Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130890
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.890, "Soriano, Mario César contra Recari Raúl y otros. Accidente de trabajo-Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 12-V-2023).
Se interpuso, por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Mario César Soriano y condenó solidariamente a la señora Nora Rodríguez y los señores Raúl Recari y Mariano Recari, y a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al pago de una reparación integral por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad de origen laboral determinada.
Para así decidir, en lo que resulta relevante, juzgó acreditado que el actor trabajó en relación de dependencia para las personas físicas mencionadas en la categoría de Oficial Maestro Panadero dentro del convenio colectivo de trabajo 231/94; que —entre otras actividades— manipulaba y trasladaba insumos cuyo peso variaba entre veinticinco y ochenta kilogramos; y que como consecuencia de las labores es portador de cervicobraquialgia que lo incapacita laboralmente en un 10,9% de la total obrera, incluidos los factores de ponderación.
En ese contexto, entendió que la tarea desempeñada era riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil velezano y consideró configurada la responsabilidad objetiva de los empleadores en los términos de la citada normativa (v. sent., págs. 5/6).
Luego, atendiendo al planteo de inconstitucionalidad efectuado en autos del primitivo art. 39 de la ley 24.557 cuantificó la prestación dineraria que percibiría el actor conforme los arts. 12 y 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, no obstante —dijo— para no efectuar una "comparación desajustada" con las sumas que arrojaría la reparación extrasistémica, aclaró allí que a los fines de determinar el ingreso base tuvo en cuenta las sumas devengadas para la categoría del actor durante el año anterior al dictado de la sentencia. Seguidamente, efectuó el cálculo del resarcimiento del daño material de conformidad con el derecho común, y con apoyo en lo decidido por este Tribunal en los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018); destacó la necesidad de considerar a tales fines valores actuales, así, el salario vigente al mes de marzo de 2023 para la categoría convencional del demandante, al que adicionó la suma equivalente a un 36,5% a tenor de lo abonado fuera de toda registración por los empleadores, y la incidencia del sueldo anual complementario. A partir del cotejo de los importes obtenidos en concepto de las distintas reparaciones declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39 de la ley, además, cuantificó el resarcimiento por daño moral con sustento en el art. 1.078 del Código Civil citado.
En orden a la responsabilidad de la aseguradora demandada, con fundamento en lo resuelto por la Corte federal en el caso "Torrillo" (sent. de 31-III-2009) y por este Tribunal en la causa L. 101.137, "Brest", (sent. de 14-VI-2010), juzgó que no habiéndose probado que aquella hubiera cumplido con los deberes y obligaciones que le imponen los arts. 4 y 31 inc. 1 de la ley 24.557 y 18 y 19 del decreto 170/96, se configuraba una omisión encuadrable en el art. 1.074 del Código Civil y por ello la firma aseguradora debía responder solidariamente con el empleador.
Ya en cuanto a los intereses moratorios, al haberse establecido a valores actuales el capital de condena, juzgó que debía aplicarse un interés a una tasa pura del 6% anual, desde el infortunio hasta el dictado de la sentencia. Citó en su apoyo la causa C. 123.367, "Sandobal" (sent. de 21-X-2020), entre otros precedentes de esta Corte
II. La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 36, 75 incs. 19 y 108 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3 y 57 de la Constitución provincial; 1 inc. 1, 4, 5, 11, 24 y 29 apartado "a" del Pacto de San José de Costa Rica; 512, 519, 520, 901, 902, 903, 904, 1.113 y 1.074 del Código Civil —ley 340—; 1, 4 apartado 1, 12 y 31 apartado 1 de la ley 24.557; 37 y 44 de la ley 11.653 y 163, 165, 375, 384, 457, 472 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Afirma que el juzgador valoró absurdamente la prueba pericial médica y sin fundamento científico, determinó en el actor una incapacidad del 9% de la total obrera por una patología cervical atribuible al trabajo, con más factores de ponderación.
Aduce que el sentenciante descalificó arbitrariamente el informe presentado por el médico traumatólogo Bardon, quien indicó que la dolencia que padece el demandante es ajena a sus labores por tratarse de una enfermedad crónica, degenerativa e inculpable; y que el supuesto hecho súbito —"tirón en la espalda"— denunciado no podía generar incapacidad. Además, interpreta que las afirmaciones científicas de dicho perito, fueron admitidas por el otro especialista interviniente, el médico laboralista Burón.
Postula que es ajeno al correcto raciocinio desvalorizar una pericia de la calidad de la vertida por el experto nombrado en primer término, con base en la elaborada por el segundo, en su criterio, de inferior calidad científica y que —además— tampoco corrobora lo afirmado en la sentencia, desde que —indica— el médico Burón se limitó referir que la afección cervical del actor "podría" ser compatible con el accidente descripto en la litis, sin formular otro aditamento ni especificación.
II.2. Por otro lado, se agravia de la atribución de responsabilidad solidaria a la aseguradora demandada, pues sostiene que no se configuró en la especie la relación de causalidad adecuada, por resultar la dolencia del actor de naturaleza inculpable.
II.3. Mediante denuncia de absurdo, sostiene que el a quo calculó las sumas de condena en base a una fórmula y salarios diferentes a los peticionados en el escrito de demanda, vulnerando de este modo el principio de congruencia y los derechos de propiedad y defensa en juicio. Recalca que así, se arribó a un resultado superior al solicitado por la parte actora, generando una doble indexación ilegítima y desproporcionada que contribuye a obtener un monto irrazonable.
Adicionalmente, argumenta que la remuneración tomada a tales fines por el sentenciante de grado vulnera lo decidido por esta Suprema Corte en la causa que identifica como "Aguiar", en la cual —dice— se tuvo en cuenta como referencia el salario mínimo vital y móvil al momento del dictado del fallo, cuando aquí, en cambio, se aplicó la remuneración correspondiente a la categoría del trabajador, que lo triplica.
También objeta que se haya aplicado a la fórmula un interés del 4%, cuando lo correcto —afirma— sería fijar un 6% anual.
Asimismo, alega que el tribunal de grado al cotejar los diversos regímenes de reparación, adoptó valores correspondientes a épocas marcadamente diversas. Advierte que, en el caso de la reparación civil, fue calculada a "valores actuales" a la fecha de la sentencia; y que el confronte de los montos utilizados en cada uno de los sistemas —con una diferencia de más de una década— evidencia la heterogeneidad o disparidad de los criterios ponderados, lo cual impide concluir sobre la insuficiencia de la primera.
II.4. Luego de reiterar que las sumas resarcitorias fijadas en el pronunciamiento son irrazonables, arguye que no existe base legal para determinar en una demanda civil la solidaridad de dos partes con responsabilidades distintas, fundadas en distintas fuentes legales. Argumenta que el monto valuado en el 36,5% del importe mensual, nunca podría incrementar la suma a pagar por la aseguradora, por cuanto las sumas "en negro" y su incidencia sobre el monto indemnizatorio deben ser afrontadas por la empleadora pues la firma aseguradora no tiene elementos para hacer un control de la registración laboral.
En esta parcela, sin perjuicio de lo dicho, agrega que para evaluar el resarcimiento determinado por el sentenciante no se ha reparado en las circunstancias personales del trabajador, la gravedad de las secuelas y los efectos que estas pueden tener en el vínculo laboral.
II.5. Afirma que el monto al que se arribó en el pronunciamiento en concepto de daño moral es arbitrario e infundado, toda vez que para su cuantificación el tribunal de grado no refirió pauta alguna.
II.6. Finalmente, solicita la aplicación de costas a la actora y por aplicación del art. 1.255 Código Civil y Comercial se reduzcan a montos razonables, como así también los honorarios al mínimo legal.
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones de método, en su abordaje, habré de apartarme del orden en que han sido propuestos los cuestionamientos que contiene el recurso.
III.1. No es de recibo el agravio emparentado con la valoración de la prueba pericial médica.
III.1.a. Tiene dicho este Tribunal que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la debida denuncia y acreditación en el caso de absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024). Similares consideraciones han brindado en lo tocante a la labor referida a la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral (causas L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023).
III.1.b. Bajo tales directrices, el cuestionamiento es insuficiente, desde que el interesado no logra acreditar la configuración del referido vicio axiológico.
En el veredicto, el órgano judicial de grado examinó minuciosamente los informes periciales médicos elaborados por los distintos especialistas intervinientes, concluyendo que el actor padece una patología cervical vinculada causalmente con las tareas desarrolladas, que lo incapacita en un 10,9% de la total obrera. En dicha labor, desplegó ciertas objeciones contra el dictamen presentado por el médico traumatólogo Bardon, anidadas en lo genérico del informe y en la ausencia de abordaje de cuestiones trascendentales, que a su juicio lo descalificaba como "prueba"; contrariamente, basó sus conclusiones en el dictamen presentado por el médico laboralista Burón, que —resaltó— en lo tocante a la dolencia cervical no había sido impugnado por las partes.
El impugnante, partiendo de su subjetiva opinión —incluso clasificando, según su propia visión del asunto, por su mayor o menor calidad científica a los dictámenes—, se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle a los jueces de grado el ejercicio de las facultades que —por regla— le resultan privativas. En rigor, la crítica refleja el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba pericial según su personal criterio valorativo, algo que configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015 y L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021).
Para más, dable es recordar que esta anomalía sentencial no se configura aun cuando el criterio del juzgador pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias del expediente (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023), supuesto que no se verifica en la especie.
III.2.a. Conforme a lo anterior, firme entonces aquella definición plasmada en el fallo relativa a la patología cervical que padece el dependiente, su incapacidad y su vinculación con el trabajo, resulta improcedente el embate tendiente a cuestionar la condena solidaria impuesta a la aseguradora con aquel argumento situado en la pretendida naturaleza inculpable de la dolencia que sufre el actor.
III.2.b. Y si bien en otro segmento del recurso el impugnante vuelve a objetar la responsabilidad endilgada a la firma aseguradora, dable es advertir que no controvierte idóneamente los fundamentos blandidos por el tribunal al juzgar en el punto, asentados en lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Torrillo" y por esta Suprema Corte en la causa L. 101.137, "Brest" (sent. de 14-VI-2010), ello, ante la falta de prueba en orden al cumplimiento de los deberes y obligaciones que el sistema de riesgos del trabajo coloca en cabeza de las aseguradoras, elementos —todos— que lo condujeron a condenar solidariamente a la demandada hoy recurrente en los términos del art. 1.074 del Código Civil.
Dable es reiterar, que es un requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación mediante una impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que esta se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.690, "Fate SAICI", sent. de 26-VI-2022 y L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022). Claro que esta última falencia es la que concurre en la especie.
III.2.c. Lo expuesto sella la suerte adversa del ataque intentado sobre aquel esencial tramo de la sentencia en la que se juzgó la responsabilidad solidaria de la aseguradora.
III.3. Tampoco ha de progresar el reproche dirigido a cuestionar el monto que fijó el tribunal de la instancia en concepto de resarcimiento del daño material.
III.3.a. Es sabido que la determinación del quantum reparatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común también constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y exenta de revisión en la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo o la violación de las normas que regulan la reparación integral del daño civil (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.236, "C., D. G.", sent. de 4-IX-2019; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024). Y asimismo ha señalado esta Corte que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas para establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo y que en tal supuesto la configuración de un posible proceder absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020 y L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023).
En la especie el interesado no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines de demostrar el absurdo (causas L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerense y otros", sent. de 29-VI-2020; L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021 y L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023), cuando a su vez, no evidencia infracción normativa alguna ni violación de la doctrina legal.
Siempre en lo tocante a la fórmula empleada por el a quo para construir el monto indemnizatorio, y en relación con lo advertido en la parte final del párrafo que antecede, puede observarse que si con su imprecisa cita el recurrente ha querido referirse a la causa L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020), la lectura que realiza de dicho precedente no es acertada, pues en aquella ocasión este Tribunal no dispuso —como erróneamente entiende el quejoso— que la cuantificación de la indemnización se realice conforme el salario mínimo vital y móvil al momento del dictado del fallo, sino que ordenó una nueva determinación de las sumas resarcitorias con arreglo a las pautas propias de las deudas de valor.
Otra muestra más de la insuficiencia de la crítica es aquello vinculado con el interés empleado por el juzgador de la instancia en la fórmula resarcitoria, punto en el cual el impugnante sólo plantea que es correcto el índice o porcentaje que él propone y no aquel contemplado en el fallo.
Desde otro costado, en lo concerniente al embate que recae sobre el cotejo de los importes de los distintos sistemas reparatorios realizados por el tribunal, concretamente, en lo relativo con las remuneraciones consideradas, no se evidencia conexión alguna con la posición de la aseguradora en el pleito, donde ha sido condenada a abonar una indemnización integral con fundamento en el derecho civil en un razonamiento afincado no en aquel cotejo, sino en las consecuencias de haber incumplido con los deberes de previsión y control que le impone el régimen legal. Luego, no demuestra en sus expresiones la presencia de un interés para objetar ese segmento del fallo (causas L. 118.085, "Frías", resol. de 3-XII-2014; L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
III.3.b. De suyo, que, en lo concerniente a la denuncia de infracción del principio de congruencia, basta para su desestimación reiterar que la transgresión de dicho postulado no se configura cuando el tribunal del trabajo en ejercicio de facultades que le son propias, se aparta del método o los montos propiciados al actor para la determinación de la reparación por un infortunio del trabajo reclamado por las normas del derecho civil (causas L. 50.674, "Salvatierra", sent. de 24-XI-1992; L. 119.059, "M., M. I.", sent. de 18-IV-2018 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020).
III.4. La crítica ligada a la indemnización fijada en el pronunciamiento recurrido en concepto de daño moral es inatendible.
Es que el impugnante no satisface la inexcusable carga de invocar la configuración del vicio de absurdo en este punto, único y excepcional supuesto en el cual correspondería a este Tribunal abordar la revisión de lo decidido (conf. causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 111.621, "Delia", sent. de 30-IX-2014 y L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024).
III.5. En lo tocante a la distribución de las costas, así como la cuantía de los honorarios, el planteo expuesto por el interesado es en verdad una mera petición que carece de un adecuado desarrollo y que así no cumple con los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para transitar la instancia de casación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la n
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