Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132592
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento. Respecto del agravio tratado en el punto III.1. declarar que se lo desestima por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por el señor Néstor Ricardo More y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 e indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió mientras prestaba tareas para su empleadora (v. pronunciamiento de 15-IV-2024).
Para así decidir, con sustento en el dictamen pericial médico producido y los estudios médicos acompañados, juzgó probado que el accionante era portador de una incapacidad psicofísica permanente y parcial del 16,95% de la total obrera.
En lo que resulta relevante, al definir las prestaciones que integraron la condena, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 articulado por ambas partes en sus respectivos escritos constitutivos de la litis y calculó el valor del ingreso base mensual según las pautas allí contenidas.
Por último, aplicó intereses moratorios sobre el capital de condena, desde la fecha de acaecimiento del infortunio hasta el dictado de la sentencia, a la tasa pura del seis por ciento -6%- anual. Además, precisó que a partir de que el pronunciamiento quedare firme, el interés se integrará al capital de condena y, desde la mora en el cumplimiento hasta su efectiva cancelación, devengará intereses a la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-V-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 8-V-2024).
II.1. En su presentación cuestiona, en primer lugar, que el tribunal de grado hubiera desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, según las modificaciones introducidas por el decreto 669/2019, plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
II.2. Por otro lado, bajo la denuncia de absurdo, se agravia de las conclusiones que estableció el juzgador sobre el grado de incapacidad física y psíquica que padece el accionante y su relación causal con el siniestro denunciado.
En sustancia, alega que no evaluó la historia clínica remitida por el Hospital Italiano de La Plata y que convalidó arbitrariamente la incapacidad psicológica determinada en un psicodiagnóstico particular carente de objetividad e imparcialidad.
II.3. Desde otroángulo, objeta la aplicación de intereses.
Aduce que, si bien respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver el tramo posterior (es decir, desde allí y hasta el momento del efectivo pago) ignoró las directivas establecidas en las citadas causas, imponiendo irregularmente a su parte cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
II.4. Finalmente impugna la regulación de honorarios efectuada en favor de uno de los letrados apoderados de la parte actora –el Dr. Puyol- por considerar que resulta desproporcionada a tenor de la intervención que tuvo el referido profesional en el proceso.
III. El recurso prospera parcialmente.
De modo liminar, por cuestiones de índole metodológico, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios que porta el recurso.
III.1. Tiene dicho esta Corte que evaluar el material probatorio y determinar la existencia de relación causal o concausal entre el hecho y el daño, así como establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los jueces que integran los tribunales de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 119.926, "Sívori", sent. de 10-IV-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 130.713, "Merino", resol. de 23-XI-2023; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020 y L. 130.143, "Mobilio", resol. de 12-IX-2023; e.o.).
En el caso, la crítica se estructura sobre la base de la distinta significación que la recurrente les atribuye a los elementos probatorios obrantes en la causa. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la prueba documental que identifica y al psicodiagnóstico adunado, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
En efecto, limitándose a señalar supuestas falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, pretende –en definitiva- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
III.2. En cambio, la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, deviene inoficioso el abordaje de los restantes agravios traídos, vinculados a la aplicación de intereses y a la regulación de honorarios. Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 103.904, "Ibáñez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento. Respecto del agravio tratado en el punto III.1. declarar que se lo desestima por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2025 09:57:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2025 14:59:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:00:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:36:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 13:40:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/09/2025 14:56:10 hs. bajo el número RR-1017-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia