Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134584
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, en el marco de la acción promovida por el señor Marcos Gabriel Hernán Magallanes contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 20-XII-2024).
Para así decidir, valoró los dichos vertidos por las partes en los escritos constitutivos del proceso, así como las pruebas agregadas a la causa y tuvo por acreditado que no había sido cuestionado en autos que el trabajador dio cumplimiento con la instancia administrativa previa y obligatoria establecida por el Título I de la ley 27.348, en la que se determinó que este último era portador de una incapacidad permanente parcial y definitiva del seis con noventa y ocho por ciento -6.98%-, habiéndose arribado a un acuerdo homologado por el Servicio de Homologación, percibiendo el actor la suma de tres millones ciento cincuenta y tres mil veintisiete pesos con cuarenta y nueve centavos -$ 3.153.027,49- en concepto de prestaciones dinerarias.
Luego, con sustento en las normas y la doctrina legal que citó, y lo dispuesto por la cláusula quinta de la disposición de alcance particular obrante en el expediente administrativo n° 440.376/23, juzgó que lo acordado y homologado en sede administrativa no alcanzaba a las prestaciones en especie aquí reclamadas.
Por ello, sostuvo que en el caso no se encontraban acreditados los extremos requeridos para declarar la cosa juzgada administrativa, toda vez que no se configuraba la identidad de objeto y causa al diferir la contingencia denunciada ante la Comisión Médica interviniente y la que motiva la pretensión en las presentes actuaciones.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-II-2025), concedido por el órgano de grado el 17 de febrero de 2025.
Sostiene que la acción intentada debe rechazarse por cuanto las partes celebraron un acuerdo en la instancia administrativa, siendo homologado por el Titular del Servicio de Homologación, el que adquirió autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Invoca transgredido el principio de congruencia y la doctrina de los actos propios, y refiere que el actor intentó eludir los efectos de la cosa juzgada administrativa para obtener una reparación adicional por el mismo siniestro, reclamando prestaciones en especie y costos de traslado a centros de salud, internación y rehabilitación.
Por último, esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento administrativo previsto por el Título I de la ley 27.348 y la ley 14.997.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es, que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L.123.683, "Verón", sent. de 12-X-2023 y L. 130.878, "Araldi", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
III.2. En dicho contexto, corresponde destacar que el remedio extraordinario deducido denota una manifiesta insuficiencia, desde que la interesada omite denunciar como transgredidas la totalidad de las normas en las que el juzgador de grado sustentó el pronunciamiento (en particular, los arts. 1, 2 y 3 de la ley 27.348, art. 3 del Anexo I de la ley citada y art. 2 inc. "j" de la ley 15.057).
III.3. Idéntico déficit presenta la crítica en torno a la alegada transgresión del postulado de la congruencia, pues el interesado ha soslayado denunciar la violación de las normas rituales que lo receptan, así como también la concurrencia del vicio de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 127.797, "Llanos", sent. 14-XII-2023; L. 129.195, "R.E.H.", sent de 20-XI-2024 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025; e.o.),
Las señaladas deficiencias cobran insalvable relevancia en el caso y avizoran el rechazo de los agravios analizados, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; e.o.).
IV. Resta indicar, que devienen manifiestamente inconducentes las alegaciones vertidas por la recurrente dirigidas a censurar una supuesta declaración de inconstitucionalidad de las normas que estipulan el procedimiento administrativo previo y obligatorio ante las Comisiones Médicas, en tanto ello contrasta con lo actuado en el caso por el tribunal de grado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2025 15:00:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/09/2025 11:53:58 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:00:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:37:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 13:41:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/09/2025 14:56:14 hs. bajo el número RR-1022-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia