en reiterados pasajes de su sentencia remitió.
Se sigue de lo anterior que el tribunal de origen brindó explícitas razones que —en su criterio— justificaban que sólo debiera dictar una sentencia, pues a su entender el tema a abordar en ese estadio de la causa era una cuestión de derecho, y años antes ya el litigio contaba con un veredicto.
Siendo ello así, la discusión relativa al acierto o error del razonamiento seguido por el sentenciante de origen, importa la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril de nulidad intentado (causas L. 126.354, "Novoa", resol. de 26-V-2021; L. 120.987, "D' Agostino", resol. de 11-II-2022 y L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
IV. Conforme lo afirmado, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la Fiscalía de Estado provincial denuncia absurdo, la transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1, 2, 3, 7, 765, 768, 772, 1.737, 1.741 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación; 168 y 383 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d", "e" y "f", 47, 48 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Alega que el tribunal de grado ignoró el principio de preclusión procesal, toda vez que dictó el fallo en crisis luego de practicar liquidación y conferir el traslado de esta, excediendo los límites de su competencia.
Sostiene que el órgano jurisdiccional tampoco analizó ni resolvió sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos en fecha 23 de mayo de 2022, ni respecto de la procedencia de la revocatoria también deducida contra la liquidación practicada.
Refiere que los nuevos jueces que integraron el tribunal incurrieron en absurdo, pues soslayaron emitir el correspondiente veredicto so pretexto de la firmeza adquirida por aquel que conformó el anterior pronunciamiento. Manifiesta aquí que el veredicto y la sentencia resulta un único e inescindible acto procesal que debe ser realizado por los mismos jueces integrantes del tribunal de trabajo.
I.2.a. Luego de hacer una breve mención referida a las deudas de valor, con apoyo en doctrina legal, se agravia de la indemnización reconocida al actor, ya que afirma que para su determinación el tribunal acudió al Código Civil de Vélez Sarsfield, transgrediendo de este modo las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación que debió aplicar, y dejando al pronunciamiento huérfano de sustento normativo.
I.2.b. Bajo la denuncia de absurdo, impugna la cuantificación efectuada por el sentenciante del daño patrimonial. Afirma que el a quo ceñido a la fórmula que utilizó, ignoró las concretas circunstancias del actor.
I.3. Finalmente, expresa que, al aplicar una tasa pasiva de interés a una obligación de valor, el juzgador de grado violó la doctrina legal que cita.
II. El recurso no prospera.
II.1. El agravio inicial es ineficaz, en tanto bajo diversas objeciones remite mayormente al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado del pronunciamiento y ajenas al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 123.271, "Arguello", sent. de 6-XII-2021; L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022 y L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023).
A todo evento, dable es señalar que no repara el quejoso en que, indudablemente, el dictado de la sentencia motivo de impugnación en esta sede ha sido motorizado por el propio planteo que llevó la accionada a la instancia en su revocatoria del día 12 de mayo de 2022, donde evidenciando una conducta muy distinta a la que muestra el agravio, objetó la liquidación allí realizada manifestando que la causa carecía de un pronunciamiento que estableciera su responsabilidad civil, "premisa ineludible" —se dijo allí— para estimar y cuantificar los daños. En fin, en aquella ocasión, la demandada tajantemente peticionó el dictado de una sentencia, cuando ahora, habiendo obtenido esa decisión judicial, pretende edificar su recurso aferrándose al principio de preclusión, algo que refuerza entonces la falta de aptitud de la impugnación.
Asimismo, huelga destacar que en lo tocante a los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos en fecha 23 de mayo de 2022 y en torno a los cuales el impugnante elabora a su vez parte de su crítica, el análisis de admisibilidad pertinente ha sido declarado abstracto por el tribunal de trabajo mediante resolución del día 16 de junio de 2023, decisión que no mereció en dicha oportunidad reproche alguno por parte de la interesada, permaneciendo firme. Y aun cuando algo se ha dicho al respecto, ya en lo referido a la revocatoria deducida el 12 de mayo de 2022 , ante la sentencia de condena resuelta el día 15 de julio de 2022 y motivo de impugnación, no explica el recurrente su interés en traer un agravio sobre el punto.
Por otro lado, las expresiones del interesado referidas al veredicto dictado por otros jueces, tampoco modifican la suerte adversa de la impugnación, toda vez que no cuenta con argumentos válidos que aniden en los particulares ingredientes que ha tenido la tramitación de la causa, fundamentalmente, en los términos que surgen de la sentencia dictada por esta Corte en fecha 30 de agosto de 2021 y la ponderación que de ellos contiene la decisión recurrida.
II.2. No es de recibo la crítica que sostiene que el fallo carece de sustento normativo por no haberse aplicado al caso el Código Civil y Comercial de la Nación
Es que, conforme lo tiene dicho esta Corte, dada la fecha en que acaeció el suceso que motivó el reclamo del actor (18 de noviembre de 2014), son aplicables en autos las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield y no las del actual Código Civil y Comercial (conf. art. 7 de este último ordenamiento; causas C. 121.244, "Casanova", sent. de 6-XII-2017 y L. 120.435, "Francia", sent. de 13-XI-2019).
A mayor abundamiento, la doctrina que se denuncia como vulnerada en esta parcela del recurso, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento.
II.3. La objeción por la que se cuestiona la cuantificación del monto del resarcimiento que realizó el tribunal laboral en concepto de reparación integral tampoco puede tener favorable recepción.
II.3.a. Tiene dicho este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama la reparación de los daños derivados de un infortunio laboral con fundamento en el derecho común, constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y ajena —en principio— al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022; L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025; e.o.). Análogos señalamientos ha trazado en lo vinculado con la elección por parte de los magistrados de grado de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios (causas L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023 y L. 130.975, "Barral", sent. de 8-VII-2025; e.o.).
II.3.b. Bajo esas directrices, la impugnación luce insuficiente, pues en ella no se logra evidenciar el mentado vicio invalidante.
El interesado no ha aportado ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 121.155, "Santone", sent. de 14-V-2020; L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021 y L. 126.869, "E., M. E.", sent. de 16-XII-2024; e.o.). Emerge del discurso del impugnante, la intención de oponer a las conclusiones arribadas por el juzgador su propia interpretación sobre los hechos y los elementos de juicio que individualiza, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal, no constituyen una vía eficaz con el objeto de demostrar el absurdo (causas L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 129.976, "Balutt", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
II.4. No ha de progresar el embate por el que se refuta la tasa de interés aplicada al capital de condena.
Es que lo argumentado por el recurrente parte de considerar que la indemnización reconocida en la sentencia reviste la naturaleza de una deuda de valor, cuando tal estimación no ha sido efectuada por el juzgador de grado en la decisión atacada.
En tales condiciones, no resulta idónea la cita de la doctrina legal que se reputa violada, pues lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021 y L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
Denunciando aquel grave vicio y la trasgresión de la cosa juzgada, afirma que en la sentencia recurrida el tribunal de trabajo fijó el nuevo monto del resarcimiento modificando el porcentaje de incapacidad establecido en el veredicto de fecha 20 de diciembre de 2018, que se encontraba firme. También se queja de la determinación de la reparación por daño moral.
Peticiona que se determine una indemnización justa y que, además, por aplicación del principio de progresividad, los montos sean "actualizados" a tasa activa.
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Acierta el recurrente en cuanto alega que el tribunal de grado incurrió en un grave yerro al resolver nuevamente sobre el porcentaje de incapacidad que porta el actor.
Como se narró al dar respuesta a la primera cuestión planteada en este acuerdo, ante la sentencia dictada por esta Corte en fecha 30 de agosto de 2021, y habiéndose declarado en la instancia de grado la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en el pronunciamiento que es motivo de impugnación el tribunal de origen expresamente afirmó que correspondía expedirse sobre una única cuestión de derecho, vinculada con la procedencia de la acción entablada por el promotor del pleito en procura del pago de una indemnización por los daños y perjuicios provocados por el accidente de trabajo sufrido y que fuera tenido por acreditado en el veredicto "firme" dictado en el mes de diciembre de 2018.
Al puntualizar los hechos que habían quedado probados en autos, en lo que interesa, el a quo dijo que quienes habían intervenido en el dictado del mencionado veredicto habían determinado que la incapacidad que presenta el actor es "…permanente total del orden del 78,7% desglosada de la siguiente manera: incapacidad física 30%, incapacidad psíquica 30% más los factores de ponderación del decreto 659/96 reglamentario de la LRT (dificultad para la tarea 12%, necesidad de recalificación 6% y edad 0,70% respectivamente)". Seguidamente, indicó que los "factores de ponderación" resultaban aplicables exclusivamente en acciones fundadas en la Ley de Riesgos del Trabajo y no en reclamos como el de autos en que se persigue una reparación con sustento en el derecho común, por lo que la incapacidad a tener en cuenta no podía contemplarlos, fue así que determinó que la minusvalía que aqueja al trabajador es del 60% de la total obrera (30% física y 30% psicológica).
En definitiva, y más allá de que no surge del veredicto dictado en autos en aquella anterior oportunidad que los jueces allí votantes hubiesen aplicado el referido decreto 659/96 (aun cuando eventualmente pudieron considerar útiles algunas de sus pautas), puede advertirse que en el pronunciamiento aquí recurrido el tribunal de origen modificó un aspecto de aquella decisión sobre los hechos que había arribado firme, incluso, en el criterio del propio órgano jurisdiccional. Aquí radica el absurdo denunciado.
Entonces, cabe acoger el recurso deducido en este punto y revocar lo juzgado en la sentencia impugnada en lo vinculado con el porcentaje de incapacidad del trabajador. Los autos deberán regresar a la instancia para que conforme lo aquí dicho se cuantifique nuevamente la indemnización por daños y perjuicios, incluyendo la reparación del perjuicio moral que el a quo vinculó con la incapacidad del actor.
II.2. En otro orden, cabe señalar que la petición para que "los montos sean actualizados a tasa activa" luce infructuosa, desde que no se encuentra fundada en normas o doctrina legal alguna que permita satisfacer los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
A todo evento, lo decidido por el tribunal de grado en materia de tasa de interés aplicable, encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte (causas L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016 y L. 120.356, "Herrera González", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III. A tenor de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso traído, con el alcance delineado en el apartado II.1. del presente. Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador G
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